ERC y el PNV amagan

El Gobierno lo llama negociación. La oposición, subasta. La cuestión es que, con permiso del debate del martes en el Senado con Alberto Núñez FeijóoPedro Sánchez se adentra en una semana clave para los Presupuestos. Unas cuentas públicas cuyo realismo, no obstante, ha quedado en cuestión tras las previsiones hechas públicas por el FMI, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Desde este lunes desfilarán por las comisiones del Congreso ministros y secretarios de Estado para desgranar las partidas de sus departamentos; y el próximo viernes termina el plazo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas a la totalidad.

Los que lo hacen dan un paso en teoría reversible, pero en la práctica casi decisivo. Tradicionalmente, los grupos que enmiendan la totalidad de los Presupuestos después no votan a favor de las cuentas públicas. Es ya una declaración de intenciones. Las enmiendas a la totalidad se debatirán y votarán la semana siguiente, los días 26 y 27 de octubre.

Por tanto, llega el primer examen para los últimos Presupuestos del Gobierno de coalición; si es que los escaños no les dan para repetir alianza tras las elecciones generales de diciembre de 2023.

El PNV y ERC llevan días amagando con presentar sendas enmiendas a la totalidad y borrar la sonrisa a Pedro Sánchez, que está muy crecido y seguro de sí mismo (demasiado, a decir de sus socios parlamentarios). El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, se lo trasladó así de claro al presidente el pasado jueves en el Congreso: «A ustedes les resta una semana para exponer los Presupuestos en comisión y dialogar en la búsqueda de un acuerdo para sacarlos adelante y nosotros tenemos una semana para pensar si mi grupo interpone o no una enmienda de totalidad a esos Presupuestos», sostuvo Esteban.

Solo unas horas después, Instituciones Penitenciarias comunicó el traslado a las cárceles vascas de otros 11 etarras, entre ellos el asesino del empresario vasco Ignacio Uría, cercano al PNV. Irónico. El mensaje político, en cualquier caso, no iba tanto dirigido al partido de Andoni Ortuzar como a Bildu, el único apoyo que creer tener garantizado el presidente a esta hora. Su socio imprescindible en el último año; el que quiere a Sánchez en la Moncloa no hasta finales de 2023, sino hasta finales de 2027 (palabra de Mertxe Aizpurua).

En el caso de ERC, los socialistas no se crean que vaya a presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, ni remotamente. Y este año menos que nunca, con Pere Aragonès subido a una cuerda floja desde que Junts abandonó la Generalitat (empujada por su militancia). No obstante, los republicanos recuerdan al Gobierno que ellos pueden vivir con las cuentas prorrogadas de 2022. Y le sugieren: «Que no nos ponga a prueba».

Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, avisó el jueves a Sánchez en el hemiciclo de que la negociación no puede navegar hacia buen puerto mientras siga habiendo causas judiciales abiertas contra los responsables del procés. La famosa «desjudicialización» a la que el Gobierno se ha comprometido con Esquerra en la llamada mesa de diálogo.

E introdujo Rufián otro elemento que también atañe a Bildu: «No sabemos si serán los Presupuestos más sociales de la historia de la humanidad. Eso lo seguirán diciendo por tercer año consecutivo. Lo que sí sabemos es que serán los Presupuestos más militaristas de la historia». A ver cómo el Gobierno hace pasar por ese aro a independentistas vascos y catalanes.

En el Ejecutivo hacen números y se conforman con encajar, solo, siete enmiendas a la totalidad de sus Presupuestos: las del PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias, Junts per Catalunya y la CUP. Las mismas que el año pasado. Aunque a última hora puede sumarse una octava del BNG, cuya líder está muy enfadada con el presidente. Según Ana Pontón, las cuentas públicas de Sánchez «discriminan» a Galicia. Aunque también se ha mostrado dispuesta a negociar… a un módico precio.

El que ya está entregado a la causa es Teruel Existe, desde que el jueves el presidente anunciara en el Congreso la puesta en marcha de las ayudas a las provincias más despobladas: Teruel, Soria y Cuenca. En realidad, fue un compromiso que Sánchez adquirió con el diputado Tomás Guitarte hace casi tres años, cuando el voto del turolense decantó la balanza a favor de la investidura del presidente en enero de 2020.

La ministra de Hacienda considera que también serán fáciles de convencer Compromís, Más País y el PRC. El PDeCAT tal vez un poco menos, pero caerá –cree–. Por lo pronto, esta semana el PSOE se ha abierto a negociar con los catalanes medidas para luchar contra la ocupación ilegal, como reclamaban los de Ferran Bel.

Ahora que empieza la negociación en serio, veremos circular por las carreteras secundarias a los Presupuestos asuntos como la Ley de Vivienda, el traspaso de los Cercanías y de la caja de la Seguridad Social al País Vasco, la conversión de los impuestos temporales a la banca y a las energéticas en permanentes, más inversiones verdes… por pedir que no quede.

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