El juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test Covid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha interrogado a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes.

El hijo de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. De igual modo, Luceño ha comparecido durante unos veinte minutos y tampoco ha respondido a las partes.

Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid habían solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.

Tras concluir la declaración, el juez ha dictado un auto de medidas cautelares, atendiendo a la petición de las acusaciones populares. Sin embargo, no ha podido notificar formalmente el auto a las partes al irse el abogado del Ayuntamiento de Madrid y el fiscal antes de redactar la resolución.

En su declaración, Medina habría confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el correo electrónico de la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.

La responsable municipal fue la persona que negoció con el socio de Medina la operación para traer el material provisto por la empresa malaya Leno «en el momento más álgido de la pandemia cuando había miles de fallecimientos diarios», tal y como definió el juez en un auto. La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%.

En relación a la comisión que cobró, ha dicho que era «normal» en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción. Además, ha manifestado que el porcentaje lo fijó el empresario malayo preveedor del material.

Al igual que manifestó al fiscal, el investigado ha explicado al juez que conocía a Luceño de operaciones de comercio internacional y que le pidió el contacto de algún cliente.

Dos relojes para la fianza

En la comparecencia de este lunes, Luceño ha depositado dos relojes para que se sume a la fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malaya Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones.

Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malayo que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.

El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve «graves» al tener lugar «en el momento más álgido de la pandemia» cuando había «miles de fallecimientos diarios.

El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico», ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir «grandes remesas de material sanitario fabricado en China».

El hijo menor de Naty Abascal como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.

El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.

En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

Unicamente se le ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.

El papel de Medina en la operación de compra-venta es de facilitador, según él mismo manifestó durante su declaración ante el fiscal. Fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», según la querella del fiscal. Se le facilitó el nombre de Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Area de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid.

Elena Collado está citada a declarar el próximo 9 de mayo como testigo. El PSOE ha pedido al juez que la cite como investigada para que tenga «una adecuada defensa». En su declaración ante el fiscal, Luis Medina afirmó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le «llamó o escribió para darle las gracias» por la donación de 283.000 mascarillas en los peores momentos de la pandemia, afirmando que «no tiene ninguna relación» con él. «Yo del monto total si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, yo me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal», subrayó entonces.

Luceño, el negociador

A Alberto Luceño se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con Elena Collado, ante quien se presentó como un «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

Según las investigaciones, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares —4,6 millones de euros–, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal.

Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros; tres relojes Rolex; doce vehículos de lujo y una vivienda en Pozuelo.

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