Cautela en Moncloa

Desde que el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo (TS) confirmara la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), el Gobierno había justificado el hieratismo de su reacción en que se conocía el fallo de la sentencia –nueve años de inhabilitación por prevaricación para Chaves y seis años de cárcel por prevaricación y malversación para Griñán–, pero no el contenido de la misma. Una eventualidad que, de hecho, ponían de relieve para cuestionar el procedimiento inusual del tribunal. Ahora que se ha comunicado el contenido, más de 1.200 folios, la reacción del Gobierno no ha variado un ápice. «Más de lo mismo», dicen fuentes socialistas, que piden «no anticipar escenarios» sobre la eventual concesión del indulto.

El propio Pedro Sánchez se pronunció el martes en una entrevista en La Noche en 24 horas, en la que aseguró que «va a respetar los trámites y los procedimientos, y la decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia». A estas declaraciones se remiten las fuentes consultadas que aseguran que el proceso tiene todavía hitos por delante que superar antes de que la petición llegue formalmente a la mesa del Consejo de Ministros. En primer término, porque Griñán recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional su condena y pedirá la suspensión de la pena de prisiónmientras se ve el amparo. No obstante, para que eso sucediera, primero el Constitucional tendría que admitir el recurso y luego, decidir tal cosa, lo cual, cabe reseñar, que no es habitual, dado que el TC no suele suspende penas de prisión superiores a cinco años.

Si esto sucediera, entraría en juego la petición del indulto que la mujer de José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, ya presentaron alegando su «intachable trayectoria vital, caracterizada por su lucha por la democracia» y que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario». La ley que regula el indulto en España establece que las únicas condiciones para otorgarlo es que exista una condena previa firme y que el tribunal sentenciador y la Fiscalía emitan un informe no vinculante sobre si, por las circunstancias del condenado, consideran acertada o no la medida. No obstante, la decisión final recae sobre el Gobierno, que no tiene porqué ceñirse a dichos informes, como ocurrió en el caso de los condenados por el «procés».

Toda esta burocracia hace que en Moncloa prime la cautela y no se quieran anticipar escenarios que, incluso, podrían trascender –en lo meramente temporal– el horizonte de la actual legislatura. Sánchez, que llegó al poder en 2018 a lomos de una moción de censura, justificada en la sentencia del «caso Gürtel», vive su particular vía crucis con la sentencia de los ERE. En todo caso, la consigna en las filas socialistas es defender la «honorabilidad» de Griñán y asegurar que «no se ha llevado ni un euro». El hecho de que no haya existido «enriquecimiento personal» por parte de los condenados es la forma de poner en valor que la situación no es asimilable a los escándalos de corrupción del PP. Aunque, desde el partido se declara el «respeto a la justicia», inmediatamente se hacen valoraciones críticas con la sentencia, de cuyo contenido, consideran, se deriva que «pagan justos por pecadores», como llegó a señalar el propio presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas defienden que no habrá un pronunciamiento más allá del de Sánchez, en la línea de cumplimiento de la ley, ya que el Gobierno, como con cualquier ciudadano, tiene que estudiar todas las peticiones de indulto que llegan a la mesa del Consejo de Ministros. Sin embargo, esta no es una petición más, es la de un líder socialista de dilatada trayectoria en el partido y con una situación personal complicada.

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