Ley Mordaza

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales sumergiéndolos en una protesta en Madrid, el próximo día 27 de noviembre, y que aventuran como histórica. Pretenden sacar a la calle a 100.000 agentes para ajustarle las cuentas al Gobierno en una batalla que también destila cierto despecho al sentir que no se les ha tenido en cuenta en la negociación de la nueva ley, en unos trámites que califican “vitales” para su trabajo.

Con la sensación principal de quedar despojados de su autoridad, los cambios en la normativa han conseguido una unidad de acción, inaudita hasta ahora, entre todos los representantes de policías y guardias civiles, que advierten de que esta fusión es el inicio de otras acciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en caso de que no se derogue la reforma. 

Las principales organizaciones sindicales consideran que esta modificación de la conocida como Ley Mordaza dinamita la potestad de los agentes en la medida en que, por ejemplo, les limita buena parte de su material de trabajo comprometiendo así, insisten, “su capacidad de reacción”. También abundan en que “entorpece” el trabajo policial. 

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Tras la tentativa inicial de constituirse en dos bloques diferenciados con distintas agendas de protestas, finalmente este lunes los sindicatos decidieron confluir bajo un mismo arco y comenzaron a sentar las bases de la macromanifestación que proyectan para dentro de dos semanas. 

“Es un atropello”

“Nos van a mandar a la guerra sin los medios adecuados y además el Gobierno nos aboca al enfrentamiento cuerpo a cuerpo”, alerta el portavoz del sindicato policial Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía. “El Gobierno no nos puede dejar vendidos en las intervenciones en las calles, y no sólo hablamos del orden público, sino también en las identificaciones, por ejemplo”, añade. 

“Sin duda -prosigue- es un atropello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por eso hemos dicho basta. La unión es aplastante porque ante esto algo tenemos que decir”, añade. Aparte de limitar el uso de material de los antidisturbios, los cambios -indican- pasan por no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros, la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa o la reducción de las multas relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor. 

La modificación de la norma contempla, asimismo, que los policías tengan que devolver en menos de dos horas al punto inicial a un ciudadano al que han llevado a comisaría por carecer de identificación. 

En cuanto a que en los cacheos no se pueda dejar a la vista “parte del cuerpo”, considera que “provocará en un momento dado que manifestantes violentos puedan portar algún tipo de arma y no ser detectada a tiempo por las Fuerzas de Seguridad”. 

Tras la reunión con Marlaska

El anuncio de la que, según insisten los sindicatos, se va a convertir en la manifestación policial más multitudinaria de la historia, se produjo al término de la reunión que Jupol mantuvo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado día 11. El encuentro resultó estéril en cuanto al fondo porque, aunque el sindicato reconoció que el trato y el ambiente habían sido “afable y distendido”, sus representantes advirtieron desde el principio la imposibilidad de compromiso por parte del ministro. 

La CEP, otro de los sindicatos más arraigados de la Policía, anunció que declinaba asistir al encuentro con Grande-Marlaska en señal de rechazo por la tramitación de las enmiendas “a espaldas” de los policía. La reunión -que se enmarcaba en la ronda de contactos informales con todos los sindicatos representativos, recuperando la agenda interrumpida debido a la pandemia del Covid-19– selló el frente común integrado por policías nacionales, locales, autonómicos y guardias civiles contra la decisión del Gobierno de ejecutar la reforma. 

La respuesta a la decisión de unirse y de “tomar” Madrid el día 27 ha sido “apabullante” entre los agentes de todo el país. La capital recibirá, según los cálculos de los sindicatos, autobuses de todas las provincias españolas con agentes de la Policía Nacional, local, autonómica y de la Guardia Civil

“Éste, sin duda, es sólo el principio de una verdadera unidad frente a la reforma que se plantea. Nos jugamos mucho, pero no sólo nosotros como agentes, sino también el ciudadano, porque a la larga esto también va a influir en los ciudadanos y en su seguridad”, precisa otro de los representantes sindicales consultados por este periódico. 

“Es un ataque frontal a los Cuerpos”

“Busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos”, resaltan desde Jupol. 

Desde este sindicato también se ha afeado la criminalización que a su parecer se está haciendo desde varios sectores del Gobierno de España, citando la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “un insulto a la labor encomiable” de los agentes. 

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, se mostró especialmente duro con la reforma. “Es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”. 

“No hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos”, finaliza. 

Los sindicatos de la Policía y las agrupaciones del Instituto Armado reiteran que las movilizaciones y las protestas continuarán hasta que no consigan la derogación de la reforma de la normativa.