En defensa de los jueces

Vivimos tiempos aciagos. La estructura democrática de nuestro país se está viendo comprometida por el ímpetu autocrático de un Gobierno empeñado en desdeñar el imperio de la ley y someter a quienes son garantes de su aplicación: el Poder judicial.

Los ataques a la magistratura cada vez que emiten resoluciones que el Ejecutivo de coalición considera contrarias a sus intereses se han convertido en el pan nuestro de cada día. Sólo las decisiones judiciales que coadyuven las necesidades gubernamentales merecen la etiqueta de justas, mientras que las que resulten condenatorias o desestimatorias de sus pretensiones no sólo no se respetan, sino que ni tan siquiera se acatan.

El sanchismo, sus apoyos y sus socios han institucionalizado eso que ellos llaman lawfare, que viene a ser una suerte de uso torticero de los instrumentos legales y judiciales para conseguir a través de ellos un resultado distinto al contemplado por la norma, pero respetando la apariencia de legalidad. Este artefacto peronista es el que les habilita discursivamente para acusar a los togados de atentar contra la democracia cuando condenan a los representantes de La Gente o dejan sin efecto alguna de sus ocurrencias legislativas. 

La finalidad perseguida no es sólo la de presionar o amedrentar a los jueces, sino la de desnaturalizar su función como contrapeso. Para ello, necesitan instalar en el debate público la idea de que existe un brazo judicial de la derecha del que forman parte un buen número de magistrados, a los que regalan calificativos como franquistas, fascistas y machistas. Mas se trata de un burdo pretexto para legitimar la intervención del Ejecutivo en una esfera que le es ajena, situándose como una última instancia judicial cuya competencia es corregir las sentencias desfavorables de los tribunales, bien sea mediante el indulto, bien mediante la reforma de la ley.

«No obraron mal los que cometieron los delitos sino los tribunales que los condenaron»

La concesión de los indultos a los golpistas catalanes o a las mal llamadas madres protectoras constituyó un ataque al poder judicial. La derogación del delito de sedición para despenalizar los referéndums secesionistas es un ataque al poder judicial. La reforma del delito de malversación que se está preparando también es un ataque al poder judicial. Una ofensiva no sólo para consumo interno sino también europeo cuya finalidad última es garantizar impunidad a aquellos miembros del partido o socios del Gobierno a los que la justicia impuso condenas: no obraron mal los que cometieron los delitos sino los tribunales que los condenaron.

La campaña de desprestigio contra el poder judicial ha alcanzado cotas tan delirantes como preocupantes durante las últimas horas, tras evidenciarse las nefastas consecuencias de la aplicación de la ley estrella del ministerio de Igualdad, la del solo sí es sí. La que estaba llamada a ser la reforma punitiva más feminista de la democracia, ha resultado ser una herramienta portentosa para rebajar las condenas a muchos agresores sexuales, cuando no directamente para sacarlos a la calle. 

Se embarcaron en una modificación del Código Penal del todo punto innecesaria fundada en una campaña bochornosa de mentiras y falacias, que consiguió que la técnica legislativa y el rigor jurídico fueran relegados por el eslogan activista. Las consecuencias de esta irresponsabilidad, aprobada por una mayoría holgada en el Congreso (todos salvo el Partido Popular y Vox), las vamos a pagar todos los españoles. Y, lamentablemente, no hay forma de revertir sus efectos.

La infausta ley del solo sí es sí es un bodrio. Lo avisamos muchos operadores jurídicos, también el Consejo General del Poder Judicial. Entre los muchos problemas e inconsistencias que advertimos, estaba el de la revisión a la baja de condenas firmes como consecuencia de la rebaja de las penas mínimas operada por la reforma. La ministra Irene Montero, su secretaria de Estado y el séquito habitual nos desmintieron: aseguraron que ninguna rebaja se iba a producir y afirmaron que nos dedicábamos a esparcir propaganda machista. 

Pues resulta que la que hacía propaganda era ella y que los que apuntábamos a los efectos de la reforma no éramos más que profetas de lo evidente. Pero como buenos populistas, no pueden consentir que la realidad comprometa su ideología, así que han pasado de señalar a los abogados para poner en la diana del machismo a los jueces. Quienes les acusan de no resolver con perspectiva de género, de interpretar torticeramente la ley o de no estar lo suficientemente formados son unas señoras sin formación jurídica cuyos currículos no resultan útiles ni para su uso en un orinal canino. La única de la corte de Igualdad con conocimientos de derecho, la Sra. Rosell, hace tiempo que los enterró y arrastra la toga por el barro de las estancias ministeriales.

«La retroactividad de la pena más favorable está consagrada en el artículo 2 del Código Penal»

Lo cierto es que recurrir al machismo es mucho más simple como eslogan propagandístico que intentar exponer los motivos por los que la aplicación de la ley determina una rebaja de penas para los delincuentes ya condenados. Como soy de las que piensa que la verdad es la némesis de la demagogia, voy a intentar explicarlo de una forma comprensible para el común de los mortales recurriendo a un ejemplo sencillo: si la pena contemplada en el texto anterior para uno de los delitos oscilaba en una horquilla de entre 8 a 12 años, el ahora vigente la ha ampliado a entre 6 y 12. Dado que la retroactividad de la pena más favorable está consagrada en el artículo 2 del Código Penal, aquél que en su día fue condenado a la pena mínima, 8 años, la verá rebajada ahora a 6. Ello sin perjuicio de que también se han despenalizado algunas conductas, como los actos de carácter sexual realizados con persona mayor de 16 años y menor de 18 mediando engaño o abuso de posición de confianza o autoridad, que antes se castigaba con una pena de entre uno a tres años y ahora ya no es delito.

Si la voluntad del legislador era rebajar las penas mínimas, como evidencia lo aprobado por el Congreso, existían fórmulas para impedir la retroacción de la pena más favorable: la inclusión en el texto de una disposición transitoria que no reputase como más favorable la pena anterior siempre que se encontrase dentro de la horquilla actual. Siguiendo con el ejemplo: como la condena fue de ocho años, y ésta está comprendida dentro de la nueva horquilla de seis a doce, el reo no hubiese podido beneficiarse de la minoración punitiva operada por la reforma. De esto también se les informó, pero como la humildad no es el fuerte de quienes nos gobiernan, recurrieron otra vez al menosprecio y al insulto.

La estulticia ha llegado al BOE y sus consecuencias son, me temo, inevitables: aunque se reformase o derogase la ley del solo sí es sí, esto no revertiría las rebajas de condenas que se produzcan mientras esté en vigor, precisamente porque tanto la Constitución como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagran la irretroactividad de la ley penal desfavorable.  

La causa que subyace tras la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales no es, efectivamente, el machismo judicial, sino la ineptitud legislativa. Los jueces se limitan a aplicar las leyes que emanan del Parlamento y responsabilizarlos o presionarlos para que resuelvan en la forma en la que el Ejecutivo considera adecuada no sólo implica desconocer cuál es su función, sino que nos asoma al abismo del totalitarismo. Jamás olviden que lo que separa a un Estado democrático y de derecho de una dictadura es, precisamente, la existencia de contrapoderes. Aguanten, señorías.

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