Bruselas marca a Sánchez

«El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía», reza el artículo 31.2 de la Constitución española. Un auténtica declaración de intenciones recogida en la Carta Magna y que la llegada de los fondos europeos promete poner ahora a prueba. Porque la búsqueda de un reparto óptimo de los recursos ha ido desarrollándose en nuestro país con la creación de diferentes organismos públicos y leyes, pero adolece aún de un déficit cultural que ha sido puesto en evidencia desde organismos como la OCDE o la propia Comisión Europea. 

Por ello el contrato firmado entre el Gobierno y Bruselas, desvelado esta semana, evidencia el alcance del

 reto al que se enfrenta nuestro país. España deberá rendir cuentas a Europa no solo presentando en tiempo y forma las reformas estructurales a las que se ha comprometido, sino que también deberá justificar negro sobre blanco los resultados que van ofreciendo las mismas. Una auténtica transformación en el ‘modus operandi’ de la Administración, que puede ser decisiva para reforzar el Estado de derecho y mejorar la calidad de las políticas públicas, pero que también –alertan los expertos– puede disparar la burocracia hasta niveles paralizantes y abrir una nueva vía a la propaganda gubernamental. 

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Por lo pronto, los deberes impuestos por Bruselas son estrictos. No bastará con justificar la ejecución de los fondos –un desafío ya en si mismo para España, pues en 2019 solo se ejecutó el 35% de los fondos disponibles– sino que deberá demostrarse que se están cumpliendo con los objetivos que se persiguen. El contrato firmado entre el Gobierno y la Comisión, el llamado ‘Operational Arrangement’, acuerdo de funcionamiento, impone una suerte de evaluación continua que incluye reuniones trimestrales con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que se comprobará el grado de cumplimiento de los diferentes hitos. Además, los temas más espinosos, como es el caso de las reformas del mercado laboral, el sistema de pensiones y la fiscal podrían requerir de citas extraordinarias que serían solicitadas por la Comisión. 

Con anterioridad a Plan de Recuperación, el intento más reciente de reforzar la evaluación de las políticas públicas también estuvo motivado por la Comisión. Se trata de los llamados ‘spending reviews’ (revisiones de gasto) realizados por la Airef. Se trata de una iniciativa que realizó el Gobierno tras una recomendación de la Comisión Europea en torno al Plan Presupuestario para 2017.

Nuevo órgano de evaluación

Pero sin duda el verdadero compromiso con la rendición de cuentas ha quedado reflejado en el Plan de Recuperación acordado con Bruselas. En concreto, dos de los componentes del Plan incluyen medidas en este sentido, que pasan desde cambios normativos, hasta la creación de un nuevo organismo de evaluación y la institucionalización de estos ‘spending reviews’. Destaca, por ejemplo, la letra pequeña del componente 11, dedicado a la modernización de las administraciones públicas, que incluye la elaboración de una ley de evaluación de las políticas públicas para implantar «la evaluación sistemática» de esas políticas. 

Además, se contempla la creación de «un organismo con un alto grado de autonomía» con competencias en este sentido. También se propone nombrar a un responsable de evaluación en cada ministerio y regular las obligaciones de suministro de información y los mecanismos de recogida de datos para la evaluación. El otro de los focos se dirige a mejorar la eficacia del gasto público, para lo que se propone institucionalizar los ‘spending reviews’ de la Airef, y reformar este organismo dándole asimismo mayor influencia.

El contrato sellado con Bruselas organiza, por tanto, la interlocución del Gobierno con la Comisión Europea y el suministro de información a las autoridades comunitarias sobre las centenares de medidas y reformas comprometidas. Bruselas estrecha el cerco sobre Sánchez en un momento delicado en el que las relaciones en el Gobierno de coalición están más deterioradas que nunca a cuenta de las reformas que exige Europa. Los cambios legislativos en el mercado de trabajo y en las pensiones no están siendo encajados de la misma forma por el ala socialista y comunista. 

El pacto con Europa, que exige compromisos hasta 2026, ha provocado esta semana una crisis política en el seno del Ejecutivo cuyo final aún está por escribir. De nuevo, han sido las pensiones las protagonistas, esta vez a cuenta del compromiso adquirido de ampliar el periodo de cálculo en 2022 para que se ponga en marcha a partir del 2023.  Una medida que se traduce en recortes en la pensión para la mayoría de los trabajadores, aunque el ministro Escrivá ha garantizado que esa merma en la jubilación no se producirá, que habrá medidas de contrapeso, como poder elegir los mejores años. El ala morada del Gobierno y los sindicatos ya están en guardia. 

Desembolsos condicionados

Dos días después de hacerse pública la firma del contrato que regula la implantación del Plan de Recuperación, España solicitó el pago del primer desembolso del Fondo de Recuperación y Resiliencia. 10.000 millones que se justifican en medidas puestas ya en marcha como la ley ‘riders’ y que se suman a la entrega recibida tras el verano de un anticipo de 9.000 millones que se justificó con la aprobación del Plan de España.

A partir de ahora para seguir pidiendo fondos, el Gobierno debe seguir dando pasos y poner en marcha las reformas exigidas, la del mercado laboral y de pensiones. La primera debe entrar en vigor antes de acabar este año, aunque su evaluación por las autoridades comunitarias no llegará hasta 2022. La de pensiones no podrá demorarse mucho más dado que los compromisos reflejan que la nueva norma entre en vigor a finales del año próximo.

El Ejecutivo debe pisar el acelerador para recibir la totalidad de la financiación europea y hacer todos los esfuerzos por presentar las medidas con el mayor grado de consenso posible, tanto en el diálogo social como en el Parlamento, tal y como le exigen en Europa. Los primeros pasos ya los ha dado con una primera fase ‘light’ de reforma de pensiones que va a tener complicado el aval del Parlamento, pero ahora deberá abordar la segunda, la más espinosa, con recortes del gasto y subida de los impuestos al empleo prometida. Si en el primer tramo logró arrancar un acuerdo a los agentes sociales, con el segundo se le complican mucho las cosas.

Lo mismo ocurrirá con la reforma laboral. Bruselas exige medidas para acabar con la dualidad entre contratos temporales y fijos y un plan de choque para rebajar el paro juvenil, superior al 40%. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, con el respaldo de los sindicatos, sigue enrocada en derogar la reforma laboral, pero Europa impone que se mantenga la esencia de la reforma de Rajoy para completar las transferencias. El conflicto está servido.