guirigay jurídico

Prácticamente un año después de que Pedro Sánchez anunciase que España iniciaría el proceso de vacunación masiva contra el coronavirus, distintos tribunales están volviendo a poner de manifiesto que la respuesta legal de la Administración sigue siendo confusa, porque falta regulación y sobra incertidumbre. Hay autonomías como Galicia donde se ha impuesto al ciudadano la exigencia de presentar el pasaporte Covid para acceder a locales de ocio. El País Vasco hizo lo propio, pero ayer su Tribunal Superior tumbó la medida, de modo que unas autonomías aplican decisiones diferentes a las de otras. Y no es posible que lo que sea legal en una no lo sea en otra. Entre medias, el Tribunal Superior de Aragón ha vuelto a plantear al Ejecutivo regional y a la Fiscalía que aleguen lo que consideren oportuno porque, de nuevo, aparece el vicio de inconstitucionalidad, y los jueces aragoneses se plantean acudir al TC para aclarar de una vez por todas si exigir ese pasaporte en determinadas condiciones vulnera libertades fundamentales.

El guirigay jurídico sigue porque Sánchez no ha movido pieza. No hay normativa. Por suerte, la vacunación en España ha sido un éxito y no estamos como otros países. Pero el caos interpretativo continúa como el primer día.

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