La crisis que está causando la invasión de Ucrania y su efecto amplificador del alza de los precios de la energía y de la falta de suministros han dejado a los Planes de Recuperación de los Estados miembros desfasados. Así lo han constatado ya el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en lo que respecta al español. Y de ello son conscientes los Gobiernos, que están presionando a la Comisión Europea para introducir cambios en los Planes, lo que la normativa no permite una vez que están aprobados.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha trasladado en reuniones que la Comisión está «muy preocupada» con esta presión que están ejerciendo los Gobiernos, según ha podido saber Vozpópuli. No descarta que al final tenga que dar manga ancha y permitir ciertos cambios, que espera que sean los menores posibles y que los controles no se vean afectados por la emergencia.

Entre los Gobiernos que están presionando, se encuentra el español, inmerso en la negociación para pedir el pago del segundo tramo, el más voluminoso, de 12.000 millones, con la polémica reforma de las pensiones que las liga al IPC en el punto de mira. Antes de solicitarlo públicamente, se desarrolla una negociación en que se tantea el plácet de la Comisión. Si no lo hubiera, ésta puede detraer fondos y ha recomendado incluso no pedir todo el montante si no se han cumplido algunos compromisos.

Dombrovskis venía mostrando su preocupación con la reforma de José Luis Escrivá antes de que se preparara el plan de respuesta a la guerra y con una inflación 2,2 puntos inferior a la actual, en variación interanual. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acompañó a Escrivá en Bruselas el 14 de marzo para vencer las reticencias sobre la reforma de las pensiones. También acompañó a Escrivá el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, quien ha seguido viajando a Bruselas, según ha podido saber este periódico.

Ahora mismo, el Ejecutivo español sigue buscando la benevolencia de Bruselas con la reforma de las pensiones y la preocupación y el nerviosismo de la Comisión son máximos, según trasladan fuentes próximas a la Comisión Europea. Hasta el momento sostienen que ni siquiera en el marco de la guerra y ante la necesidad que tienen los países de recibir los fondos creen que pueda justificarse un reparto de la inflación como el que pretende el Gobierno español. Este asunto es un tabú ahora en España, con el Ejecutivo reclamando a todo el mundo que asuma parte de la inflación, menos los pensionistas, ni siquiera a los que cobran las pensiones más altas, según ha zanjado sobre esta posibilidad Escrivá.

Pero el problema de la reforma es de fondo y anterior a la guerra e incluso a la espiral inflacionista. Dombrovskis ve la reforma «insostenible». En concreto, el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC. Esta fórmula, que además se pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE, puede no ser del agrado de Bruselas, pero lo único que exige a los Estados miembros es que ofrezcan un mecanismo, un cálculo, que la haga sostenible. Pero no se da el caso.

La OCDE, el FMI, Banco de España, Standard & Poor’s, BBVA y Fedea han denunciado que el citado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, esto es, la subida de cotizaciones de 0,6 puntos, que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador, ni se acerca a garantizar la sostenibilidad del sistema. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos de estos organismos y otros consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones.

La negociación para validar las reformas de un tramo que venció el 31 de diciembre se está alargando y el Gobierno omite el papel que juega la reforma de las pensiones. El 14 de marzo, la propia Calviño trasladó a la entrada del Eurogrupo, tras aludir a que le había acompañado Escrivá, que la Comisión Europea ve con buenos ojos la reforma laboral y el que se haya logrado con un intenso diálogo social. La vicepresidenta primera no dijo ni una palabra de la reforma de las pensiones. El pasado jueves, en una comparecencia en el Congreso para dar cuenta del Plan de Recuperación, la reforma de las pensiones volvió a desaparecer. Calviño dijo que se negocia el segundo tramo y aludió a que a su juicio la reciente aprobación de la Ley de Residuos en las Cortes era clave para poder solicitarlo.

Los plazos y reformas comprometidos con Bruselas muestran un escenario inicial diferente. La Ley de Residuos, que crea los impuestos a plásticos y residuos, es un compromiso del tercer tramo, el que acaba este junio, cuando deberían estar en vigor estos impuestos, junto con una subida fiscal a carburantes. Pero no es condición del segundo tramo, el que se está negociando ahora mismo.

En cualquier caso, el Gobierno ha renunciado a la subida de carburantes comprometida para este junio, según ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y también a que el impuesto al plástico entre en vigor de forma inminente: el Grupo Socialista en el Congreso aceptó una enmienda que retrasa su vigencia al menos hasta enero de 2023.

Retraso ‘sine die’

El Ministerio de José Luis Escrivá ya admite que la primera pata de la segunda reforma de las pensiones se retrasa sine die: la polémica cotización de los autónomos según ingresos reales, que tenía que estar aprobada este junio para entrara en vigor en 2023. Así lo admitió el 4 de abril el secretario de Estado, Israel Arroyo, que lo fió a un largo escenario, dado que la reforma se prevé hacer por etapas y en un plazo de nueve años. La mesa lleva más de un mes parada, con la oposición frontal de la patronal mayoritaria, ATA.

Qué decir de otra de las partes de la segunda reforma de las pensiones, la que quiere alargar el periodo de cómputo para el cálculo, que rechazan frontalmente Podemos y los sindicatos. CCOO y UGT han dicho que no le ponen una línea roja, «sino diez líneas rojas». Esta reforma también debería estar lista en junio.

A todo esto se añade que la crisis por la guerra quita atractivo a los proyectos del Plan, con los precios y los cuellos de botella disparados, según ha advertido la AIReF, sobre los que de momento el Gobierno no plantea actuaciones. Preguntado por este asunto el 11 de marzo, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés lo descartó. A su juicio, el impacto era «moderado de momento», aunque admitió que habría que hacer un seguimiento. Y se remitió al acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de marzo que sí prevé la revisión de los contratos de la construcción en lo que respecta a las materias primas. A este mismo acuerdo se remitió el Ministerio cuestionado de nuevo sobre este asunto el pasado 29 de marzo.

Los únicos cambios que sí plantea el Gobierno al Plan de Recuperación, de procedimiento, los ha metido de tapadillo en el Real Decreto-ley del Plan de Choque contra la guerra, que pretende convalidar sin cambios, mientras el Real Decreto-ley de desarrollo del propio Plan de Recuperación lleva más de un año parado en el Congreso y así la oposición no puede enmendarlo.

El Gobierno también prepara la solicitud de la adenda al Plan de Recuperación de cerca de 70.000 millones de euros adicionales en préstamos.

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