La Fiscalía Anticorrupción inició ayer un proceso para investigar los contratos que el Gobierno realizó durante la pandemia, después de que el pasado mes de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentara una denuncia. Se trata de 12 contrataciones y 14 ayudas públicas a dedo porque se produjeron por el trámite de urgencia y, según la querella, se asignaron a empresas que no eran solventes, que nada tenían que ver con lo que vendían o que tenían algún vínculo con miembros del Ejecutivo. El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón -que es quien rubricó el decreto para iniciar las diligencias- llevará personalmente aquellas que tienen que ver con el marido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En total se fiscalizará algo más de 326 millones de euros que salieron de las arcas públicas.

En el documento de la Fiscalía se explica que existen dos tandas de indagaciones. Por un lado, aquellas que tienen que ver con el material sanitario (guantes, batas, mascarillas, gafas, etc) y en las que participaron cinco empresas sobre las que ahora ponen la lupa. Por cada una de ellas se ha abierto una investigación diferente, explican fuentes fiscales, y se trabajará en paralelo para concretar las circunstancias de cada contratación. Según la denuncia presentada por el equipo de Ayuso, algunas de las empresas están relacionadas con el entonces ministros de Sanidad, Salvador Illa, o con el exministro de Transporte, José Luis Ábalos. Los órganos que dirigían fueron los encargados de los pagos. Las cinco pesquisas parejas las llevará el fiscal Luis Pastor quien, sin duda, goza de la confianza del jefe, pues fue a él también a quien encomendó en su momento el inicio de las causa sobre el Rey Juan Carlos I y fue quien viajó hasta Londres para entrevistarse con la empresaria Corinna Larsen por este asunto.

Fiscalía Anticorrupción, contratos investigados
Fiscalía Anticorrupción, contratos investigados FOTO: T. Nieto

El segundo bloque de indagaciones no tiene que ver con contratos Covid-19, sino con dos empresas que, de alguna forma, están relacionadas con los más altos cargos del Ejecutivo. Se trata de Páginas Amarillas soluciones digitales S.A (actualmente BeeDigital), cuyo director de marketing es el marido de Calviño. Con esta sociedad se llevó a término un contrato de 532.400 euros cuando, según la Fiscalía, adeudaban más de un millón de euros a la Administración. La segunda es Industrias Plásticas Playbol S.L que perteneció a los padres de Pedro Sánchez y, si bien la vendieron, ellos continúan siendo apoderados. Las 14 ayudas recibidas por esta sociedad desde el Gobierno ascienden a 64.959 euros. Estas dos líneas las liderará personalmente el fiscal jefe Luzón. Algo que, según todas las fuentes consultadas en Anticorrupción, es del todo inusual. El jefe de esta Fiscalía especial que lucha contra la corrupción está al tanto de todos los procesos, pero no indagaba en ninguno en concreto hasta este año. Ya tiene dos. También él es quien lleva la batuta de la investigación abierta por los contratos que la Comunidad de Madrid contrajo con el hermano de Ayuso. Es una forma de asegurarse de que las diligencias no traspasan las paredes de la sede.

Precisamente a esta causa hizo referencia Luzón en el decreto conocido este viernes. Realizó un paralelismo entre ambas por la trascendencia de indagar en contratos «de indiscutible trascendencia social» porque se salen del dinero de todos los contribuyentes y en un periodo en el que España sufría una gran crisis sanitaria. Por eso, el objetivo último es «esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados por fallidos o fraudulentos se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa».

Los delitos sobre el papel son malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias. Pero hay que dejar constancia de que no existen -como sucedió en la investigación de los contratos a Tomás Ayuso- nombres propios bajo sospecha. Simplemente empresas, en este estadio preprocesal. Además, en este caso concreto dice Luzón que «nada se aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican». Así que los miembros del Gobierno, por ahora, quedan al margen y si a medida que avance la investigación aparecieran tendría que traspasarse el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo que es a quien corresponde.

Las incógnitas a resolver sobre las otras cinco empresas ( Soluciones de gestión y apoyo a empresas S.L., FCS Select Products S.L, Member of the Tribu S.L, Weihai Textile Group Import, Hyperin Grupo Empresarial) tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de su cifra de negocio descomunal de un año a otro. La primera de las citadas pasó de tener un 0 en 2019 a crecer hasta 53 millones de euros por adjusicaciones públicas directas con el Ministerio de Transportes. Otras vendieron material que se pagó hasta un 500% más caro de lo que tenían otros proveedores, o el Gobierno les pagó varios millones sin que llegaran a dar el servicio contratado ni a devolver el dinero.

Esta es la tercera gran investigación conocida que inicia Anticorrupción este año a cuenta del descontrol que se produjo durante los peores meses de Covid-19 en 2020. La primera tiene que ver con el hermano de Ayuso y la segunda con los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

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