Rebelión autonómica

«Las familias van a poder celebrar las Navidades». Esta declaración del presidente del Gobierno en sede parlamentaria apenas unas horas antes de reunir la Conferencia de Presidentes en el Senado servía de primera aproximación al nulo ánimo que había por parte del Gobierno de tomar medidas contundentes para poner freno a la sexta ola. La reunión del foro multilateral improvisada de urgencia a 48 horas de la Nochebuena deja un agrio sabor de boca, ante la falta de un plan de choque que se perciba de utilidad por la ciudadanía ante el aumento exponencial de los contagios. 

La crítica de los territorios al Gobierno fue unánime por la falta de ambición en las medidas y por la inexistencia de un paraguas jurídico que les permita gestionar la pandemia sin depender de los tribunales de justicia. Pedro Sánchez se limitó a hacer suya una de las peticiones que le habían elevado desde siete regiones (Castilla y León, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco) para recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

Una obligatoriedad que hasta ahora estaba vigente, si no se podía mantener la distancia de seguridad suficiente, establecida en los 1,5 metros. Su ampliación a todos los supuestos es ampliamente cuestionada por los expertos en salud pública. El Consejo de Ministros celebrará hoy una reunión extraordinaria para aprobar por decreto ley que se recupere esta medida, que llevaba en suspenso desde el pasado 26 de junio, cuando el mismo Sánchez se felicitó de que «volveríamos a disfrutar en la calle de una vida sin mascarilla», y que entrará en vigor a partir del 24 de diciembre. El horizonte, desvelado por el Gobierno, es que su mantenimiento sea «temporal» y que se pueda revertir «tan pronto sea posible».

Publicidad

El propio presidente del Gobierno compareció ayer tras la Conferencia de Presidentes y ante la polémica generada por la recuperación de la mascarilla obligatoria en exteriores hizo hincapié en el «amplísimo respaldo» que la iniciativa tenía por parte de las comunidades autónomas. «Yo creo en esta medida, pero el Gobierno recoge el testigo de lo que han propuesto la amplísima mayoría de los gobiernos autonómicos», se excusó. La restricción tendrá salvedades, como la práctica de deporte o si estos exteriores son espacios naturales (campo, playa…) en los que se pueda mantener la distancia o se esté junto al núcleo familiar. Sánchez avanzó una incidencia acumulada en ascenso (784), pero dibujó un escenario que nada tiene que ver con el año 2020. «No estamos en marzo de 2020 ni en las Navidades de 2020 porque los españoles se han vacunado masivamente», aseguró. En este punto, el presidente defendió que «debemos actuar y adoptar medidas distintas para una situación diferente».

El Gobierno se ha visto obligado a escenificar un giro en su estrategia de «prudencia», que mantenía hasta la semana pasada, asegurando que con «vacunación y precaución» era suficiente. De las conclusiones de la Conferencia de Presidentes se deduce la nula voluntad del Ejecutivo de implementar restricciones, como le piden algunas comunidades autónomas, que puedan frenar la economía. Pese a que las alarmas saltaron el pasado fin de semana, Moncloa sigue fiando toda su estrategia para contener el virus a la vacunación, que consideran que está funcionando contra los efectos más nocivos del virus, y, por ello, propuso «intensificar y acelerar» el proceso de inoculación de terceras dosis y dosis pediátricas. «Confiamos en nuestra estrategia», defendió el presidente.

En concreto, se estableció como objetivo tener al 80% de la población entre 60 y 69 años vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año, al 80% de entre 50 y 59 años en la semana del 24 de enero y al 80% de entre 40 y 49 años en la primera semana de marzo. En cuanto a los más pequeños, que el 70% tenga la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y un 70% con la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril. Para cumplir estos compromisos, el Ejecutivo va a reforzar los dispositivos de vacunación con equipos de las Fuerzas Armadas y poniendo a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar.

Plan de refuerzo de la Atención Primaria

La falta de medios humanos es una de las principales lacras para hacer frente a la Covid-19 y por ello, el Gobierno destinará 292 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a un «Plan de acción en atención primaria y comunitaria». Este plan aumentará el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorará sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%. También se va a contratar personal sanitario jubilado y prejubilado y se habilitará la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la Unión Europea

En cuanto al autodiagnóstico y ante la carestía de test para llevarlo a cabo, se van a emitir autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de toda la población. El certificado Covid, que está funcionando como un incentivo para la vacunación y para el control de accesos, tendrá –a partir de febrero de 2022– una validez de 9 meses desde la administración de la última dosis, en base a las recomendaciones de la Unión Europea.

En la reunión, el Gobierno no explicitó su voluntad de establecer ninguna restricción más allá de las medidas anteriormente descritas y mantendrá de nuevo Conferencias de Presidentes periódicas –cada diez días– «mientras dure la sexta ola». Sin embargo, varios fueron los líderes autonómicos que criticaron la escasa ambición del Ejecutivo en las medidas adoptadas, considerándolas «insuficientes» y afeando que lleguen ya decididas. No en vano, al tiempo que Sánchez anunció la imposición de la mascarilla obligatoria, avanzó que la directriz se aprobará hoy mismo en un Consejo de Ministros extraordinario.

Entre los líderes que se criticaron la insuficiencia de las medidas estuvo el lendakari Iñigo Urkullu que puso voz a una de las reclamaciones que comparten varias CC AA sobre la falta de «seguridad jurídica» para gestionar la pandemia y advirtió de que la sociedad espera un mensaje de confianza por parte de sus gobernantes. También Cataluña pidió restricciones «más allá» de las anunciadas por Sánchez, pero dio marcha atrás con las cuarentenas, adhiriéndose al criterio oficial, y en su exposición no hizo alusión alguna al toque de queda que prevé imponer.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo volvió a insistir en la necesidad de una ley de pandemias y un fondo Covid, que también respaldan otras autonomías como Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. El presidente gallego discrepó con el criterio oficial de no imponer cuarentenas a los contactos estrechos de los contagiados. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue de las que se opuso a la mascarilla en exteriores, cuando exista distancia, y consideró que debía de establecerse solo como recomendación. Ayuso abogó por la cultura del autocuidado: esto es, vacunas, test y no avanzar en cierres si no están avalados por datos científicos. Dentro de diez días, los presidentes se volverán a sentar para analizar la evolución de lo adoptado.