atacar a las instituciones del Estado

El caso del supuesto espionaje a políticos catalanes denunciado por la Generalidad de Cataluña y los independentistas «es un montaje para atacar a las instituciones del Estado«.

Así lo consideran las fuentes del propio Centro Nacional de Inteligencia CNIconsultadas por Libertad Digital que recuerdan que el ataque de los independentistas catalanes y socios del Gobierno de Pedro Sánchez se está centrando en intentar derribar tres pilares del Estado «el CNI, la Casa Real o el Tribunal de Cuentas».

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que «existe un gran malestar en el propio CNI por la presión que se está generando por parte de los independentistas con la connivencia del propio Ejecutivo del PSOE y de Podemos». «En el CNI no se realizan espionajes masivos, se realizan seguimientos completamente legales y concretos por un periodo limitado de tiempo y con la autorización judicial del magistrado de enlace del Centro Nacional de Inteligencia en el Tribunal Supremo», apuntan.

La actividad del CNI está controlada por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. «El CNI pide autorización judicial para investigar informaciones que sean de relevancia nacional e internacional. Sus intervenciones se centran en entradas y registros o intervenciones telefónicas que se deben justificar con el magistrado de enlace del CNI en el Supremo atendiendo a la proporcionalidad, la necesidad y la especialidad de la actuación. Toda la información que consiguen y sus actuaciones están sometidas al secreto oficial», destacan.

«El objetivo de los independentistas es desprestigiar al CNI como institución del Estado y la caída de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Previsiblemente, Robles no caiga y se acabe cesando como cortafuegos a la propia directora del CNI, Paz Esteban«, afirman. Esteban se puso al frente del CNI en febrero de 2020 en sustitución de Félix Sanz Roldán.

«El Gobierno de Sánchez a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, está siguiendo el relato del supuesto espionaje a los independentistas porque le interesa hacer una ‘limpia’ en el CNI y cesar a Paz Esteban, que aunque vinculada al PSOE, es independiente», añaden.

Recordamos que el titular del enlace con el CNI es el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas. El juez suplente de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia es el magistrado de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez-Arrieta, y previamente lo fue el magistrado de la misma Sala y ex fiscal general del Estado, Julián Sánchez-Melgar.

El artículo 598.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la formulación de la propuesta del magistrado, de las Salas Segunda o Tercera del alto tribunal, competente para conocer de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, «así como del magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad».

Recordamos que en los últimos años se han realizado numerosas investigaciones en Juzgados de Cataluña y en el propio Tribunal Supremo relacionados con la consulta ilegal de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014 o el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Este mismo martes, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, activaba el proceso para incluir en la comisión de secretos oficiales a partidos independentistas como ERC o EH Bildu, que estaban siendo vetados por PP, Vox y Ciudadanos en esta legislatura.

El espionaje de los golpistas a los constitucionalistas

El espionaje que sí se constató fue el efectuado por los Mossos d’Esquadra por orden de los dirigentes golpistas a políticos constitucionalistas de Cataluña, periodistas, Policía Nacional y Guardia Civil. El 6 de octubre de 2017, agentes de la Policía Nacional bloquearon varias furgonetas sin logotipar de los Mossos con destino a la incineradora de San Adrián del Besòs. 

Los agentes requisaron 36 cajas repletas de documentación con informes «sobre actividades o seguimientos de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político. El denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios informes como españolistas, constitucionalistas, etc», así se recogía en otro informe de la Brigada de la Información de la Policía.

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