Caso Popular

Al menos seis consejeros del Banco Popular manifestaron ante notario presuntas irregularidades en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración -de junio de 2017- en la que se acordó la declaración de inviabilidad de la entidad, que acabaría siendo adquirida meses después por el Banco Santander a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de más de 11.000 millones de euros. Así consta en los nuevos escritos que el expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha presentado ante la Audiencia Nacional, y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, para intentar demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho, quien le sucedió en el cargo a finales de 2016. 

La defensa de Ángel Ron solicitó el pasado jueves a la Sala de lo Penal que inste al juez instructor del caso Banco Popular, José Luis Calama, a investigar las actas de manifestaciones entregadas ante notario por los exconsejeros, así como una serie de correos electrónicos intercambiados entre responsables de la entidad presidida entonces por Saracho y asesores legales externos,pertenecientes al despacho Uría Menéndez. Según la versión de Ron, esos documentos acreditarían que al menos desde el 1 de junio de ese año, y presuntamente a espaldas de varios consejeros de la entidad, «ya se estaba preparando el posible escenario de una resolución (de la entidad), elaborando una ‘concreta propuesta de actuación’ y una ‘Nota’ sobre el concepto de inviabilidad» . 

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En un primer escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, la defensa de Ron aludía a un acta de manifestaciones que el fallecido exconsejero del Banco Popular Jaime Ruiz Sacristán entregó ante notario el 3 de agosto de 2017 y en el que «se exponen las presuntas irregularidades de la reunión convocada por el señor Saracho el 6 de junio de 2017, y celebrada el mismo día, por la que se les ‘requirió’ de forma ‘urgente’ para aprobar la declaración de inviabilidad de la entidad financiera». 

Irregularidades en la resolución del Popular

En el acta entregada ante notario, Ruiz Sacristán manifestó que en la citada reunión del Consejo «únicamente se discutió acerca de los problemas de liquidez por los que estaba atravesando el Banco con motivo de la retirada masiva de depósitos en las semanas anteriores». «Dicha iliquidez (sic) estaba generando una situación potencial de riesgo de que el día 7 de junio de 2017 y siguientes el Banco no pudiera hacer frente a sus principales obligaciones y se explicó que era necesaria la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco Español para tratar de frenar la fuga masiva de depósitos», indicaba Sacristán en el acta denunciada ante notario.

A la citada reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco Popular algunos de los consejeros acudieron presencialmente mientras que otros, entre ellos Ruiz Sacristán, asistieron por teléfono. Durante esa reunión estuvieron presentes dos letrados del despacho Uría Menéndez que dieron lectura a una carta que iba a ser enviada al BCE para declarar la inviabilidad o iliquidez del banco, según los escritos presentados por los abogados de Ángel Ron.

«El envío de la carta al BCE, según refirieron tanto el Presidente del Consejo de Administración del Banco como los abogados externos que intervinieron en dicha reunión, era una obligación legal de todos los Consejeros en términos meramente informativos, pero que ello no implicaba, en modo alguno, que se estuviese solicitando la resolución del Banco«, señala el acta notarial aportada por Ruiz Sacristán al juzgado en 2020 y que la defensa de Ángel Ron pide ahora investigar.

Seis consejeros del Popular denunciaron lo mismo

Según Ron, otros cinco exconsejeros de la entidad (José María Arias, Reyes Calderón, José Ramón Estévez, Helena Revoredo y Vicente Tardío) depositaron ante la notaría Luis Pérez–Escolar Hernando un acta de manifestaciones en «idéntico sentido» a la aportada por Ruiz Sacristán. Es decir, alegaban que durante el Consejo celebrado el 6 de junio no se planteó a los consejeros el escenario de la resolución del banco, sino la declaración de inviabilidadmediante una carta al BCE para intentar solventar los problemas de liquidez de la entidad. Esto a pesar de que, siempre según la versión de la defensa de Ángel Ron, la resolución del banco «ya se llevaba preparando en los días previos y era una consecuencia con la que contaban el señor Saracho y su equipo gestor, lo que parece que no fue transmitido claramente a los consejeros, sino solo un problema coyuntural de liquidez».

Los abogados de Ángel Ron pidieron en marzo al juez José Luis Calama que investigue las circunstancias expuestas en el acta de manifestaciones de Ruiz Sacristán y, en particular, la de que «ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el Presidente (…) explicaron, advirtieron o aclararon a los señores consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al BCE podían tener». Ese escrito del difunto exconsejero iba acompañado de diversos e-mails que presuntamente demostrarían irregularidades en la celebración del Consejo que sirvió para acordar la resolución del banco.

Los ‘e-mails’ que Ron pide investigar

En esos correos electrónicos entre Ruiz Sacristán y el entonces secretario del Consejo de Administración de la entidad, Joaquín Hervada, se exponen ponen de manifiesto diversas irregularidades, según la defensa de Ángel Ron. Entre otras cuestiones, correos electrónicos que ahora Ron pide investigar al juzgado revelan que no fue hasta el 28 de junio cuando a los consejeros se les remitió un acta parcial (no completa) de la reunión del Consejo de Administración del Banco celebrada el 6 de junio». Además, no se habría identificado a los letrados del despacho Uría Menéndez que estuvieron presentes en la reunión junto a Saracho y que leyeron -pero no dieron por escrito- un borrador de la carta «previamente confeccionado» que se enviaría al BCE indicando que la entidad estaba en una situación que se concretaba en la expresión inglesa «likely to fail».

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Extracto del escrito enviado por Ángel Ron a la Audiencia Nacional el pasado 8 de marzo

En un escrito de 36 páginas enviado al juez Calama el pasado 8 de marzo, la defensa de Ángel Ron solicitaba toda una batería de diligencias que considera trascendentales, «pertinentes y útiles» para el ejercicio de su defensa y para demostrar que tras su cese, y durante la presidencia de Saracho, la resolución del banco pudo evitarse. Entre otras, solicitaba incorporar a la causa todos los e-mails y comunicaciones internas que acreditarían que la dirección del Banco Popular y sus asesores legales externos maniobraron en los días previos a la reunión extraordinaria del Consejo y fueron abonando el terreno para que se acabase aprobando la resolución de la entidad en lugar de buscar alternativas a los problemas de liquidez que sufría como consecuencia de la drástica caída del valor de sus acciones. 

El objetivo de esas diligencias solicitadas es comprobar si los consejeros del Popular fueron informados adecuadamente del significado y trascendencia de los acuerdos adoptados en el consejo celebrado el 6 de junio de 2017, especialmente sobre la declaración de inviabilidad del banco. Sin embargo, en un auto fechado el pasado 11 de mayo, el juez Calama rechazó las peticiones del que fuera presidente de la entidad asegurando que las mismas se excedían de los hechos en los que indaga en esta causa

Ron recurre la negativa del juez a investigar los correos

El juez instructor, que hizo suya la posición de la Fiscalía al respecto, señalaba en su auto que la finalidad de las diligencias propuestas por el abogado de Ronno son de utilidad ni necesarias por no formar parte del objeto de la investigación. Esto a pesar de que en otro auto del 8 de abril de 2021, el propio juez Calama dijo que no procedía al archivo de las actuaciones solicitado por Emilio Saracho al entender que aún debían practicarse nuevas diligencias para determinar si durante la «etapa Saracho» se podría haber incurrido en un delito de administración desleal o de manipulación del mercado. La defensa de Ron entiende que la resolución del banco es el núcleo de la cuestión.

Ante la negativa del magistrado, el pasado jueves el expresidente del Banco Popular Ángel Ron presentó un recurso de apelación de once páginas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que inste al juez Calama a practicar una batería de diligencias destinadas a comprobar si la declaración de inviabilidad de la entidad «era evitable». Entre otras, pide que se solicite a la notaría Luis Pérez–Escolar Hernando las actas de manifestaciones en los que otros cinco consejeros, al margen de Ruiz Sacristán, denunciaron irregularidades en la celebración de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración del banco en la que se aprobó la resolución de la identidad sin haber sido informados apropiadamente de que eso era lo que se estaba solicitando al BCE. 

A juicio del Ministerio Púbico, al solicitar estas nuevas diligencias, la intención de Ron era únicamente la de introducir en la causa un nuevo hecho como objeto de investigación que, a su juicio, no procedía. «Si lo que cuestiona y pretende con las diligencias propuestas es investigar el acto de resolución y venta del banco, este hecho está excluido del objeto de investigación de estas diligencias», recordaba Fiscalía.

Sin embargo, la representación de Ron incide en que «no puede dudarse de la trascendencia de las diligencias solicitadas, cuya denegación produce efectiva indefensión a esta parte, que no puede, por sus propios medios y sin auxilio del Juzgado, disponer de la información necesaria para acreditar hechos relevantes que pueden demostrar que la resolución del banco se debió a causas producidas a partir de la Presidencia» de Saracho.

Así, y en contra de lo sostenido por magistrado y el Ministerio Público, su letrado aduce en su recurso de apelación que las diligencias propuestas «son pertinentes y útiles, al referirse a las circunstancias en las que los consejeros firmaron la declaración de inviabilidad, previa a la resolución de la entidad, cuyo esclarecimiento resulta relevante para determinar la imputación objetiva del daño sufrido por los accionistas».

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