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La foto del 1 de julio fue real, pero a estas alturas parece un espejismo. José Luis Escrivá logró que los líderes patronales y sindicales se retrataran junto a Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa para certificar un primer acuerdo sobre pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones obró con inteligencia al trocear la espinosa reforma en dos tramos, dejando el más difícil para el final. Un primer acuerdo podría allanar el camino para el segundo.

En cuatro meses, la realidad ha perturbado los planes del Gobierno. Habrá reforma, sí, pero sin consenso. El portazo de Antonio Garamendi y Gerardo Cueva tendrá consecuencias directas e indirectas para los planes de Sánchez. Que los líderes de CEOE y Cepyme abandonen la mesa puede costar dinero a España, literalmente. Y, sobre todo, credibilidad. Entre los compromisos del Ejecutivo para recibir los fondos de recuperación está el de sacar adelante las reformas clave con el apoyo de los agentes sociales. 

La factura aún no está clara. La Comisión Europea está haciendo camino al andar con los planes nacionales de recuperación. En pocas semanas, Bruselas decidirá qué penalización aplica al Gobierno –desde una merma de fondos a una amonestación– por el primer incumplimiento en apenas cinco meses.

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Si el final de año se le puede atragantar al presidente, 2022 promete nuevas indigestiones. Hacienda debe impulsar la última de las tres grandes reformas de la legislatura: la fiscal

Paralelamente, el cabreo de los empresarios contribuirá a enturbiar el clima entre el Gobierno y los agentes sociales en un momento especialmente complicado. De aquí a finales de año, Moncloa tiene que sentar las bases de la reforma laboral en otra mesa donde se sientan los mismos protagonistas que este lunes dejaron las sillas vacías. “Son negociaciones diferentes y muy complicadas, no necesitan enfangarse desde fuera. Ya lo están en sí mismas”, recuerda el líder de una importante patronal.

Posteriormente, el Ejecutivo debe someter a la tramitación parlamentaria los cambios propuestos en materia laboral y de pensiones. Y el Congreso de los Diputados no es, precisamente, un lugar donde Sánchez pueda moverse con holgura. Una y otra reforma corren el riesgo de acabar descafeinadas si los socios del Gobierno -ERC, Bildu, PNV- deciden meter la tijera.

Y si el final de año se le puede atragantar al presidente, 2022 promete nuevas indigestiones. Según lo pactado con Bruselas, Hacienda debe impulsar la última de las tres grandes reformas de la legislatura: la fiscal. Un terreno propicio para los encontronazos en el Parlamento y, sobre todo, de puertas adentro en La Moncloa. Es en el área impositiva donde Unidas Podemos puede poner a Sánchez entre la espada y la pared, con propuestas ‘radicales’ como la imposición de un gravamen a las rentas altas madrileñas.

Sánchez tendrá que abrirse paso en un territorio donde los empresarios ya velan armas. Y en el que la Comisión Europea empieza a mirar con recelo lo que sucede en España

El horizonte se nubla para el mismo presidente que vio el cielo despejado el 1 de julio. Sólo dos semanas antes, el líder socialista también se había fotografiado con la presidenta de la Comisión Europea en Madrid. Úrsula von der Leyen acudió a la capital para ‘bendecir’ el Plan de Recuperación. España era por entonces todo un ejemplo para el Ejecutivo comunitario. El 7 de julio, una semana después de cerrar el primer acuerdo sobre pensiones, Bruselas ‘regaló’ a Sánchez una mejora de su previsión de crecimiento. En concreto, elevó al 6,2% el avance del PIB este año y sólo retocó ligeramente la previsión de 2022 (un 6,3% frente al 6,8%).

Lo que ha trastocado los planes del Gobierno es la propia fragilidad de la coalición. La presión del ala morada ha sido decisiva a la hora de inclinar la balanza a favor de los sindicatos. Si las patronales han roto la baraja es por la decisión del Ejecutivo de subir las cotizaciones sociales y cargar la mayor parte de la factura sobre los empresarios (un 0,5 puntos de un total 0,6). A partir de este punto, el presidente tendrá que abrirse paso en un territorio donde los empresarios ya velan armas. Y en el que la Comisión Europea empieza a mirar con recelo lo que sucede en España. No en vano, hace sólo cinco días que Bruselas propinó un severo tajo a la previsión de PIB de este año (del 6,2% al 4,6%). Y relegó a nuestro país al último puesto en la salida definitiva de la crisis.

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