incendio social

El Gobierno tiene monitorizado el creciente descontento social. Los datos primarios que llegan a Moncloa indican que la situación económica requiere una atención permanente porque lo que está en juego es el propio Ejecutivo y su reelección. Transportistas, ganaderos, policías y guardias civiles, el metal… Los ministros están activados y tienen orden de interlocutar con los sectores afectados. El horizonte es de incertidumbre y la oposición, encabezada por el PP, aprieta. Casado anunció ayer, tal y como informó El Confidencial, que hará oposición desde las calles acompañando a los sectores agraviados por la compleja coyuntura económica. Pero el presidente fía todo a una recuperación económica “justa” y “robusta”. Y en su equipo insisten en que mantienen el control de la situación. 

Moncloa asume el mantra de que la economía y el empleo, esencialmente, ponen y quitan gobiernos. Pero no es solo una cuestión de perspectiva electoral. En el gabinete presidencial preocupa que la recuperación, que se está empezando a ver en los datos de empleo y afiliación, no llegue a todos por igual. Es prácticamente una obsesión. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntó esta misma semana a que en noviembre se seguirá incrementando el ritmo de afiliación, con 90.000 trabajadores más, lo que supone la creación de 730.000 empleos desde mayo. “Casi todas las provincias recuperan el nivel de afiliación prepandemia”, apuntan desde el departamento. El consumo también es una muestra, en opinión del Gobierno, de que la recuperación económica va por el buen camino. 

En Moncloa están centrados en el término “recuperación justa e inclusiva”. Es decir, que llegue a todas las capas sociales. La escalada de precios no ayuda a conseguir este objetivo, pero la previsión del Gobierno es que a principios de año comience a suavizarse la situación, acompañada de una “distensión” de los mercados energéticos. “Optimismo, pero no triunfalismo“, proclama un ministro socialista de cara a lo que queda de legislatura. La recuperación electoral del PSOE se va a jugar en este terreno, consideran. 

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Foto: Manifestación para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez 8.500 millones de euros en ayudas directas para salvar la hostelería. (EFE)

Sin embargo, la calle evidencia que el descontento social es ya una realidad. El PP ha cogido esta bandera y estará con los manifestantes. En el Gobierno admiten observar con “preocupación” esta situación que afecta a diferentes provincias de España. Preocupación que no es lo mismo que alarma, matizan. Ponen las luces largas y aseguran que el presidente dispone de una “hoja de ruta” en el terreno económico clara. Y admiten que los fondos europeos serán claves para rebajar esta desafección por parte de algunos sectores. 

Las cifras hablan por sí solas. España recibirá más de 51.000 millones hasta completar la legislatura. Este es el montante total del maná comunitario que el Gobierno de Sánchez tendrá a su disposición. Cada seis meses van a ir llegando fondos. Este mismo año se esperan recibir los primeros 10.000 millones, ya solicitados a Bruselas, que se sumarían a los 9.036 millones de euros que ya se transfirieron en forma de prefinanciación. A continuación, en el primer trimestre de 2022, el calendario de pagos acordado contempla un desembolso de 13.793 millones, a los que se sumarían otros 6.896 millones correspondientes al segundo semestre del próximo año. Para 2023 la previsión es que España reciba 11.494 millones en el primer semestre y 8.045 millones en el segundo, coincidiendo con la presidencia rotatoria de la UE. A partir de ese año, fecha máxima para la convocatoria de las elecciones generales, el Gobierno ha pactado con Bruselas recibir otros 9.195 millones en 2024, otros 3.995 millones en 2025 y, por último, otros 4.597 millones en 2026. Es decir, en esta legislatura el Gobierno espera recibir el 75% de los fondos comprometidos. 

En Moncloa tienen claro que para recibir estas transferencias directas es imprescindible cumplir los hitos. Y están centrados en ello. Sánchez, dicen en su equipo, mantiene como prioridad absoluta no poner en riesgo los fondos europeos y él mismo se está encargando de recibir información precisa para cumplir con el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. Como detalle interno, el director del Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa y máximo responsable de las partidas, Manuel de la Rocha, ha pasado a ocupar uno de los cuatro despachos preferentes del edificio de Semillas, junto a Óscar López, Francisco Martín Aguirre y Antonio Hernando. Es el nuevo núcleo de poder del gabinete presidencial. 

Foto: El líder del PP, Pablo Casado. (EFE/Fernando Alvarado)

Sánchez también ha confiado en el diseño de la recuperación económica en su número dos en el Gobierno, Nadia Calviño, lo que considera una apuesta segura. La vicepresidenta primera es la responsable de desplegar la agenda reformista encaminada hacia esta recuperación. Que el descontento social termine aplacándose también está, por tanto, en manos de Calviño. La ministra de Economía está ultimando una batería de leyes dirigidas a las empresas y a la creación de puestos de trabajo: la de ‘crea y crece’, que permitirá registrar sociedades limitadas con un euro; la concursal, o la de ‘start-ups‘, entre otras. Sin olvidar las complicadas reformas laboral y de pensiones. Sánchez ha dado a Calviño el mando de la hoja de ruta para salir de la crisis en el Gobierno y en el PSOE. La estrategia con los fondos europeos la completa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sido designada como la responsable de concretar con la Comisión Europea los cumplimientos del plan comprometido. 

Moncloa dispone de un departamento específico que se encarga de medir la temperatura social. Se trata del equipo de Comunicación con los Ciudadanos, bajo las órdenes de Hernando. Esta área permite a Presidencia identificar día a día, prácticamente, cuáles son las demandas de los ciudadanos. Con esa información se elaboran análisis que manejan los altos cargos del complejo. Con todo ellos se puede medir el descontento social y calibrar decisiones presidenciales. Tienen las alertas encendidas de cara a los próximos meses.