Es hasta chistoso.

No hay que ser un lince para constatar que en El País, Cadena SER, LaSexta, RTVE y el montón de medios de comunicación financiados desde La Moncloa, así como entre los tertulianos del ‘pesebre oficial’, el afán de transparencia y la indignación ante la corrupción solo se activan cuando el mal afecta al Partido Popular.

¿Qué contactos permitieron a una empresa sin actividad conocida llevarse a la sombra del socialista Illa un contrato de Fomento de 53 millones de euros para comprar mascarillas?

¿Qué trayectoria tenía la empresa de Hong Kong que, con la bendición del Gobierno Sánchez facturó a Sanidad 200 millones de euros por las dichosas mascarillas?

¿Quiénes fueron los intermediarios de esas operaciones y por que todos eran amigos del PSOE o el PSC?

¿Hubo comisiones millonarias o sólo se las ha llevado el marido de la vicepresidenta Calviño?

¿De cuánto dinero hablamos en relación con Playbol y los padres de Pedro Sánchez?

Que parte de la culpa la tiene un PP, que jamás ha sido capaz de articular una política de comunicación coherente salta a la vista, pero a eso se suma que que la izquierda en general y el PSORE en particular juegan mejor sus cartas.

El último ejemplo lo tenemos el alcalde de Madrid, que este 16 de abril de 2022 fue denunciado por un ‘ciudadano’ en el juzgado de guardia número 39 de Madrid por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 408 del Código Penal.

En otras palabras: por no haber denunciado en su momento la presunta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño.

Ambos ganaron casi seis millones de dólares en comisiones, vendiendo mascarillas y otros efectos sanitarios al Ayuntamiento capitalino en los peores momentos de la pandemia.

Un contrato con el que la pareja se embolso el 44,5% del total de la operación, según reconoció Luceño en su declaración ante Anticorrupción, pero que en su día aplaudieron tanto PSOE como Podemos.

Sobre el papel y basta ver los titulares de la ‘prensa apesebrada’ y los comentarios en las cadenas de televisión ‘cautivas’, se trata de un paisano, indignado y responsable, que da un paso adelante y trata de empapelar en los tribunales a José Luis Martínez-Almeida.

Pues nada de eso. Todo es teatro, porque el tipo se llama Fernando Pamos de la Hoz y es el abogado penalista que se encargó de la defensa del PSOE en 2003, después de que los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid en lo que se conoció como el tamayazo, que llevó a la celebración de nuevas elecciones y al triunfo arrollador de Esperanza Aguirre.

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