el debate

El Gobierno se está sirviendo de todos los resquicios que tiene a su alcance para sortear los controles que retrasan el procedimiento legislativo y aprobar el impuesto a los bancos y a las energéticas cuanto antes. Una vez que la proposición de ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entra en marcha un calendario de urgencia en el que, con el apoyo de sus socios parlamentarios, se limitará el debate y las enmiendas. En la agenda está, como referencia, el mes de noviembre, aunque preocupa que el Banco Central Europeo (BCE) pueda retrasar los plazos marcados para una iniciativa a la que la coalición concede un valor decisivo desde el punto de vista político ante las elecciones autonómicas y municipales de la próxima primavera. Los impuestos no se pueden aprobar por Real Decreto ley, según jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y la fórmula de la proposición de ley, por parte de los Grupos aunque la autoría sea del Gobierno, es otra triquiñuela para reducir también los trámites previos de aprobación de las normas. No hay consulta pública, no hay memoria de análisis normativo, no pasa por otros departamentos ministeriales no se somete a la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios ni al Consejo de Ministros. Ni tiene tampoco que estar pendiente de los informes preceptivos de los órganos consultivos.

Mediante este tramite exprés el Gobierno de coalición aspira a tener lista esta reforma para utilizarla como pancarta movilizadora de su electorado.La previsión es que su toma de consideración por el Congreso se formalice a finales de septiembre. Hay un plazo de 15 días para enmiendas a la totalidad, que las habrá. Se celebra Pleno y la rechazan los mismos grupos que han aprobado su toma en consideración. Entonces, hay otro plazo de una semana de enmiendas, al ser trámite de urgencia, y a la siguiente se celebraría ponencia y luego ya el dictamen de la comisión. Para finales de octubre puede estar aprobado en el Congreso, y para mediados de noviembre en el Senado y pasar directamente al BOE si no se acepta ninguna enmienda.

El problema lo puede plantear el Banco Central Europeo (BCE). Es habitual que se pronuncie sobre los impuestos que pueden afectar a la estabilidad financiera. Debería ser el Gobierno el que notifique al BCE, incluso el Congreso, aunque el organismo regulador puede solicitar dar opinión de oficio. En la última reunión que mantuvo Hacienda con la Patronal bancaria, justo a principios de verano, el secretario de Estado se comprometió a solicitar ese informe al BCE, pero, de momento, no se conoce que se haya hecho ningún movimiento al respecto.

Desde la reforma regulatoria que dio lugar, entre otras medidas, al establecimiento del Fondo Único de Resolución, el BCE se ha mostrado siempre contrario a que se establezcan impuestos extraordinarios adicionales a las entidades financieras para aumentar la recaudación en momentos de crisis. Así se ha posicionado en los casos de países que han planteado impuestos tras la última crisis financiera (Lituania, Eslovaquia, Rumanía, Polonia y Eslovenia). El argumento principal del BCE es que, a diferencia de otros sectores, los impuestos sobre instituciones financieras no deben utilizarse para fines presupuestarios ya que esto supone una carga indebida que podría obstaculizar la concesión de crédito e impactar negativamente en el crecimiento económico. El BCE siempre plantea la necesidad de un análisis exhaustivo de las consecuencias negativas para el sector bancario, que no suponga riesgo para la estabilidad financiera, que no se vea afectada la capacidad de dar crédito y que se valore si podría inducir a cambios en los modelos de negocio.

El presidente del Gobierno se ha mostrado hasta ahora contrario al impuesto a la banca. Pero el giro de posición ha sido paralelo a la asfixia de la presión electoral sobre su partido, después de los malos resultados en las elecciones de Madrid, Castilla y León y Andalucía. Podemos, sin embargo, ha hecho causa con estas medidas como bandera de su discurso contra los poderes fácticos. Un discurso que ahora ha adoptado el PSOE, pese a haber hecho uso de la estrategia de rodear al presidente de los principales referentes financieros y económicos del país desde que comenzó la Legislatura. Estas fotos, que antes utilizaban para respaldar a Sánchez, ahora han quedado vetadas. Y ante un otoño bajo la amenaza de conflictividad social, PSOE y Podemos fían su supervivencia a que cale en la opinión pública el mensaje de que la responsabilidad de la crisis y del empobrecimiento la tienen los empresarios y esos poderes económicos y mediáticos contra los que presumen ahora de enfrentarse.

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