abortar

El Consejo de Ministros ha aprobado el borrador de la ley del aborto, un texto que elimina el consentimiento paterno para las interrupciones voluntarias del embarazo en chicas mayores de 16 años e introduce medidas como la incapacidad temporal por menstruación dolorosa o la baja a partir de la semana 39 de embarazo.

Con esta ley, las mujeres de entre 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso y las mujeres que se sometan a un aborto tendrán derecho a una baja incapacitante, al tiempo que se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.

La nueva ley garantizará el aborto en la Sanidad Pública y pone especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres con el objetivo de acabar con los desplazamientos a cientos de kilómetros que cada año realizan cientos de mujeres para interrumpir su embarazo.

El anteproyecto del Gobierno elimina los tres días de reflexión hasta ahora obligatorios y la entrega de información sobre las alternativas y ayudas en el caso de seguir adelante con el embarazo, a no ser que la mujer lo solicite.

La ley garantizará la objeción de conciencia como un derecho individual y será regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor, lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.

Se tramitará por la ‘vía de urgencia’

El Ejecutivo tramitará la ley del aborto por «vía de urgencia», lo que reducirá a la mitad los tiempos establecidos para que los órganos consultivos emitan los informes y dictámenes sobre el texto. Así lo ha puesto de manifiesto la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el anteproyecto en primera lectura.

Durante su intervención, ha hecho un repaso sobre las medidas que incluye esta norma, como el acceso al aborto a las menores a partir de 16 años sin permiso paterno, recuperando la medida de la ley aprobada en 2010 por el Gobierno del socialista Zapatero. En este sentido, la ministra ha agradecido la labor que, entonces, realizó su homóloga Bibiana Aído, a la que ha reconocido su «valentía» e «inteligencia» para conseguir un consenso en esta materia.

104 millones e coste

Sobre la salud menstrual, la titular de Igualdad ha destacado la importancia de poner en marcha la incapacidad temporal por reglas dolorosas e incapacitantes. «Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar», ha declarado.

Tal y como ha explicado, se tratará de un «permiso especial» que «no requerirá días previos de cotización» y que «será asumido íntegramente por el Estado» y se necesitará un diagnóstico por dolor incapacitante que, según ha apuntado, en algunos casos está vinculado, además, a «otras patologías» que también han sido desglosadas en esta norma.

«Hablar de la regla en la sociedad»

Del mismo modo, ha respondido a las críticas de quienes advierten de que esta medida pueda ser estigmatizante a la hora de conseguir un contrato por parte de las mujeres, señalando que lo que está estigmatizado es «hablar de la regla en la sociedad» y, especialmente «en los centros de trabajo» y ha denunciado que muchas mujeres viven esta situación «en soledad, en función del trabajo que realicen» o «hablándolo con las amigas más cercanas» y sin garantías para su salud menstruar en su centro de trabajo «porque no hay un baño habilitado para ello».

En cuanto al coste de esta medida en concreto, ha indicado que se ha calculado en unos 23,8 millones de euros, menos de la mitad que los 57 millones en los que se calcula la baja preparto (57 millones). En total, según ha indicado, esta ley supondrá un gasto de unos 104 millones de euros.

Gestación subrogada

En lo que se refiere a la gestación subrogada, la ministra ha explicado que en esta norma se reconoce esta práctica como violencia reproductiva y se incluye la persecución administrativa de las agencias que la promocionan ya que, según ha apuntado, es una práctica ilegal en España.

Educación sexual

Además, se ha referido a la educación sexual más allá de la adolescencia y, según ha indicado, también se pretende impulsarla más allá de los 45, relacionada con el climaterio, así como en lo que tiene que ver con «todos los procesos» que sufre el cuerpo femenino a lo largo de su vida. Para ello, también se pondrá en marcha un servicio de información telefónica.

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