González Laya

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado a declarar en calidad de investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya el próximo 4 de octubre, a las 13.00 horas, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, hecho que desató una crisis diplomática con Marruecos y la llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a RTVE, el magistrado ha dictado la providencia por la que acuerda la fecha del interrogatorio de la exministra. La citación tendrá lugar a raíz de la petición realizada el pasado 14 de septiembre por el abogado Juan Carlos Navarro, y a la que se adhirió la otra acusación, dirigida por Antonio Urdiales.

Está previsto que ese mismo día, a las 12:30 horas, declare en calidad de testigo el exsecretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino. Será el segundo cargo del departamento en responder a preguntas del juez instructor en el marco del procedimiento.

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Podría haber “coordinado” la entrada con otros ministerios

Hasta ahora, el magistrado ha escuchado al exjefe de gabinete de González Laya Camilo Villarino, quien ha comparecido en calidad de investigado bajo la representación legal de la Abogacía del Estado. En su declaración señaló a la exministra y a la que fuera directora del gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno como conocedoras de la entrada de Gali.

El magistrado ha acordado citar a comparecer como testigos a la exjefa de gabinete de Calvo y actual directora general de la Fábrica Nacional de Moneda, María Isabel Valldecabres, y a la directora del gabinete del ministro de Interior, Susana Crisóstomo. Ambas deberán responder ante el juez el próximo 18 de octubre.

La acusación particular de la causa ha defendido la tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó “con otros ministerios” la entrada del líder polisario a España. En concreto, ha señalado a la cartera de Interior, “habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Gali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales”, algo que ha desconocido en sede judicial el exjefe de gabinete de Exteriores.

“Salvo que la presencia de Gali en Logroño, el 18 de abril de 2021, no le hubiera sido puesta de manifiesto a la Policía Nacional por un acto de revelación extrasensorial, lo lógico y normal es que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de la operación”, ha indicado.

Interrogatorios e informes

La serie de testificales se suman a los informes que a lo largo de la investigación el juez ha reclamado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pese a que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional identificó cuatro documentos de identidad relativos a Gali que según concluye obtuvo “legalmente” y “sin que se aprecien indicios de fraude o engaño”, la Jefatura Superior de Policía de Navarra informó que el líder polisario salió del aeropuerto de Pamplona-Noain con destino a Argelia sin pasaporte ni documentación que acreditara su identidad.

Recientemente, y en el marco de las pesquisas, el instructor ordenó a la oficina Sirene España y a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad que informasen si cualquiera de los Estados miembros de la zona Schengen habían librado orden europea de detención o de “mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial” sobre Brahim Gali a la fecha en la que entró al territorio español.

Entrada y salida de Gali

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión medicalizado argelino a la Base Aérea de Zaragoza. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario para ser tratado por la COVID-19 severa bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

El 2 de junio salió del país desde Pamplona tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Según dijo Villarino el 13 de septiembre ante el juez Lasala, González Laya le pidió “máxima discreción”, ya que la divulgación pública del viaje podría causar un “perjuicio” a las relaciones internacionales del país.

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