15.000 millones al Gobierno

El incremento de la recaudación por impuestos, debido en gran parte a la alta inflación, no sólo permitirá sufragar por completo el plan anti-crisis del Gobierno (valorado en 30.000 millones por el presidente Sánchez). Además, una vez descontados los recursos que esa iniciativa absorberá, quedará aún disponible un sobrante de 15.000 millones destinado a las arcas públicas.

Es posible afirmar que el Ejecutivo disfrutará de sus propios beneficios caídos del cielo. Se denomina así a las ganancias inesperadas, derivadas de una coyuntura económica excepcional, que Moncloa se afana en atribuir a ciertos ámbitos del sector privado, en especial, a las grandes empresas energéticas. 

Sin embargo, las Administraciones se perfilan como las grandes ganadoras en un año como 2022 marcado por el impacto de la inflación en unos tipos impositivos a los que no se aplicará deflactación alguna, al menos a escala estatal.

A estas alturas del ejercicio, resulta ya factible estimar con notable certeza cuál será la envergadura de ese bonus, en forma de aumento de la recaudación, destinado al sector público. Los datos de ejecución presupuestaria registrados entre enero y el pasado julio sitúan el incremento de los ingresos fiscales en 22.300 millones con respecto al mismo periodo de 2021.

Un resultado extrapolable

Los expertos consultados por elEconomista.es ven razonable que una cifra muy semejante a ésa se logre también en lo que queda de año. Es cierto que es un periodo más corto (cinco meses frente a seis) y que desde el verano se observa cierta ralentización de la economía en su conjunto. Ahora bien, como expone el economista Javier Santacruz, «hay visos de que la posible desaceleración en el rendimiento de los impuestos indirectos se vea compensada por el mejor comportamiento de los tributos directos, especialmente del IRPF y las cotizaciones», conforme se produzcan actualizaciones de convenios en el cierre del ejercicio, dictadas por el mayor IPC.

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De este modo, queda planteada una base firme sobre la que pronosticar que el extra de recaudación que 2022 registrará, en comparación con 2021, se sitúe, como mínimo, en un total que ronde los 44.600 millones en total. 

Esa cuantía resulta más que suficiente para respaldar los 30.000 millones que costarán las medidas para combatir la actual crisis. En esa cifra, según Moncloa, ya están incluidas todos los capítulos como las ayudas para los carburantes, los abonos gratuitos para el transporte público, el bono social eléctrico y la rebaja de los impuestos de la luz, que también se aplicarán al gas.

Si a los 44.600 millones de recaudación extra total en 2022 se restan los 30.000 millones del plan anti-crisis, se obtienen los 15.000 millones de beneficios caídos del cielo que quedan a disposición de las Administraciones.

Reducción del déficit

Desde hace meses, se está demostrando que la acumulación de este remanente supone buenas noticias desde el punto de vista de la contención de los desequilibrios en las cuentas públicas españolas. Sin su influencia, resultaría imposible aspirar a la rápida reducción que, a lo largo de todo este año, muestra el déficit presupuestario. Los números rojos se situaron, ya transcurrida más de la mitad del año en el 2,27% del PIB, muy lejos de la barrera del 5% establecida para el conjunto del ejercicio. Resultaría así posible que el déficit cierre 2022 por debajo de esos cinco puntos porcentuales.

Ahora bien, resulta indudable que el bonus recaudatorio en términos fiscales supone el pago de un alto peaje por parte de los ciudadanos. De acuerdo con el laboratorio de ideas Ostrom, los años acumulados sin deflactar en los tipos impositivos del IRPF suponen un coste de casi 700 euros para cada contribuyente español, y una clara merma de su poder adquisitivo real.

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