Manuel Marín

Lo irónico es que el Gobierno lo justifica como un avance democrático para la adaptación de nuestras normas a la bonhomía europea. Lo siguiente será la beatificación de los agresores

Para algunos de esos puristas que abundan por la corrección política, la comparación será una aberración. Es lo mismo. Mientras se entienda el símil, será suficiente. Primero se les acusó de agresión sexual. Después la pena y condena correspondientes quedaron rebajadas a un mero abuso sexual, grave pero más inofensivo. Pero no era suficiente. Entonces se maquinaron unos indultos porque los abusos sexuales aún conllevaban penas de prisión, y el Gobierno terminó rebajando la violación a unos simples tocamientos. Lo suficiente para que quedase un escarnio público, pero con los culpables excarcelados. Un tocamiento es grave pero desproporcionado para la cárcel, y tanta desproporción solo podía resolverse enviándolos de nuevo a casa. Lo que se denomina ‘hacer política’.

Pero faltaba el golpe final. Bueno, golpe no, evitemos los desfibriladores para los hiperventilados. La traca final. La idea era brillante: derogar el delito cometido, es decir, la agresión sexual y la violación, para sustituirla por otro concepto y renombrarla, por ejemplo, como ‘magreo libidinoso’. Con los indultos ya se derogaron las conductas delictivas por la vía de los hechos consumados, y ahora es el momento de derogar también el delito que lo permitió, y todo ello, con una falsa coartada de europeísmo barato para penalistas de salón. Blanqueada la conducta, solo resta anular el delito, que no renombrarlo. Desactivarlo, si alguien lo prefiere. Y lo irónico es que el Gobierno lo justifica como un avance democrático para la adaptación de nuestras normas a la bonhomía europea. Lo siguiente será la beatificación de los agresores, al tiempo. 

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Siete son las consecuencias directas de la decisión adoptada por Pedro Sánchez, tal como exigía el independentismo catalán.

Uno. Se desnaturaliza tanto la conducta por la que aún tienen pendientes de comparecer ante los Tribunales españoles dirigentes como Carles Puigdemont o Marta Rovira, que su eventual regreso a España ya no lo será como reos en potencia, sino como héroes del separatismo.

Dos. La derogación de facto del delito de sedición, transformado en unos suaves desórdenes públicos, serán la coartada perfecta para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decrete la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Junqueras y demás acusados de sedición. El varapalo para nuestra justicia está asegurado desde el mismo instante en que el legislador, y el Gobierno, admiten que el delito por el que se les condenó está mal regulado, es abusivo en cuanto a penas, y está mal aplicado.

Tres. La mitificación de que la sedición estaba penada en España muy por encima de otros países. Basta releer un mínimo de derecho comparado para saber que eso es una coartada política del Gobierno y una falacia procesal y penal incuestionable.

Cuatro. Dirigentes como Oriol Junqueras, condenado a trece años de prisión y varios más de inhabilitación, verán cancelada casi de golpe la prohibición de volver a encabezar listas electorales. De la cárcel a los Parlamentos, el camino estará ya expedito. No habrá sido la derrota del separatismo, sino la victoria sobre una injusticia. El relato está prefabricado de antemano.

Cinco. ¿Qué problema juídico se interpondrá desde ahora entre un juez y un ‘alborotador’ para reactivar aquel ‘lo volveremos a hacer’? Será solo una travesura, agravada, desde luego, pero no un delito.

Seis. La derogación de la sedición es una amnistía encubierta, una regulación ‘ad hoc’, un sistema de ‘derecho de autor’ para beneficiar a personas concretas, y no por criterios humanitarios, sino por cesión política. 

Siete. Esta medida es la segunda parte de los indultos, la que permite no ya un blanqueamiento parcial de conductas delicitvas, sino la propia rehabilitación moral de unos reos para que quede vivo el mensaje de que fueron condenados injustamente. Lo dicho. Santos subitos.

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