Iberdrola

Iberdrola ha decidido paralizar nuevas inversiones en España por culpa del decretazo aprobado por el Gobierno. La eléctrica lleva una semana enviando cartas a algunos de sus proveedores en las que les informa de su decisión de revisar los proyectos afectados por el plan de choque de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La compañía ha explicado a su cadena de proveedores que, por el momento, “ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España, hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de la viabilidad económica de dichos proyectos”.

Esta medida, anunciada por la Dirección de Compras y Seguros, no afectará, eso sí, a aquellas instalaciones que ya están en construcción o acogidas a un marco retributivo, ya que en este caso no les afectan los recortes aprobados.

Publicidad

La situación es en estos momentos de máxima tensión entre el Gobierno y las compañías eléctricas. La fuerte subida de los precios del gas en los mercados internacionales y los precios del CO2 pueden hacer descarrilar toda la batería de medidas aprobada por el Ejecutivo para controlar el alza de precios de la electricidad en el mercado regulado.

Las empresas consideran que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son claramente intervencionistas, ya que pretende confiscar 2.600 millones de euros de sus ingresos, y, por lo tanto, son radicalmente opuestas a la normativa comunitaria. Por contra, la vicepresidenta insiste en que las medidas cumplen escrupulosamente la legislación nacional y comunitaria mientras las eléctricas preparan ya las armas para una larga batalla legal.

La situación de las renovables en España ha llegado incluso a provocar la protesta de la patronal eólica en Europa por la tasa que se incluye sobre los presuntos ingresos extra de los parques eólicos por la subida del gas.

Este argumento, indica la asociación, parte de la base de que los parques eólicos venden la electricidad a los precios actuales denominados spot en el mercado mayorista, pero, en la práctica, no lo hacen. Gran parte de lo que venden lo hacen a precios previamente acordados en contratos de duración determinada. Los parques eólicos -y las empresas eléctricas en general- se cubren contra los precios bajos y altos y renuncian a las ventajas si los precios al contado son altos.

Esta situación provocó que el Ministerio de Transición Ecológica publicara unaaclaración a la medida en su web en un texto sin rango legal y sin firma.

En dicha aclaración, el Ejecutivo excluye explícitamente a las instalaciones de las grandes eléctricas aunque tengan firmados PPA a precios inferiores. Por ese motivo, incluso desde Wind Europe se asegura que las inversiones en nuevos parques eólicos en España se enfrentarán ahora a unos ingresos más bajos y, lo que es peor, a una mayor incertidumbre, “dada la voluntad del Gobierno de intervenir en el mercado” y concluye que “la medida socava las perspectivas de nuevas inversiones en energía eólica y otras renovables en España”.