leyes sociales

Ley Transde Vivienda, del bienestar animal… Algunos de los proyectos sociales más relevantes de la legislatura para los ministros de Unidas Podemos están siendo frenados desde Moncloa y los departamentos en manos del PSOE, lo que abona el terreno para los recelos y futuras tensiones internas en el Ejecutivo.

Desde la parte socialista se viene declarando oficialmente que quieren dar prioridad absoluta a todos los asuntos que tengan que ver con la recuperación económica, los fondos europeos o las medidas para combatir crisis como la de la energía. En eso están volcados ahora mismo Pedro Sánchez y los primeros espadas del Gobierno, pero a la vez supone que la coalición progresista está dejando en un segundo plano leyes sociales, algunas de la cuales empiezan a acarrear retrasos sobre el calendario pactado entre los socios.

En el último cuatrimestre han sufrido dilaciones la Ley Trans, la Ley de Vivienda y la Ley de Protección Animal. Además, la nueva Ley de Familias, que está impulsando el Ministerio de Derechos Sociales, también se está encontrando con el mismo problema: todos los trámites están siendo más lentos o hay problemas para celebrar reuniones.

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La acumulación de retrasos en los plazos, en una burocracia que ya de por sí es suficientemente farragosa y poca amiga de la premura, supone como primera consecuencia que todos esos proyectos no verán la luz como pronto hasta 2022. E incluso ahí estarán de nuevo a expensas de cómo evolucione la pandemia y la economía, con la sexta ola en estos momentos en pleno apogeo. Y por supuesto, los intereses políticos de turno, que según se acerquen las elecciones separarán más al PSOE de Unidas Podemos.

Este 2022 inaugura un intenso ciclo electoral en España de menos de dos años, que culminará con las generales de 2023 y que provocará que todos los partidos actúen, más que nunca, en función de sus intereses electorales. Especialmente si, como todas las encuestas señalan, el PP consigue alzarse con dos importantes victorias en Castilla y León -13 de febrero- y Andalucía -en junio o en octubre-, que sumirían al Gobierno en una situación de debilidad.

De entre todas las leyes sociales frenadas, la de vivienda es el única que tenía un plazo acordado por los socios: diciembre de 2021. La norma nace oficialmente del Ministerio de Transportes, que encabeza la socialista Raquel Sánchez, pero los morados han querido jugar un papel decisivo en ella. Por ejemplo, forzando la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas. Fue uno de los grandes cambios que Unidas Podemos introdujo en las tensas negociaciones que culminaron con la aprobación de los Presupuestos.

En octubre el anteproyecto de ley se vio por primera vez en el Consejo de Ministros, lo que luego dio paso al habitual periodo de información pública y de intervención de otros ministerios. El problema es que, después, el Ministerio de Transportes no remitió la norma al CGPJ. Supuestamente, por un descuido no lo hizo hasta primeros de diciembre, lo que ha impedido que llegara a tiempo para el calendario fijado.

El anteproyecto que más sabe de retrasos es la Ley Trans, que fue presentada por Irene Montero en un Consejo de Ministros de finales de junio tras haber permanecido bloqueada por Carmen Calvo durante muchos meses. Con la entonces vicepresidenta fuera del Gobierno no le ha ido mucho mejor. La norma ha pasado prácticamente seis meses varada hasta que el pasado viernes fue por fin enviada por el Ministerio de Justicia al CGPJ y el Consejo Fiscal para iniciar las consultas preceptivas que luego la llevarán al Consejo de Estado, informan fuentes de ese departamento. Se abre así un plazo indeterminado para analizar las aristas jurídicas hasta que regrese de nuevo al Ministerio de Igualdad. Con la opción, siempre abierta, de que pudieran sugerirse cambios. 

En Igualdad ya preveían que el trámite se alargaría, así que establecían como meta la aprobación en Consejo de Ministros en el «primer trimestre de 2022». Hay que recordar que entre medias se ha nombrado a una nueva ministra en Justicia, Pilar Llop.

La Ley de Protección Animal es la única con la que los morados han alzado hasta ahora la voz para criticar los obstáculos que le estaba poniendo el PSOE, y en concreto, el Ministerio de Agricultura de Luis Planas. La ley está presentada y preparada desde primeros de octubre y sigue durmiendo en un cajón a la espera de que Moncloa quiera sacarla para llevarla al Consejo de Ministros. 

Las elecciones en Castilla y León el 13 de febrero no han sido una buena noticia para su impulsora, Ione Belarra, pues parece difícil que el PSOE quiera irritar a los cazadores aprobando esta ley a las puertas de unos comicios en una región donde el mundo rural tiene un peso tan fuerte. Por eso, todo indica que no será hasta después como pronto.

La ministra Belarra también está atascada con la Ley de Familias, que pretende ser una de las leyes estrella del partido para el final de la legislatura, porque aborda cuestiones de mucho impacto con los permisos por el nacimiento de un hijo. Hace dos semanas, los morados estaban muy molestos y se quejaban de que el Ministerio de Hacienda -clave para cuadrar las números- no atendía sus peticiones para reunirse.

Los retrasos de varios meses pueden parecer inocuos, pero en esta fase de la legislatura desatan los nervios, pues la aprobación en el Consejo de Ministros no es el final, sino el principio del camino. Luego hay que lidiar en el Congreso y el Senado con los grupos parlamentarios y sus enmiendas. Esto significa meses y meses en un momento en el que lo único que no sobra es el tiempo. 

Las elecciones generales de 2023 acechan, con unas autonómicas y municipales de por medio. Todo eso suma contratiempos, parones y la amenaza de que Sánchez no agote la legislatura y proceda a un adelanto. Todo lo que sea acortar ese tiempo puede provocar dos cosas: o los proyectos no podrán salir o los efectos de las leyes apenas se habrán visibilizado.