gastar los fondos europeos

El Gobierno está intentando que la Comisión Europea amplíe el plazo límite para gastar los fondos europeos, fecha marcada en el calendario para el 31 de diciembre de 2026, según informan fuentes solventes a Vozpópuli. Por delante, España tiene el reto de ejecutar 77.200 millones de euros a fondo perdido y otros 84.000 millones en préstamos ‘blandos’ y con cargo a los Next Generation EU, cumpliendo un exigente Plan de reformas e inversiones pactado con Bruselas en julio de 2021 y que pretende ampliar antes de que acabe el año a través de una adenda.

De momento, en los dos primeros años de puesta en marcha se han recibido 31.000 millones y se desconoce cuánto ha llegado realmente a la economía y las empresas, pues el Gobierno dejó de proporcionar la información de ejecución en términos de Contabilidad Nacional en agosto de 2021También fue en ese mes la última vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con los consejeros autonómicos para evaluar la implementación del Plan de Recuperación, tal y como adelantó Vozpópuli.

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Todas las reformas e inversiones «deben llevarse a cabo en un corto periodo de tiempo«, ya que el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) prevé que deberán haberse completado en 2026, según consta en la página web de la Comisión Europea. 

El pasado 10 de noviembre, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, deslizó públicamente que la Comisión debería aprobar una ampliación de plazos para la ejecución de fondos como también piden otros países como Portugal, especialmente en el caso de las nuevas inversiones que se incluirán en la adenda al Plan de Recuperación que ahora el Gobierno está preparando para solicitar más fondos. 

El primer paso se dio a principios de mes, cuando los presidentes de ambos países, Pedro Sánchez y António Costa, firmaron una declaración conjunta en la que instaban a la UE a «flexibilizar» el calendario para la realización de las inversiones, tal y como avanzó El Mundo. Las fuentes consultadas por este periódico confirman el papel activo del Gobierno en este asunto ante la lenta ejecución de los fondos. «La Comisión Europea debería estar abierta porque en caso de no hacerlo, la pérdida de oportunidad sería tremenda«, comentan. 

Bruselas mantiene 2026… de momento

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se manifestó al respecto en una entrevista publicada en la Vanguardia el pasado domingo, 13 de noviembre. El mensaje principal es que el programa extraordinario se acaba el 31 de diciembre de 2026, pero, según dijo, «eso no significa que no entienda los argumentos de la discusión». «He sido primer ministro y soy muy consciente de lo difícil que es gastar cantidades tan grandes de dinero en tan poco tiempo. A la vez, hay un argumento muy fuerte para gastar el dinero y hacer las reformas muy rápidamente porque es en este momento cuando son más necesarias», comentó el comisario. 

Bruselas es consciente del problema al que se enfrentan lo países con mayor volumen de fondos como España, pero, de momento, se ciñe al plan establecido, con un horizonte temporal que termina en 2026 «no solo por razones legales, sino porque modificar el mecanismo que permitió emitir deuda sería muy difícil«, sentenció Gentiloni en la citada entrevista. Además, las fuentes consultadas por este periódico mencionan otro obstáculo con el que podría encontrarse el frente común hispano-luso: la negativa de países como Alemania. 

España quiere ampliar los plazos porque no se está gastando el dinero al ritmo esperado. El principal problema que se está encontrando España es de gestión. El Plan está ideado para que todas las administraciones públicas, especialmente comunidades autónomas y ayuntamientos, gestionen 12 puntos de PIB en fondos UE sin apenas apoyo por parte del sector privado y, en muchos casos, con los mismos recursos humanos y técnicos. La otra problemática radica en el lado de las empresas, que han ido perdiendo interés. 

Cerca de 130.000 millones por recibir

Por delante, España tiene el reto de seguir desbloqueando tramos de fondos, algo que sólo conseguirá si cumple las reformas e inversiones que se prometieron en el Plan. Hace unos días envió formalmente la petición del tercer desembolso, por 6.000 millones, que en los próximos tres meses Bruselas debe evaluar, con los hitos y objetivos a los que equivale ese dinero ‘en la otra mano’. 

La mayoría de hitos y objetivos que el Gobierno tuvo que cumplir para desbloquear el primer y segundo tramo de dinero fueron fáciles, pues sobre el papel marcó la aprobación de leyes y Decretos-leyes que ya estaban aprobados y muy avanzados. Sin embargo, el próximo año, cuando se solicite el cuarto desembolso, el Gobierno evaluará reformas clave como la de las pensiones y la fiscal y si se está llevando a cabo un control e inversión real del dinero en proyectos transformadores. 

El ejemplo más claro de que esto último está costando son los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El Ministerio de Industria ha dejado sin adjudicar el 70% del dinero asignado al primer gran proyecto, el del vehículo eléctrico, con el descontento de las multinacionales candidatas a cofinanciarlo, como Volkswagen y Seat. La promesa del Ejecutivo es que antes del 31 de diciembre se habrán adjudicado 1.200 millones de euros a través de los diferentes PERTE que tiene en marcha.

Según la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, los fondos europeos «se siguen ejecutando a buen ritmo» y a finales del mes de septiembre ya se había autorizado un total de 43.686 millones, comprometido 37.213 millones y se habían reconocido obligaciones por 32.900 millones, mientras que 18.920 millones se han transferido a las comunidades autónomas. Sin embargo, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de CEOE, de estos fondos sólo un 10% ha llegado a las empresas.

El Gobierno trabaja ahora en una adenda al Plan de Recuperación con más inversiones y reformas para ‘garantizarse’ más dinero. El Plan de Recuperación sólo tiene en cuenta los 69.500 millones que inicialmente Bruselas asignó a España en forma de transferencias no reembolsables. Este verano se ajustó la cuantía y se determinó que le corresponden 7.700 millones más por haberse recuperado más tarde de la pandemia. Además, tendrá que incluir los 84.000 millones en forma de préstamos que aún no ha solicitado y otros 2.586 millones asignados bajo el plan REPowerEU, impulsado tras la guerra en Ucrania. De conseguir todos los fondos, lo que le faltaría es tiempo para invertirlos.

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