caos comunicativo

Gobierno y PSOE no apoyarán la semana próxima la reforma de los delitos de malversación de caudales públicos, aunque ERC lo introduzca a través de enmiendas en la iniciativa para reformar el Código Penal presentada recientemente por PSOE y Podemos para rebajar las penas por sedición. Así lo adelantan fuentes de Moncloa a THE OBJECTIVE. Aseguran que se trata de una decisión tomada, que no ha querido desvelar públicamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque «el Gobierno no tiene por qué desmentir una iniciativa de los grupos parlamentarios».

El propio presidente Sánchez evitó este miércoles cerrar la puerta a una reforma de este delito en lo relativo a los beneficios de condenados por corrupción. Un extremo que eludió responder en dos ocasiones, manifestando que «no deja de ser curioso que no se ha planteado en el Parlamento ni la pertinencia de este debate, y ya se está hablando de las enmiendas de los grupos parlamentarios». Y añadió: «No conocemos ni las enmiendas. Que se substancie en debate en las Cortes a partir de la toma en consideración de estas propuestas. Debatir sobre lo abstracto, no». 

El jefe del Ejecutivo dejó claro «el compromiso del Gobierno» ante ERC atendiendo a su demanda sobre el delito de sedición, que no solo será revisado a la baja, sino derogado y sustituido por el de desórdenes públicos agravados. Un cumplimiento de su palabra cuyo valor han destacado en los últimos días varios miembros del Consejo de Ministros de forma coordinada, desde Félix Bolaños e Isabel Rodríguez a Margarita Robles o María Jesús Montero. En el Palacio de La Moncloa no obvian la coincidencia en los tiempos del debate parlamentario: la iniciativa se aprobará la semana que viene, al tiempo que los Presupuestos Generales del Estado, y ERC vinculaba el cumplimiento de la palabra gubernamental al apoyo a las cuentas públicas. 

«La polémica tiene poco recorrido», auguran estas fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, «porque la semana que viene se aprueba y solo estará la reforma de la sedición, no la malversación». Algo que, en cierto modo, será «positivo» para el Gobierno porque «después de todas las críticas de los agoreros, no pasará nada». Un efecto globo sonda que habrá servido para amarrar el apoyo presupuestario de sus socios republicanos, pero que ahogará la revisión a la baja de la tipificación de la malversación en el posterior trámite parlamentario de la iniciativa. 

«Caos comunicativo» del Gobierno 

Tanto el presidente como sus ministros evitan de forma calculada descartar su aceptación en el trámite de enmiendas, pero fuentes de Moncloa aseguran que la malversación no se va a tocar cuando se entre en el articulado de la iniciativa parlamentaria. Y son conscientes del «caos comunicativo» generado por el Gobierno el pasado lunes, cuando un coro de voces del Consejo de ministros y el PSOE abrieron la puerta a la reforma de sedición. Entre ellas se encontraba una voz autorizada en debates jurídicos como la juez Margarita Robles. La ministra de Defensa argumentó el pasado lunes en una entrevista en TVE que «no es lo mismo un corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que no». Se trata de «una decisión política del presidente» en favor de la «concordia», añadió Robles, que su compañero Félix Bolaños se comprometió el mismo lunes a estudiar «en profundidad».

Estas afirmaciones provocaron una cascada de críticas externas al Gobierno y una notable inquietud interna, porque ello dejaría en entredicho la lucha contra la corrupción política del PP que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018. Fuentes territoriales del PSOE aplauden la decisión de derogar el delito de sedición pero alertan del «enorme daño electoral» que podría provocar una rebaja de penas por malversación que centró la ofensiva del PSOE en Extremadura contra el presidente popular, José Antonio Monago, por sus viajes con su amante a Canarias con cargo al erario público; la oposición del PSPV contra la corrupción del PP Valenciano en tiempos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps o Rita Barberá; y la Gurtel en el PP de Madrid. 

Se trata además de una modificación que, como publicó este diario, libraría de la cárcel al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Un futurible que también descartan las citadas fuentes de Moncloa. «Griñán va a entrar en la cárcel y no se le va aplicar una rebaja de penas», auguran desde el Ejecutivo, conscientes de que una decisión que implique un trato de favor hacia el también expresidente del PSOE, a quien se le forzó a abandonar el escaño en el Senado y a una suspensión cautelar de militancia, tendría efectos perniciosos en el periodo de precampaña electoral que se avecina para las elecciones municipales de mayo del 2023. 

El discurso catalán 

El Ejecutivo sostiene que el Gobierno está obligado a tomar decisiones políticas que considera que son buenas para su país, pero no si son malas para su partido. Por ello confían en que una reforma del Código Penal limitada a la derogación del delito de sedición y su sustitución por otro de menor reproche penal y carga ideológica tenga efectos positivos en uno de sus principales caladeros de voto: Cataluña. Como adelantó THE OBJECTIVE, los socialistas confían en una victoria del candidato del PSC, Jaume Collboni, en el Ayuntamiento de Barcelona, y son conscientes de que recuperar el discurso catalán apuntala los buenos augurios que predicen sus encuestas. 

Así se explica que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recuperara este miércoles en Bali la verborrea catalana: «Yo heredé un problemón de convivencia en Cataluña y nadie duda hoy  de que la situación en Cataluña es infinitamente mejor que la de 2017, una de las crisis de convivencia más graves que ha vivido este país» con el referéndum ilegal del 1-O y la posterior aplicación del 155 por parte de el Gobierno de Rajoy y el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez. 

Desde el Ejecutivo explican que la revisión a la baja de la tipificación por malversación que pretende ERC supone un beneficio a la carta para los republicanos, pero «solo quieren beneficios para sus cuadros medios en el ámbito municipal, no para los de Junts. Y eso es inaceptable y jurídicamente imposible». Y, pese a ello, el Gobierno no lo descarta en público y lo explica en privado, al menos hasta que concluya el debate parlamentario.

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