José Luís Feito

La impaciencia de mi editor me lleva a opinar sobre una reforma que, en el momento de escribir estas líneas, no es del todo descartable que sea modificada para peor. Dicho esto y suponiendo que se aplica íntegramente en su formulación original, permítaseme iniciar el artículo con la conclusión final: la reforma laboral no es tan mala como se temía pero el marco laboral resultante será peor que el que había.

Para justificar este dictamen es menester, ante todo, especificar el criterio fundamental que se aplica para juzgar el marco laboral. A mi parecer, en nuestro país, este criterio no puede ser otro que la creación de empleo, más concretamente la tasa de empleo, el cociente entre el empleo total y la población en edad de trabajar. El marco laboral será tanto mejor (peor) cuanto más contribuya a incrementar (reducir) la tasa de empleo. La tasa de empleo estructural (esto es, promediando las etapas de auge y recesión) de nuestro país es del orden de 20 puntos inferior a las de los países escandinavos y de 15 y 10 puntos por debajo de la de Alemania y Francia respectivamente, por ceñirnos a la comparación con los países más avanzados de Europa. Nuestra baja tasa de empleo estructural no es sólo la causa primordial del anormalmente elevado paro estructural que padecemos, sino también uno de los determinantes fundamentales del diferencial de renta per cápita e ingresos públicos por PIB respecto a los países más ricos de Europa. 

La reforma prima la consecución de estos objetivos sin instrumentar medidas complementarias para paliar su impacto negativo sobre el empleo total

Por expresarlo de otra manera, el principal problema económico de España es nuestra relativamente escasa capacidad estructural de crear empleo. Consecuentemente con lo anterior, el objetivo prioritario de una reforma laboral (y también fiscal o de cualquier otro tipo) debería ser remediar esta deficiencia. Sería deseable, sin duda, reducir la tasa de temporalidad o fomentar el aumento de los salarios más bajos, pero a condición de que las medidas adoptadas con tales fines no erosionen la creación de empleo. Desgraciadamente, la reforma prima la consecución de estos objetivos sin instrumentar medidas complementarias para paliar su impacto negativo sobre el empleo total, por lo que la tasa de empleo tenderá a caer en el promedio de las fases alcista y bajista del ciclo económico. Podrá subir a corto plazo, a pesar de la reforma, si la economía crece por encima del potencial y la inflación supera el avance de los salarios, como con toda probabilidad sucederá este año. Pero en el promedio con los años de desaceleración y recesión nos encontraremos con una tasa de empleo aún inferior a la actual.

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Las dos máculas de los artífices de la reforma laboral son, por un lado, que ignoran la relación entre los costes de despido efectivos de los contratos fijos y la temporalidad: a mayores (menores) costes de despido, mayor (menor) temporalidad. Por otro, que niegan el impacto negativo sobre el empleo de los trabajadores menos cualificados de establecer niveles de costes laborales por encima de su productividad.

En cuanto a lo primero, el exceso de la tasa de temporalidad española sobre el promedio europeo obedece esencialmente al exceso de los costes de despido efectivos sobre la media europea, además del mayor peso relativo de las actividades “naturalmente” temporales en nuestro PIB. Si se coarta legalmente la temporalidad sin reducir los costes efectivos de despido, disminuirán los contratos temporales pero no aumentarán en la misma proporción los contratos fijos. Por contra, para los inspiradores de la contrarreforma, la elevada temporalidad obedece a usos errados o abusos de nuestros empresarios, de manera que basta con prohibirlos o limitarlos para transformar automáticamente los contratos temporales afectados en contratos fijos, sin merma alguna de empleo. 

La denominada pobreza salarial es sin duda un hecho muy negativo pero el paro es aún mucho peor que cualquier empleo con un bajo salario

Las principales medidas en este ámbito son la reducción del abanico de contratos temporales a dos tipos y la desaparición del contrato temporal por obra y servicio, el más típico de la construcción. La visión o aspiración de los arquitectos de la contrarreforma la expresa con toda claridad uno de los inspiradores de la misma, el reputado especialista en economía laboral Juan José Dolado: “Si todos los contratos temporales de obra y servicio hoy día vigentes en España, unos 1,4 millones, pasan a ser indefinidos, la tasa de temporalidad bajaría del 26 al 17%, muy cerca de la media europea”. Cabe señalar, por cierto, que según los modelos analíticos que el propio Dolado utiliza en su obra académica, limitar la temporalidad manu militari, sin reducir los costes de despido de la contratación indefinida, podrá reducir la misma pero a costa de reducir también el volumen de empleo.

Otro tanto se puede decir de las medidas encaminadas a subir los salarios más bajos para luchar contra la pobreza salarial. La reforma establece que las contratas y subcontratas deberán aplicar los mayores sueldos del convenio del sector de la actividad realizada o el de la empresa principal. No parece caber en la mente del legislador que muchos de los trabajadores que se hubieran contratado finalmente no se contratarán a causa de dicha medida. La denominada pobreza salarial es sin duda un hecho muy negativo pero el paro es aún mucho peor que cualquier empleo con un bajo salario. El problema de fondo es la amplia bolsa de trabajadores de muy baja productividad existente en nuestro país, y los instrumentos adecuados para luchar contra esta baja productividad y los bajos salarios a los que son empleables estos trabajadores son la educación y la formación profesional.

En fin, la reforma rezuma, no ya un desconocimiento profundo del mundo empresarial, sino una no menos profunda hostilidad hacia la figura del empresario, hostilidad que en parte procede de la ignorancia y en parte de ideologías caducas según las cuales dicha figura debe ser extinguida.

José Luís Feito