España vive instalada en un «estado demoscópico», en el que todas las semanas nos desayunamos con una o dos encuestas. Los barómetros ya no buscan pulsar la opinión pública, sino crearla y sirven, en paralelo, para dirigir o modular la hoja de ruta de los partidos, que valoran, en función de sus tendencias, las decisiones que deben adoptar. En Moncloa observan con atención estas tendencias que, en las últimas semanas, lanzan un mensaje preocupante, que ha puesto en alerta al Gobierno y ha obligado a replantear su estrategia en diversos frentes. Se trata de una foto fija del momento, sin apenas tensión electoral por la lejanía de las urnas, pero esta situación coyuntural, en caso de cronificarse, puede llegar a poner en jaque la hegemonía socialista.

Los estudios que maneja el Ejecutivo también recogen el «efecto Feijóo». Una coyuntura que en el Gabinete enmarcan dentro de la normalidad por el reciente desembarco de la nueva dirección y el revulsivo que esto supone tras la guerra intestina del PP. Sin embargo, más allá de la novedad, lo que se aprecia en los cualitativos sí ha encendido las alarmas: el perfil de Alberto Núñez Feijóo es mucho más transversal de lo que lo era Pablo Casado y puede llegar a ser el propio Pedro Sánchez. Proyecta una imagen de solvencia, con experiencia de gestión –frente a la virginidad ejecutiva de su predecesor– y es percibido por el votante como una opción ganadora, no tanto como líder de la oposición, sino como líder presidenciable, lo que permite concentrar el voto. Según los datos del último barómetro del CIS, que se hicieron públicos el miércoles, incluso los electores socialistas le aprueban, con un 5,1, y un 26,8% reconoce que Feijóo les genera «bastante confianza».

Tras el proceso de reunificación del centroderecha que inició Casado, con la fusión por absorción de Ciudadanos, en Moncloa temen que el nuevo liderazgo del PP se consolide en este espectro, pujando por el nicho de votantes –a la derecha del PSOE– por el que los socialistas tienen la tarea pendiente de ensanchar su espacio electoral. A esto obedece la campaña que se ha iniciado desde el Gobierno en los últimos días para atacar la imagen de moderación que quiere trasladar el nuevo líder del PP. Los socialistas han lanzado duros ataques, incluso desde la mesa del Consejo de Ministros, para erosionar a Feijóo por el pacto con Vox en Castilla y León y los casos de corrupción.

Los socialistas han vuelto a reavivar la campaña del «miedo a la ultraderecha» ahora que los de Santiago Abascal han tocado poder en una autonomía por primera vez. Sin embargo, en el Ejecutivo son conscientes de que el efecto movilizador que tuvo la «foto de Colón» en los comicios del 28 de abril de 2019 ha ido perdiendo fuerza, como se apreció en Castilla y León. El debate reside en modular las advertencias sobre «el peligro que supone la extrema derecha» para evitar lograr el efecto contrario: espolear a sus votantes. En Moncloa preocupa cómo Vox está ganando terreno sistemáticamente y amenazando caladeros de voto tradicionalmente socialista como el de las zonas rurales.

Esto inquieta, especialmente, de cara a los próximos comicios en Andalucía y explica también alguna de las fintas del PSOE andaluz, específicamente, en cuanto al apoyo a los regadíos en la zona de Doñana. Un movimiento que causó incomodidad en la dirección federal y en el propio Ministerio de Transición Ecológica, pero que obedece a la defensa de un espacio que ahora ven disputado. El tigre al que alimentaron, amenaza con devorarlos. Esto, porque en un primer momento, el propio Sánchez desplegó una estrategia para dar alas a Vox, con presencia –por ejemplo– en los debates electorales a los que no tenían derecho por carecer de representación parlamentaria. Todo para debilitar la posición del PP, pero ahora los de Santiago Abascal también arañan votos a los socialistas. En Moncloa existe el temor fundado de que Vox no haya tocado techo y la próxima cita en Andalucía dará buena muestra de ello.

Andalucía, en el punto de mira

El tradicional bastión de los socialistas está ahora en el punto de mira. Andalucía no solo es trascendente por ser un feudo fundamental para la hegemonía socialista, que se rompió en 2018 con el Gobierno de Juanma Moreno, sino por ser la región que más escaños reparte en el Congreso de los Diputados y anticipar tendencias extrapolables a nivel nacional. De los 61 diputados andaluces del 10-N, el PSOE logró 25, por los 15 de los populares o los 12 de Vox. Si los socialistas pierden ahora fuerza en esta comunidad, en favor de la derecha, esto tendrá un impacto negativo en las expectativas electorales de las generales. «Las elecciones se ganan con Cataluña y Andalucía», recuerdan fuentes socialistas. Esto es, salvar a Espadas es tanto como salvar a Sánchez y, por ello, desde Ferraz han cogido las riendas de la campaña andaluza para intentar reflotar un buque a la deriva.

La candidatura de Juan Espadas no acaba de arrancar y ante la inminencia del adelanto electoral, que se prevé para junio, el desembarco de cargos de la dirección para participar en actos en Andalucía se ha reactivado. En las últimas semanas han viajado hasta el feudo andaluz cargos del partido como Adriana Lastra, Santos Cerdán o Felipe Sicilia, y ministros como la portavoz Isabel Rodríguez. El horizonte que dibujan las encuestas es también adverso en este frente y Espadas no llegaría ahora al suelo que marcó Susana Díaz, que ganó los comicios de 2018, aunque no pudo gobernar. En Ferraz trasladan un escenario de empate técnico con el PP –no por la pujanza de los socialistas, sino por la de Vox–, pero cunde la preocupación por la tendencia que dibujaría una nueva derrota electoral, tras Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco, y en un feudo tan trascendental. Por dilucidar está la implicación de Sánchez, que acostumbra a huir del «efecto contagio» de los malos resultados electorales.

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