El Gobierno ignora de forma sistemática algunos avisos de sus servicios diplomáticos sobre el nuevo procés separatista que, en su opinión, alientan las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior, según ha sabido Vozpópuli. El Gobierno catalán ha anunciado la apertura en mayo de sedes en Japón, Corea del Sur, Andorra y África Meridional. Y sumará 18 en todo el mundo. Además, ultima una nueva versión de Diplocat, el servicio diplomático catalán cerrado con el 155 tras la intervención de la autonomía catalana en 2017.

El Ministerio de Asuntos Exteriores creó un andamiaje interno para desmontar el mensaje independentista en el extranjero y prevenir a los autoridades de cualquier país sobre el relato sesgado de las autoridades separatistas. Todo esta arquitectura, que creó el PP y mantuvo y amplió Josep Borrell cuando estuvo al frente de esta cartera, ha desaparecido por completo desde que Pedro Sánchez se apoyó en el independentismo catalán para su investidura. «Hay embajadores que han informado de acciones o reuniones improcedentes de los delegados catalanes y ni siquiera han recibido contestación del Ministerio», señalan fuentes consultadas por este diario.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares se asegura que las embajadas españolas «en este y en cualquier caso» tienen la «misión de defender siempre los intereses de España y de los españoles». «Todo ello, dentro del objetivo de velar por el principio de unidad de la acción exterior«, dicen fuentes diplomáticas.

Los ataques del ‘procés’ al Estado

La dependencia del Gobierno Sánchez de los votos de ERC y las formaciones separatistas ha permitido la reconstrucción del sistema exterior de la Generalitat. El objetivo de estas instituciones es supuestamente fomentar los intercambios comerciales, pero la lista de agravios públicos contra España de los equipos que dirigen estas delegaciones no deja de crecer

Es un «proselitismo» similar al de los años previos al estallido del procés. Los delegados catalanes manejan agendas propias y sus mensajes en medios de comunicación, cuando acceden a ellos, mezclan, por un lado, el cuestionamiento de la calidad democrática de España. Y, por otro, la defensa de un referéndum de independencia en Cataluña. 

La delegada adjunta de la Generalitat en la Unión Europea compareció hace un mes en el Parlamento de Flandes (Bélgica), donde comparó a España con Rusia en plena invasión de Ucrania . «No podéis decir a los ucranianos que son los campeones de los valores europeos y, cuando España nos pisotea, mirar hacia otro lado», dijo Erika Casajoana.

Lleïr Dabán, delegado de la Generalitat en México, concedió a principios de abril una entrevista a un diario panameño llena de ataques a la democracia española. «Hoy, al igual que con la dictadura franquista, a partir del 2017 tuvimos en Cataluña exiliados y presos políticos«, dice. Según explica Dabán a ese periódico, la mesa de diálogo entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat tiene dos puntos prioritarios: «La amnistía total a exiliados y presos políticos y un referéndum vinculante«.

El espionaje a los líderes del procés

El último episodio que ha supuesto el despliegue de la acción exterior catalana contra el Estado es el del supuesto espionaje a los líderes del procés. Según un estudio, hasta 60 personas, entre dirigentes políticos y sociales del independentismo, fueron espiados con el sistema de infiltración de teléfonos móviles Pegasus. La reacción del independentismo, una vez más, ha sido salir fuera de España a denunciar una especie de persecución antidemocrática. 

El Gobierno ha negado cualquier implicación del Gobierno en este caso. Y ha insistido en que en España solo pueden llevarse a cabo tareas de espionaje «al amparo de la ley». «Aquí no se espía, no se intervienen conversaciones ni informaciones si no es al amparo de la ley y el derecho«, dijo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

La amenaza de ERC de retirar su apoyo parlamentario a Sánchez ha forzado una reunión de urgencia este domingo en Barcelona, a la que ha acudido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Su Ministerio ha anunciado cuatro mecanismos para esclarecer las denuncias de espionaje a través del software Pegasus.

El Gobierno abrirá un «control interno» del CNI, a petición de este mismo organismo», y la «constitución de manera inmediata» de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que comparezca la directora del CNI, para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno. Además ha constatado «plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo» sobre el caso. Bolaños, por último, no ha descartado desclasificar información si es necesario.

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