Gobierno náufrago

Apenas unas horas antes de que el pasado sábado Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de una Conferencia de Presidentes extraordinaria, la ministra de Sanidad insistía en una visita a La Palma en que vacunación y mascarilla seguían siendo el único camino.

Ello da muestra de hasta qué punto el presidente improvisó una reunión para la que ese mismo sábado la ministra de Política Territorial tuvo que llamar sobre la marcha a todos los presidentes regionales. Y cuadrar agendas.

La sexta ola del coronavirus, mucho menos mortífera que las anteriores pero de incidencia mayor, ha vuelto a dar la sensación de un Gobierno náufrago que no toma decisiones por temor a caer en errores anteriores.Porque hay que recordar que en los últimos meses el Tribunal Constitucional ha sido un martillo percutor contra las decisiones adoptadas por el presidente y su Consejo de Ministros en pandemia.

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Cuatro varapalos entre mayo y octubre

En mayo sus magistrados anularon y declararon inconstitucional el decreto ley que permitió a Pablo Iglesias y a Iván Redondo la entrada en Comisión del CNI. En julio tumbaron el primer estado de alarma. A principios de octubre, el cerrojazo que sufrió el Congreso durante el primer estado de alarma. Y a finales de ese mes la puntilla vino con la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma.

En este último caso, el TC afeó a Sánchez que hubiera delegado en las comunidades autónomas unas competencias que no podía, la famosa cogobernanza. Y el miércoles los presidentes regionales descubrieron, sin demasiada sorpresa, que ese concepto sigue siendo el mismo para el presidente: que hagan otros.

Varios de ellos se han quejado en los últimos días de que el socialista no tome las riendas, no quiera estar al mando. Ni siquiera tiene previsto convocar una nueva Conferencia de Presidentes de cara a la Nochevieja. Su intención es esperar al año que viene.

Y de la Ley de Pandemias que le reclamaron el gallego Alberto Núñez Feijóo y el andaluz Juanma Moreno en el encuentro telemático, ni oír hablar. Fue en una Conferencia de Presidentes, allá por mayo de 2010 –en plena desescalada del primer estado de alarma–, cuando Sánchez les prometió por primera vez que reformaría varias leyes para diseñar una coraza jurídica alternativa al estado de alarma. Después les reiteró ese compromiso en varias ocasiones más, pero nunca lo hizo. Ahora, menos.

Alberto Núñez Feijóo
Alberto Núñez FeijóoEfe

De ahí que en los últimos días diversas comunidades hayan dado un paso al frente cruzando los dedos para que sus respectivos tribunales superiores de justicia no tumben sus restricciones.

La primera fue Cataluña, sin esperar a la reunión con Sánchez. Después se han ido sumando Murcia, Canarias, Asturias, Aragón y La Rioja. En función de la evolución de la incidencia acumulada y las hospitalizaciones en los próximos días podrían sumarse más. El País Vasco y Navarra entre ellas.

Entretanto, el presidente del Gobierno se marchó el jueves con su familia a la finca Quintos de Mora, en Toledo, para pasar la Nochebuena y la Navidad. Volverá a Madrid a tiempo para presidir el Consejo de Ministros del próximo martes, el de la aprobación de la reforma laboral, y para su comparecencia de fin de año en La Moncloa un día después.

El guirigay de las mascarillas

Para entonces ya llevará en vigor unos días su medida estrella para combatir la sexta ola: la mascarilla en exteriores aun cuando haya una distancia de 1,5 metros o más. Los expertos vaticinan que la incidencia seguirá subiendo en las próximas fechas pese a ella, por los contactos en el interior.

Al menos ahora los españoles sí saben a qué atenerse, porque las primeras horas de la medida fueron un guirigay. El miércoles, en plena Conferencia de Presidentes, la Secretaría de Estado de Comunicación anunció: «Se establece la obligatoriedad de uso de mascarillas en exteriores». Así, sin matices.

Después llegaron las primeras «salvedades» durante la comparecencia que el presidente hizo aquella tarde. En ella, no obstante, no supo explicar qué cambiaba respecto al decreto que ya estaba en vigor desde junio y que solo eximía del uso de la mascarilla en exteriores siempre y cuando hubiera 1,5 metros de distancia mínima.

El Gobierno necesitará apoyos parlamentarios para convalidar el decreto de las mascarillas

La aclaración vino con la publicación del nuevo real decreto ley en el BOE del jueves por la tarde. Aunque ahora lo que preocupa al Gobierno es su convalidación en el Congreso, que tendrá que producirse a lo largo del mes de enero. Los partidos de la Cámara, socios y no, han expresado su disconformidad con la medida, que para más inri el Gobierno ha justificado en una encuesta del Instituto Carlos III a poco más de mil personas.

«Pediremos que se vote el próximo pleno: Sánchez debe explicarlo y los que dicen defender la libertad evitar que se apruebe», advirtió el viernes el portavoz de Cs, Edmundo Bal. El Ejecutivo se guarda un as en la manga para que el decretazo sea convalidado y no decaiga: en ese real decreto ley coló una revalorización de las pensiones que no dudará en utilizar para convencer a sus socios.