ERC exprime el chantaje

El presunto caso de espionaje a 65 personas implicadas en la causa independentista ha llegado demasiado lejos. Mientras el Gobierno intentaba minimizarlo, restando importancia a las reclamaciones de las fuerzas soberanistas que apoyaron a Sánchez en su investidura y le han dado respaldo parlamentario, la bola del escándalo ha engordado alimentada por las incógnitas, las declaraciones desafortunadas, las actitudes soberbias de unos y el victimismo, de otros.

Es en este caldo en el que se ha cocido una oportunidad preciosa para el soberanismo, liderado por ERC, de presionar al máximo al Gobierno. El decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, clave para que el Ejecutivo evite un incendio en la calle azuzado por el alza constante de los precios, pende de un hilo. Y tras él, el resto de iniciativas legislativas del Ejecutivo.

Sus socios habituales, aquellos a los que el presidente siempre ha dado un trato preferencial porque así le convenía, son ahora los que forman un frente en su contra y los que le han dado un ultimátum que expirará hoy, justo cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llame a los diputados a votación.

El miedo del Gobierno a ver tumbado su decreto es tal que no sólo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se apresuró a abrir contactos urgentes con PP y Cspara intentar amarrar la convalidación de la norma por vía alternativa comprometiéndose incluso a tramitarlo como proyecto de ley, sino que el propio Sánchez canceló su viaje a Polonia y Moldavia para tomar cartas en el asunto si fuera necesario.

Los compromisos que este domingo adquirió el Gobierno por boca de Bolaños no han sido suficientes para aplacar el ánimo del bloque soberanista –ERCBildu,JxCat,PDeCATBNG y CUP– al que, por cierto, también se ha sumado en alguna de sus reclamaciones el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, deseoso de saldar viejas cuentas con la ministra de Defensa, Margarita Robles, responsable directa del CNI al que se atribuye el espionaje.

Estas fuerzas reclaman al Gobierno la creación de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar el que ya se conoce como caso Pegasus, en referencia al nombre del software espía infiltrado en los dispositivos móviles de los afectados, señalar a los responsables y proceder a las oportunas dimisiones.

La primera cabeza que exigen es la de la titular de Defensa que, este miércoles, en el Congreso encrespó aún más los ánimos con la respuesta que dio a la diputada de la CUP, Mireia Vehí: «Yo le pregunto qué tiene que hacer un Estado y un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas y realiza desórdenes públicos, cuando alguien tiene relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania».

Ésta fue la gota que colmó el vaso tras una semana de crecientes amenazas en la que ERC, la fuerza más potente del secesionismo, se ha preparado para demostrarle a Sánchez que está dispuesta incluso a comprometer la estabilidad del Gobierno y la continuidad de la legislatura. Los republicanos han desempolvado su perfil más beligerante, el mismo que exhibieron en 2019 para tumbar los Presupuestos y abocar a elecciones, o el pasado febrero para rechazar la reforma laboral.

La formación presidida por Oriol Junqueras está decidida a no colaborar con la aprobación del decreto de medidas por la guerra en Ucrania -como ayer sugirió su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián– y certificar así que abandona definitivamente su condición de socio preferente del PSOE para lo que reste de mandato.

Su segundo flanco de ataque pasa por intentar forzar, apoyándose en Podemos, el cese de Robles. Por primera vez, ayer, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, puso nombre a la cabeza que reclama desde que se destapó el presunto espionaje.

Las palabras de Robles en el Congreso reivindicando el derecho del Estado a controlar las maniobras del secesionismo fueron para Aragonès la demostración de que el Gobierno está tras las escuchas y a ello se agarró para exigir su cese. «La ministra debe asumir responsabilidades porque el CNI le compete a ella. Si no lo sabía, por incompetente. Y, si lo sabía, por vulnerar los principios democráticos más básicos».

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