Primero en Bruselas, después en Barcelona y finalmente en Madrid. La Generalitat de Pere Aragonès ha desplegado una prolija estrategia de denuncia por el espionaje llevado a cabo a través de la herramienta Pegasus, que solo pueden comprar gobiernos, y que ha afectado al propio president y a varias decenas de cargos independentistas y su entorno. Con todas las miradas posándose sobre el CNI, el Gobierno trata de apaciguar a los socios del Ejecutivo y fía al “diálogo” con el Govern zanjar la crisis que ha llevado a ERC a amagar con retirar su apoyo en la tramitación de algunas leyes importantes. La vista está puesta en el decreto ley del plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que se vota en el Congreso la próxima semana.

“Congelar las relaciones significa actuar en todo el campo de acción que tiene el Govern pero el partido y la capacidad de dar o retirar mayorías en el Congreso también forma parte de las palancas que ERC tiene en su mano”, explican fuentes del partido. Desde el propio entorno de la Presidencia de la Generalitat los ánimos han ido cambiando a lo largo de la semana. Si bien en un primer lugar evitaban pronunciarse sobre si el grupo en la Cámara baja podía poner las cosas más difíciles, este jueves ya hablaban abiertamente de que la “crisis de confianza” se ha extendido a todos los ámbitos y aseguraban que el importante decreto económico que se votará la próxima semana podría ser la primera consecuencia del choque.

Si las cosas siguen como hasta ahora, no solo el paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania podría tambalearse. También el resto del calendario legislativo, que en este momento pasa por una ley de vivienda con la que ERC también había marcado distancias pero que finalmente apoyó tramitar, o la reforma de la ley mordaza, que también espera turno para su tramitación tras una larga negociación entre los grupos del Gobierno y sus socios. La ley de memoria histórica también quedó aparcada en su momento por las reticencias de los independentistas.

En Moncloa evitan ponerse en ese escenario por el momento. “No nos ponemos en la semana que viene”, afirman fuentes consultadas que apuntan a la labor de interlocución que se está llevando a cabo y que, a través de ella, se pueda “desengrasar” la situación y reconducirla. “Por nuestra parte no hay nada roto”, reiteran. “Estamos intensificando el diálogo y la interlocución institucional que es la vía que se ha demostrado eficaz”, señalan fuentes del ala socialista del gabinete.

El encargado de pilotar las conversaciones con el Govern es el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Pero, por ahora, las explicaciones que le ha trasladado a la cúpula de ERC son insuficientes. “Es un caso extremadamente grave y que necesita de transparencia. Es imprescindible que el Gobierno abra una investigación interna con supervisión independiente”, ha declarado este jueves Aragonés a las puertas del Congreso, donde se ha reunido con las fuerzas afectadas por el espionaje y también con Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición.

Lo que reclama Aragonés, pero también Unidas Podemos, son unas explicaciones que Moncloa no ha dado bajo el argumento de la seguridad nacional. De hecho, se remite a una comisión parlamentaria que está bloqueada por los vetos cruzados en el Congreso y en la que, a puerta cerrada, el Gobierno rinde cuentas sobre las actuaciones del CNI. Pero en Moncloa sostienen que están en contacto con la Generalitat. 

El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha asegurado que ha trasladado esa “preocupación” por canales privados. No obstante, lo que desliza es que el asunto viene heredado de los tiempos del PP y que el espionaje procede de “elementos policiales” fuera del control judicial y a las “cloacas del Estado”. En Moncloa sostienen que “no hay nada que ocultar” y que el CNI ha actuado siempre dentro de la legalidad y bajo autorización judicial. Con ese clima, el jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, comparecerá el lunes en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso. El PSOE descarta tanto esa investigación interna como la comisión que han presentado las fuerzas nacionalistas en el Congreso para aclarar lo ocurrido mientras que el asunto ha traspasado ya las fronteras y el Parlamento Europeo ha iniciado una revisión de los móviles de los parlamentarios tras el escándalo del espionaje a los líderes independentistas.

Pero Aragonès reclama que las explicaciones vengan directamente de Sánchez, con quien quiere mantener una reunión. Por ahora se han intercambiado algunos mensajes, que para el Govern han sido del todo insuficientes. “Se remiten a las buenas palabras y a las negativas que dan en público, pero eso no les va a valer esta vez”, explican desde el entorno del president, donde insisten en la necesidad de que los jefes de los ejecutivos hablen “cara a cara”. Moncloa no descarta que se llegue a producir un encuentro, aunque aleja ese escenario todo lo posible porque sería darle una entidad al escándalo que ha tratado en todo momento de minimizar. “Lo importante es la interlocución y la voluntad de diálogo”, señalan fuentes gubernamentales: “Las concreciones ya se verán”.

Desde Moncloa han afirmado en todo momento que “no se va a romper nada en lo institucional” por este caso y sostienen que la interlocución con la Generalitat sigue a nivel técnico. “Vamos a seguir trabajando para restablecer la confianza”, aseguraban el martes. Sin embargo, 48 horas después, Aragonés ha reconocido que su nivel de confianza en Sánchez es “cero”.

Al inicio del llamado ‘CatalanGate’, en el equipo del president se impuso la tesis de encarar el escándalo con un mensaje contundente pero que huyera de la hiperventilación. Por ello, el jefe del Govern evitó en su primera intervención hablar de mayorías parlamentarias o de proyectos estratégicos como los Juegos Olímpicos de Invierno. En el Palau esperaban una reacción inmediata del Gobierno central pero, lo que han encontrado, en palabras de Aragonès, ha sido una respuesta “contraproducente”. En vista de esto, el equipo republicano se prepara para aumentar la presión en los próximos días y, si no llegan pasos convincentes, incluso semanas. “El PSOE esta calibrando muy tarde la gravedad del asunto y si esperan que se diluya como si nada, todavía se equivocarán más”, aseguran desde Esquerra.

Pese a la amenaza de ERC y el paulatino endurecimiento del mensaje de Aragonès en los últimos días, tanto el Govern como el partido tratan de medir bien sus palabras para no abrir una crisis que no tenga vuelta atrás. El president habla constantemente de “recuperar” la confianza y de obtener unas explicaciones que permitan restablecer relaciones cuanto antes, tratando así de preservar la relación de diálogo que se ha convertido en la principal seña de identidad de una Presidencia de la Generalitat que aún no ha cumplido un año.

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