Yolanda Díaz

Acuerdo sobre el acuerdo para derogar la reforma laboral. A esto se limita el resultado, si puede calificarse así, de la reunión que se celebró ayer en Moncloa para «clarificar» la posición del Gobierno sobre la nueva normativa que se quiere alumbrar. Pedro Sánchez sentó ayer a la mesa a las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, y a los ministerios de Hacienda, Seguridad Social, Educación y Política Territorial. No hay avances, solo la constatación y reafirmación sobre un punto de partida «común», antes de culminar la negociación con sindicatos y empresarios que, por otro lado, lleva abierta ya siete meses.

La pelota sigue rodando y el Ejecutivo, enredado en sus contradicciones, busca cómo conjugar los intereses de Podemos, sindicatos, empresarios y Comisión Europea, en un ejercicio de equilibrismo casi imposible. «El objetivo era fijar una posición única para avanzar con firmeza en la negociación», señalan fuentes gubernamentales a este diario. Todo, antes de entrar en los contenidos, sobre los que no se desliza concreción alguna.

La cita, que buscaba ajustar el marco en el que se desarrollarán las negociaciones con los agentes económicos y sociales, duró menos de una hora y se saldó con un armisticio que evite seguir ahondando en el desgaste que se estaban autoinfligiendo las dos patas de la coalición. Desde el Ejecutivo sostienen que hacía falta «pararse un instante» para «recomponer» y «poner en común» todas las opiniones, para «trazar bien la metodología de los trabajos y avanzar de manera más rigurosa en el marco del diálogo social». Este «rigor» se asienta en la necesidad de no claudicar en el objetivo de lograr un acuerdo global, que incluya también a la CEOE, y que obligó a intervenir al presidente del Gobierno, ante los indicios de que Yolanda Díaz flaqueaba en la concreta instrucción de hacer partícipes a los empresarios.

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«Estamos en la fase de coordinación, luego llegará la de la negociación y, posteriormente, la del acuerdo», relatan desde el Ejecutivo, ordenando las fases de unas conversaciones que había liderado hasta ahora en solitario el Ministerio de Trabajo. El reloj aprieta. El acuerdo debe estar cerrado antes de que acabe el año y en el Gobierno se dan por satisfechos con aprobar el decreto antes de esta fecha límite, aunque se convalide en el Congreso ya en 2022. Este será otro flanco de debate y negociación, porque los socios parlamentarios de la coalición piden para dar su apoyo compromisos más ambiciosos que los que están actualmente sobre la mesa.

Y es que lo que está sobre la mesa no se conoce con exactitud. En la parte socialista del Gobierno son deliberadamente ambiguos sobre los «contenidos» concretos que se abordarán en la reforma laboral. Se aduce ahora que, para el «éxito de la negociación» se exige «discreción». Tampoco lo pactado ayer permite arrojar luz sobre esta cuestión, pues simplemente se explica que se guiarán por «los compromisos adquiridos tanto en el programa de coalicióncomo en el Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Comisión Europea». En el pacto de coalición figuran cuestiones concretas como la ultraactividad, la subcontratación o la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, sobre las que ahora no se adelanta posición por parte del PSOE.

Sin embargo, ya se advierte de que para que el acuerdo lo sea «con todas las partes» deberá ser «justo y equilibrado». Esto es, no se renuncia a la vocación de hacer partícipes a los empresarios y sus intereses. En este punto, fuentes gubernamentales aseguran que han trasladado a Podemos que para lograrlo «tendrán que ceder». «Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación», aseguran oficialmente desde el Ejecutivo.

Vuelve la «derogación»

La reunión en Moncloa produjo «en un clima positivo y una actitud constructiva». Ambas partes mostraron posteriormente su «satisfacción» por el resultado de la misma, que para Podemos se materializa concretamente en la recuperación del concepto «derogación», por parte del PSOE, que tanto Pedro Sánchez como Nadia Calviño habían evitado deliberadamente en sus últimas comparecencias públicas, sustituyéndolo por «modernizar». Sin embargo, desde el Gobierno aseguran ahora, tras volver a verbalizarlo, que «es muy pobre» reducirlo todo al «debate semántico», porque los términos de la reforma son «de fondo» y trascienden estos límites.

En concreto, el objetivo del Gobierno es «construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social» y aseguran que están avanzando en esta dirección «cumpliendo con la palabra dada». Para ello, se explica que se buscarán aprobar, antes de que acabe 2021, «una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, continuando con la senda que ya hemos iniciado con la derogación del artículo 52.d que permitía el despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley Rider o el Trabajo a distancia».

«La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás. Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación», señalan las citadas fuentes.

Yolanda Díaz