desgaste político

La fecha no fue casual. Era establecer un punto de disrupción, un punto y aparte. Cuando Pedro Sánchez fijó como meta que el 70% de la población estuviera vacunada a finales de agosto, estaba considerando que el inicio del nuevo curso debía suponer un cambio de tendencia, una nueva etapa. El jefe del Ejecutivo se preparó para ello. Realizó una amplia crisis de gobierno en julio y se dispuso a centrarse en la economía para, dejando lo más crudo de la pandemia atrás, «iniciar una nueva etapa». La recuperación se daba por hecha y también que los ciudadanos empezarían a notarla en sus hogares. Un nuevo mantra se instaló en la estrategia gubernamental: llegaba la «recuperación justa» para todos.

Ese horizonte político y socioeconómico que preveía Sánchez y su equipo se ha diluido en una sexta ola imprevisible. Los récords de contagios y el hecho de que la reactivación económica no esté siendo en los términos previstos está truncando esa «nueva etapa». El acuerdo con los sindicatos y los empresarios para la reforma laboral, pactado in extremis antes de que acabe el año, es una bocanada de oxígeno en un escenario complicado, en el que Moncloa no logra materializar su plan político y económico. Y cada vez con menos tiempo por delante para hacerlo.

Economía: previsiones en entredicho

Todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales -desde el FMI, pasando por la OCDE, la Comisión Europa, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)– han desautorizado las previsiones del Gobierno del 6,5% de crecimiento del PIB para este año y del 7% para 2022. El Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño se niega, al menos de momento, a revisar esta previsión, pese a que en el seno de la coalición de gobierno, en privado, ya hay voces que no entienden esta posición de ir contra lo que parece una evidencia y muestran la incomodidad de que este asunto eclipse otras cuestiones.

Publicidad

«El Gobierno sigue desplegando el plan de recuperación; somos los primeros en Europa en darle cumplimiento y en recibir los fondos que lo avalan»; «el Gobierno atiende a lo importante, que es el plan de recuperación»; «el compromiso del Gobierno en su conjunto es dar una respuesta ágil a la recuperación de la economía, no perder un solo día en los avances que tenemos planificados para consolidar el crecimiento y la recuperación»; «los indicadores señalan que la actividad económica se ha recuperado en la segunda parte del año»… Esta es la posición del Ejecutivo cuando se le cuestiona por la recuperación económica.

«Estamos en un momento de alta volatilidad con respecto a las previsiones macroeconómicas y por eso estamos tomando el pulso diario de la economía», explicó esta misma semana Nadia Calviño, vicepresidenta primera. La fotografía del escenario económico obliga al Gobierno a actuar al igual que en el escenario sanitario: congelar lo previsto para casi intervenir día a día, tomar decisiones en función de datos en tiempo real.

Los precios: el coste de la vida por las nubes

Esta misma semana, sólo unos días antes de que Felipe VI pronunciara su mensaje de Nochebuena en el que pidió a los políticos «consensos» que garanticen «mayor bienestar en los hogares y den la necesaria tranquilidad a las familias ante su futuro», el Gobierno, en el Consejo de Ministros, presumió de tomar «medidas que tienen una importante incidencia en la economía de las familias, en el sentido de apoyo a sus economías. La determinación de un Gobierno sensible que apoya a las familias».

Lo cierto es que la inflación sigue al alza -en noviembre el índice de precios de consumo (IPC) se disparó un 5,5% – debido al crecimiento del coste de bienes necesarios para el consumo de las familias, como el combustible para el coche o los alimentos. A ello se suma que la luz, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, sigue anotando máximos históricos. El Gobierno ha tomado medidas directas como la rebaja de impuestos, que ha prorrogado hasta el 30 de abril, pero la gestión de esta crisis y la comunicación al principio de la misma lastró y mermó la acción ejecutiva.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño, en el Congreso.
Pedro Sánchez y Nadia Calviño, en el Congreso.Javier LizónEFE

Desde el Gobierno se defiende que la inflación es «transitoria» y que los precios se estabilizarán en primavera, umbral en el que también sitúan un relajamiento de la crisis energética. «A nadie le tiene que sorprender que se esté produciendo un rebote los precios, está muy directamente relacionado con la intensidad de la recuperación económica, con un crecimiento económico muy fuerte en nuestro país», expuso hace unas semanas Calviño.

Casi a la vez, la vicepresidenta Yolanda Díaz admitió que el aumento de los precios causa «perjuicios» en el ámbito productivo y también en los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y que las medidas deben tomarse desde la prudencia.

La pandemia: desconcierto con la mascarilla

Todo este escenario explica que el Gobierno sea reacio a aplicar restricciones pese al avance de la sexta ola y el incremento de contagios. No lo era antes, cuando los expertos advertían de un empeoramiento epidémico, y tampoco ahora, cuando los centros de salud y las urgencias hospitalarias están al borde del colapso. En el complejo presidencial se quieren evitar limitaciones que lastren a sectores económicos y, por tanto, compliquen aún más esa «recuperación justa» para todos. Pese a las diferencias y la guerra política que mantienen, el posicionamiento del Gobierno es ahora el mismo que defiende en Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Revisar ahora a la baja las propias previsiones de crecimiento o impulsar restricciones duras supondría cuestionar el discurso y la estrategia que ha mantenido el Gobierno.

A mediados de noviembre, en el Ejecutivo se consideraba que la pandemia estaba «en su recta final». De ahí que, en el aspecto económico, el discurso pivote sobre los datos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, que sí están creciendo en niveles de récord, y ahora también sobre el gran pacto de la reforma laboral. Y, en el aspecto sanitario, se fíe el freno de esta sexta ola a acelerar el proceso de vacunación, tanto para implementar la tercera dosis como para inmunizar a los niños.

Frente a las críticas, el Gobierno exhibe que España es el primer país de la UE al que la Comisión autoriza el primer desembolso millonario vinculado a hitos y objetivo, y que es líder en vacunación.

Sánchez y Montero, en la Conferencia de Presidentes
Sánchez y Montero, en la Conferencia de PresidentesFernando CalvoMoncloa

Por eso, Pedro Sánchez sólo planteó en la reciente Conferencia de Presidentes el regreso de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores como medida restrictiva, pese a que ni los expertos ni los informes de los técnicos de Sanidad apuesten por ello en espacios abiertos. La decisión, además de generar desconcierto, fue rebatida en la Conferencia de Presidentes por algunos líderes regionales que pidieron que no se podía comparar un paseo por una calle de una ciudad con aglomeración con uno por el campo.

El grado de incomprensión en todos los ámbitos, incluidos los más afines, que logró esta medida hizo evocar otra decisión del Gobierno que despertó críticas en todas las esferas: sacar la tanqueta blindada de los antidisturbios contra las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz. Un vehículo que, por ejemplo, se decidió no sacar en los altercados en Barcelona en otoño de 2019 pese a que los sindicatos policiales lo reclamaron. Esta decisión, además, supuso un nuevo choque entre los socios de gobierno, porque desde Unidas Podemos pidieron explicaciones a Interior y al PSOE.

Elecciones escenario incierto

Junto a la pandemia y la economía, al Gobierno se le abrió un nuevo flanco esta semana: el adelanto electoral en Castilla y León. Aunque era un escenario que se contemplaba, en La Moncloa preferían un panorama de «estabilidad» política, más allá de las obligadas elecciones en Andalucía en 2022, para tener tiempo de consolidar la recuperación económica, para que se note en la calle, y desplegar el reparto de los fondos europeos en las autonomías.

«No es el mejor momento de llevar a los ciudadanos a las urnas, ante una nueva ola de la pandemia, y no es el mejor momento de paralizar la administración autonómica, justo a las puertas de que se apruebe un presupuesto del Estado que va a necesitar de una administración autonómica en pleno rendimiento para poder aprovechar los recursos que se van a destinar a Castilla y León, y sobre todo para poder aprovechar los recursos que llegan de los fondos europeos», resumió esta semana Felipe Sicilia, portavoz del PSOE.

Los socialistas ganaron las últimas elecciones en esta comunidad, pero el pacto PP-Cs les impidió gobernar. Ahora enfrentan unos comicios con la pretensión de repetir resultado, pero ante un escenario más incierto, donde las encuestas apuestan por una mayoría PP-Vox. Una derrota en Castilla y León y en Andalucía complicaría la pretensión de Pedro Sánchez de revertir la imagen de fortaleza del PP y reflotar al PSOE.

desgaste político