actividades formativas

Que en España los jueces no tienen formación en materia de género. Que es una vergüenza. Fórmense señores jueces, fórmense», fueron las palabras pronunciadas por la «número dos» del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, en el Congreso esta semana. La judicatura se ha sentido atacada por algunos miembros del Gobierno a raíz de la aplicación de la Ley del «solo sí es sí» y juezas y fiscales lamentan que se esté poniendo el foco en sus estudios. Admiten que hay sesgos, como en todas las profesiones, pero que las instituciones han avanzado a pasos agigantados la última década. Solamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aumentado en un 625% las actividades formativas en materia de género en los últimos diez años.

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En 2002 el Poder Judicial gestionaba ocho actividades formativas orientadas a combatir el machismo y el cupo de participantes fue de 115 integrantes. En 2022 hay 58 acciones formativas en esta materia y las plazas las llenan 1.841 jueces, según los datos facilitados por la institución a este periódico. «Somos pioneros. Yo desde que estoy en el Consejo [hace casi 9 años] he ido a Iberoamérica a explicar lo que hacemos aquí y a Bruselas. Ahí no tenían ni las estadísticas que tenemos nosotros de muertes de mujeres a manos de hombres», expone la vocal del CGPJ Carmen Llombart, que fue la primera mujer en asumir la presidencia de la Audiencia Provincial de Valencia y formó parte del tribunal, por ejemplo, del juicio del triple crimen de las niñas de Alcàsser.

La formación se inicia en las oposiciones (las mismas para jueces y fiscales); más tarde en la estancia en las escuela judicial de Barcelona donde no solo reciben más teoría, sino que durante las prácticas pasan obligatoriamente por juzgados de violencia de género. En España hay 463 específicamente para este tipo de delitos repartidos por el territorio. La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y vocal del CGPJ, Ángeles Carmona, explica: «Es un curso absolutamente interdisciplinar con profesionales de todo tipo. No solo se enseña jurisprudencia, sino que además además hacemos protocolos de declaración de las víctimas para que los jueces tengan sensibilidad a la hora de hacer preguntas, sepan la importancia de la declaración. En definitiva los jueces tienen todas las herramientas, están preparadísimos. No hay ningún país en el mundo que tenga una profesionalización tan preparada como España. De hecho es referente a nivel internacional».

Además, los togados que quieran hacer alguna especialidad (familia, mercantil, contencioso…) están desde 2019 obligados a hacer un curso especializado en violencia contra las mujeres sea cual sea su destino final. Desde entonces son1.467 los que ya lo han recibido. Aproximadamente un 29% de la carrera. Y, por supuesto, el CGPJ imparte programas específicos para los magistrados que vayan a los órganos de violencia sobre la mujer. Allí se ha pasado Jorge Fernández Vaquero 15 años. «La perspectiva de género no tiene nada que ver con absolver o condenar. Tiene que ver con cómo una mujer vive algo», explica el juez.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha repetido casi en cada intervención esta semana Naciones Unidas alerta de que «el machismo puede comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley». Nadie niega la realidad de que en la Justicia hay fallas. «La falta de formación lo que evidencia es un sesgo de género en la práctica judicial, pero no es diferente del sesgo que puede existir en otros ámbitos profesionales», centra Lucía Avilés, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Juezas. Dice ser consciente de que sus decisiones tienen un «impacto en los proyectos vitales de las personas», pero aclara que es optimista. «Donde estábamos hace cuatro años no es donde estamos ahora. El punto de partida fue la sentencia de La Manada. Desde 2018 el Consejo está impulsando un programa de formación bastante potente».

La Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual tiene todo un capítulo (con 10 artículos distintos) dedicados a la formación a nivel docente, educativo, sanitario, de la policía, la abogacía, los forenses… Algo que todas las fuentes consultadas ven como uno de los puntos fuertes de la nueva arquitectura legal, si bien no se muestran dispuestas a que se dé la impresión de que todos estos años no se ha estado haciendo nada. «Yo antes llamaba a esto síndrome de Adán, que ahora será de Eva. Como si ellos acabaran de descubrir la violencia de la mujer. Pero vamos a ver, que llevamos trabajando sobre esto desde finales de los 90. Que tenemos una Ley integran contra la violencia de género desde 2004», reivindica María Tardón, magistrada en la Audiencia Nacional. En 1995 ella se convirtió en la primera mujer de la historia portavoz de una asociación judicial y es, precisamente, una de las profesoras de los cursos de formación que imparte el CGPJ. «Ahora resulta que los jueces somos machistas y no entendemos la vanguardia», afea.

La Ley del «solo sí es sí» ha generado un efecto que el legislador no buscaba con la rebaja de penas a decenas de condenados por agresiones sexuales, pero todas las asociaciones de jueces y fiscales se han revuelto contra las acusaciones de la ministra Montero sobre la Justicia machista. «Yo creo que tanto jueces como fiscales tienen cada vez una formación mejor y de mayor calidad en perspectiva de género. Eso es una verdad impepinable», confirma la fiscal de Sala jefa de violencia sobre la mujerTeresa Peramato. «La Fiscalía está haciendo una apuesta muy importante por formar y se ofrece a todos, no solo a los que participamos en unidades especializadas», remarca. Peramato es una de las mujeres de referencia en la lucha contra el feminismo dentro del Ministerio Público y está trabajando codo con codo con la Fiscalía General para pronunciarse sobre cómo interpretar la nueva Ley y aplicarla siempre en favor de la víctima.

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