rescate de la UE a España

Pedro Sánchez ha aceptado ya “la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)”. El acuerdo de coalición, de hecho, establece la devolución de todo el poder a los sindicatos, lo que, de facto, elimina toda la flexibilidad laboral de las empresas. Pero el problema de Pedro Sánchez puede acabar de empezar en estos momentos.

Las conversaciones mantenidas en el seno de la UE han dejado claro ya que Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Eslovenia miran de reojo la derogación de la reforma laboral en España por el daño empresarial que puede provocar. Se trata de los mismos países que han puesto ya el grito en el cielo por el descontrol del déficit de Sánchez y el batacazo económico de la economía nacional en pleno rescate europeo. Y si alguno de ellos paraliza la concesión de dinero en el Consejo, España se puede quedar sin recibir el resto del rescate de los famosos 140.000 millones de euros.

«El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)», ha confirmado Moncloa en un comunicado tras la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este martes con las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz.

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Se trata de una salida en falso porque, lo cierto, es que el pacto de coalición con Podemos no se parece en nada al plan trasladado a Europa. Pero el comunicado sí ha incluido la palabra maldita: derogación. Y derogar es un término que pone los pelos de punta en la UE.

El bloque de los países frugales (Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia) hace tiempo que ha mostrado su postura en Europa. Estados miembros como Holanda, Austria, Suecia, Finlandia o Eslovenia han advertido de que España no despierta credibilidad en materia económica en estos momentos y que el uso de los fondos del rescate europeo no está avalado por los resultados obtenidos.

Escasa ayuda de Sánchez a las empresas

Lo cierto es que la escasa ayuda de Sánchez a las empresas en la era Covid y elaumento descontrolado del gasto público ha llevado a España a un duro callejón en el que el déficit se ha desbocado hasta los 123.000 millones de euros en 2020 y superará los 100.000 millones con casi total seguridad en 2021. Todo ello, con unos datos de avance del PIB intertrimestrales en el presente ejercicio de -0,6%, 1,1% y 2% en cada uno de los trimestres finalizados. Y, encima, con una inflación del 5,5%.

Por si fuera poco, ese resultado se ha obtenido con un saldo en ayuda europea hasta el pasado verano de 350.000 millones en la era covid en concepto de financiación entregada a los bancos por el BCE y en compra de deuda soberana.

Es más, la dependencia de la economía española de las ayudas europeas alcanza, sumando todos los conceptos, los 816.758 millones, un 73% de la riqueza generada por la economía nacional en 2020. Y eso, a ojos de los frugales, es excesivo. En medio de ello, llega el aviso de la derogación de la reforma laboral, una reforma que fue exigida por la UE como condición a cambio del rescate de España tras la crisis subprime.

Y es que el pacto entre Podemos y el PSOE, como ya ha publicado OKDIARIO, supone la devolución del poder a los sindicatos, justo lo contrario de lo que ha permitido crear empleo durante el periodo de vigencia de la reforma laboral de 2012.

Mecanismo de control 

No se trata del primer aviso de estos países. El encargado de dar la voz de alarma el pasado verano fue el primer ministro holandés, Mark Rütte. Él defendió un mecanismo de control de la utilización del fondo de rescate de la UE por parte de los países receptores y, en especial, de España. Y se le unieron de inmediato otros países. Naciones con un peso decisivo en las posiciones europeas.  Países como Alemania, Austria, Suecia, Finlandia y Eslovenia.

Todos ellos han debatido ya la conveniencia de aplicar un precepto del Reglamento de la UE 2021/241 del 12 de febrero de 2021, en el que se deja claro que la “liberación” de los fondos del rescate “depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia”.

La reforma de pensiones

Esta exigencia no depende del mero hecho de que los programas sean aprobados inicialmente, sino de que también lo sean en un examen final de cumplimiento de los objetivos prometidos. Y eso significa, por ejemplo, que si la reforma de las pensiones no rebaja el gasto y no hace posible el control de la deuda y el déficit anuales, las ayudas comunitarias pueden ser paralizadas. Y lo mismo pasa con la reforma laboral. El propio Rütte ha amenazado a España conno autorizar el pago de más fondos de la UE ligados al rescate por el Covid si la reforma de las pensiones no va por el camino y con el resultado esperado. Y, de nuevo, no se trata de un planteamiento aislado.

Pedro Sánchez ha prometido la llegada de un rescate europeo -lo ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado- que aún no ha cobrado. Se trata de los 140.000 millones de euros teóricamente asignados a España como fondos de rescate frente al Covid y que deben abonar los Estados miembros, si se cumplen determinadas condiciones. Sánchez negó la condicionalidad del fondo, que ya está totalmente confirmada. Pero es que ahora, además, Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Eslovenia, no se conforman con la aprobación de los planes y presupuestos reclamados a España. Y por ello, han recordado ya un artículo del Reglamento Europeo de febrero de 2021 para exigir un seguimiento detallado del uso y de la eficacia de las medidas puestas en marcha por cada país receptor de ayudas.
España se encuentra en el medio de esa diana. Uno, porque dos son los grandes países ayudados -España e Italia-; y dos, porque las reformas exigidas por la UE no parecen calar en el Gobierno socialcomunista.