apoyo a los presos de ETA

Un total de 200 actos de apoyo a los presos de ETA son los que se van a celebrar este sábado en otras tantas localidades, del País Vasco, Navarra y también en Bayona. Podemos apoya estos reconocimientos a los presos terroristas. El ministro de Interior remite al control de los jueces ante este tipo de manifestaciones que indignan a las víctimas de ETA.

Sare mantendrá este 8 de enero su agenda de actos para pedir el acercamiento de todos los presos de ETA, “sin excepción y demora”, así como el “desbloqueo” de la progresión del segundo al tercer grado, del disfrute de permisos penitenciarios y de la concesión de la libertad condicional.

En concreto, Sare ha convocado este sábado diversas manifestaciones en el País Vasco y Navarra y una mesa redonda en el Palacio Euskalduna. En este acto, contará con la presencia de representantes de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos y de los sindicatos ELA, LAB, UGT, CCOO, Steilas, ESK, Etxalde, HIRU, CGT, CNT y ENHE, así como con el apoyo de BNG, ERC, Junts, CUP, ANC, Omnium y Consell per la República.

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La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide prohibir las manifestaciones mientras Grande Marlaska deriva a los jueces que puedan celebrarse

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (Navarra Suma), ha solicitado por escrito al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, que prohíba la manifestación convocada por Sare para este sábado en la localidad navarra a favor de los presos de ETA.

Toquero se une a la petición realizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para que no se celebre esta manifestación en la ciudad ya que “el objetivo de esta manifestación no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA y su largo y sangriento historial criminal de la banda terrorista”.

“Considero que la manifestación de este sábado humilla a las víctimas, por lo que solicito oficialmente que acepte esta solicitud”, concluye el primer edil tudelano.

El consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Folguera, ha pedido a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra que promuevan la prohibición de los actos convocados por Sare en los diferentes municipios vascos para el próximo 8 de enero y, de no ser así, que actúe administrativamente contra sus organizadores.

“Exigimos que, al igual que se acabó con la ‘kale borroka’ con la imposición de sanciones administrativas, se haga lo mismo en estos casos, ya que legalmente parece que no se les puede tocar. Será una manera de acabar con esto”, ha apuntado.

El representante de la AVT cree que, en primer lugar, la Delegación del Gobierno debería impedir este tipo de convocatorias, en base al artículo 61 de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, por la que el Estado “asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente” objetos o la realización de menciones que “enaltezcan individual o colectivo el terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas”. En este sentido, ha subrayado que esta norma establece que los delegados del Gobierno “velarán por su cumplimiento”. “No sé si se está prevaricando, pero no se está aplicando la Ley”, ha afirmado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha remitido este viernes al “control judicial” y la aplicación de la ley al ser preguntado por las críticas de sectores de asociaciones de víctimas del terrorismo que demandan impedir los homenajes a presos de ETA y recelan de las posibles medidas para favorecer las excarcelaciones.

Grande-Marlaska ha defendido la “aplicación de la ley” en lo referente a los presos de ETA, sosteniendo que la política penitenciaria se somete “siempre al control judicial oportuno”.

El año 2021 ha cerrado con 143 acercamientos, casi la mitad de los 288 autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde mediados de 2018. De los 183 etarras que continúan cumpliendo condena en España, 94 se encuentran en cárceles del País Vasco (81) y Navarra (13), lo que suma el 51% del total.

El Gobierno vasco ejerce desde octubre la competencia penitenciaria tras la transferencia del Ejecutivo central, lo que ha despertado recelos en algunos colectivos de víctimas ante la posibilidad de potenciar las medidas a favor de los presos de ETA.