Habría que establecer exactamente qué es de peor gusto: soltar un mal chiste a destiempo o censurarlo innecesariamente. La cosa que tienen los malos chistes es que el primero que sabe que son malos es el que los cuenta. No hace falta que vaya nadie a reprenderle. Yo he extraviado décadas de vida en esos segundos eternos que se me alargan como siglos cada vez que me doy cuenta a mitad de broma de que no va a hacer ni puta gracia. Quizá lo mejor de la libertad de expresión sea eso, precisamente. Que cada uno va aprendiendo con su uso qué cosas están bien dichas y cuáles no lo están tanto.

Luego hay chistes, reconozcámoslo, que parecen estar al borde del delito. El truco está en que sean chistes, realmente, y no frases siniestras con las que la gente se ríe incómoda porque no sabe muy bien cómo tomárselas. Que un tío se vanaglorie de violar mujeres puede ser un chiste de mal gusto, por ejemplo. Pero sólo se convertirá en delito en el momento en que deje de ser un chiste. Es todo bastante sencillo. Son las cosas del humor, que pueden hacerte pasar por gilipollas, pero nunca por delincuente.

Partiendo de esa base, conviene hablar de la polémica de la semana. Un youtuberinfluencertiktoker, o como se diga ahora, ha comentado recientemente que varios de sus amigos salen sin beber para poder ligar más fácilmente con las tías más borrachas de la discoteca. Evidentemente, ha ardido Twitter. La cuestión interesante, sin embargo, es la de quienes han reprendido la «bromita» sin saber precisamente si se trataba de una broma o de otra cosa. En estos debates, ya estamos acostumbrados a toparnos con todo tipo de exaltados, gente experta en el todo y la nada, capaz de establecer por su cuenta y riesgo el grado de delictividad o de falta de gracia de cualquier comentario. «‘Sola y borracha quiero llegar a casa’ significa que ‘sólo sí es sí’», ha comentado seriamente la ministra de Igualdad, como si, de alguna forma, el «sí» de una mujer que se ha bebido dos copas pudiese no ser válido y le correspondiese al hombre, siempre sospechoso pero todavía fuente atávica de protección patriarcal, hacerle pasar un test de alcoholemia antes de firmar el consentimiento ante notario.

Que todo rezume un cierto paternalismo puritano no debería desviar nuestra atención, de todas formas. Sobre todo porque lo que se debate es más complejo y, como siempre, la clave está en dónde hemos de poner el límite. Que una persona perfectamente sobria se aproveche de una muchacha alcoholizada hasta el extremo de no poder ni hablar nos parece a todos un delito denunciable. Que varios chavales puedan llegar a jactarse de ello, además, como si fuese algo perfectamente normal y hasta gracioso, es preocupante. La cuestión es si realmente se jactan de ello o si se refieren a otra cosa mucho más cercana al juego de ligoteo que siempre ha reinado en el mundo de la noche. Porque, seamos serios, tampoco es cosa de pecar de ingenuidad. Y que una mujer perfectamente consciente de lo que ha hecho pueda llegar a tener a mano la posibilidad de condenar mediáticamente al feo con el que se acostó ayer por no ir tan ciego como ella comienza a parecerse a un juego más bien siniestro.

Evidentemente, tampoco han faltado quienes han aprovechado el momento para hablar de Vox, de Castilla y León, de la nueva ley de violencia intrafamiliar y de la amenaza de la extrema derecha, enemiga de los derechos de las mujeres y arquitecta en potencia de una sociedad futura estilo El cuento de la criada. Su concepción, cómo no, parte del machismo intrínseco de este mundo en el que los hombres deben demostrar su inocencia siempre porque las mujeres, pobres ellas, son eternas víctimas en potencia. Desde esa perspectiva, se entiende que les cueste tanto comprender a quienes no compran la totalidad de su discurso acerca de la violencia de género. O a quienes, simplemente, prefieren leyes más genéricas, que condenen todo tipo de violencias en base a la gravedad de la agresión y no a las cualidades del agresor. Eso que siempre se ha dado en llamar una ley justa, vamos, que no de pie a posibles desigualdades de derechos entre personas en función de su sexo, de su raza o de su nivel social. Aquello, en definitiva, que se suponía que velaba nuestra Constitución.

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