Hoy Alberto Núñez Feijóo recibirá a sindicatos y empresarios en la sede nacional del PP. Mañana presidirá la reunión del Comité Ejecutivo del partido. Y, ejecutados estos trámites, el líder de la oposición remitirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento de propuestas económicas que trasciende la idea de un plan temporal para hacer frente a la crisis inflacionaria agravada por la guerra de Ucrania.

El alcance de las medidas del documento que ultiman en Génova suena a gran coalición en la sombra, encubierta, por supuesto, porque implícitamente no se menciona en ningún momento, pero el fondo obliga a una acción concertada entre los dos principales partidos a medio plazo.

La idea del consenso preside todo el documento que ha dirigido el nuevo responsable de economía, el consejero andaluz, Juan Bravo, y afecta a reformas estructurales que para poder ejecutarse deben estar por encima de los ciclos electorales.

Hasta ahora lo que más debate ha provocado es el choque entre Gobierno y PP respecto a la necesidad de que el plan para contener la inflación se sostenga en una rebaja de impuestos que vaya más allá de la que ya implementó el Ejecutivo de coalición con carácter temporal para bajar el recibo de la luz.

Pero fuentes de la dirección popular anticipan que el documento también recogerá la oferta de elaborar un plan para empezar a equilibrar las cuentas y controlar el gasto público descontrolado. «Análisis y reducción», además de reforzar la división de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dedicada al análisis del gasto público.

El Gobierno quiere confiar en que Bruselas optará por no volver a las reglas fiscales previas a la pandemia, una decisión que tiene que adoptar en las próximas semanas, por los efectos del conflicto armado en Ucrania. La diplomacia económica española, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, está ya moviéndose en los despachos europeos para conseguir apoyos de otros países para este propósito.

Sin embargo, en el nuevo equipo del PP coinciden con las recomendaciones del BdE y de la AIReF sobre la urgencia de volver a un plan de equilibrio presupuestario, con gasto consolidado que sea soportable para evitar a futuro duros ajustes como los que fueron necesarios en 2011, después de la gestión del Gobierno socialista. El plan de equilibrio que plantea Feijóo no afecta a pensiones, Sanidad, Educación ni políticas sociales, pero sí sitúa como primera urgencia responder a la deuda del 120 por ciento del PIB que tiene el Estado.

El documento que recibirá Moncloa también apela a una acción conjunta de Gobierno y oposición para simplificar y reducir las cargas administrativas, la trasposición de directivas y reformas de calado para los próximos años, que se deben hacer con un gran acuerdo del Parlamento, y, sobre todo, entre los dos principales partidos.

La gestión de los fondos europeos aparecerá en el documento que llegue a Moncloa como otro asunto de Estado. El nuevo equipo coloca a un lado la estrategia de la anterior dirección, que en su recta final centró su acción en hacer oposición en Bruselas contra los criterios de reparto. No hace tabla rasa, pero sí miran a futuro con una propuesta de medidas concretas, a la manera de las que se han aplicado en otros países europeos: con deducciones fiscales que agilicen la ejecución de los fondos y multipliquen su efecto motor.

La bajada de impuestos, que es el tema que más atención y disputa provoca, se orienta a plantear al Gobierno de Sánchez una actuación sobre las retenciones en el IRPF para las rentas medias y bajas, proporcional a la inflación, para que se note ya en las nóminas del mes que viene. Un adelanto sobre una rebaja del IRPF para compensar el incremento de la vida sin tener que esperar a junio del año 2023, cuando hagan su declaración. El PP da por descontado que la situación generada por la inflación tendrá efectos durante todo el 2022, y su propuesta de bajada es temporal y limitada a este contexto.

En materia de impuestos la dirección popular se posiciona claramente en contra del mensaje de que en España hay que subirlos a las rentas más altas. Consideran que nuestro sistema ya es suficientemente progresivo, «paga más el que más tiene», y los impuestos deben estar dirigidos estrictamente a cubrir la prestación de los servicios públicos, pero evitando que expulsen actividad económica y empleo. Las ayudas directas las circunscriben a aquellos que no tienen obligación de tributar en IRPF.

La economía será el gran campo de confrontación de PSOE y PP en esta etapa electoral. Lo saben en Moncloa y también en Génova. De hecho, en el entorno del presidente del Gobierno explican que la gestión económica la seguirán haciendo «con un programa de izquierdas y pactado con los socios de investidura». Temen que la acción concertada con el PP tenga un coste en la estabilidad de su relación con Podemos y también, posiblemente, en su electorado.

En Génova también saben que su principal baza electoral es marcar claras diferencias con la política y la gestión socialista. Pero en esta nueva etapa la oposición la hacen con otras formas y pretenden también diferenciarse del PP de Casado haciendo que cale la idea de que este PP «sí es un partido constructivo y de gobierno».

Gobierno y PP siguen estando en las antípodas, y continuarán estándolo hasta las elecciones generales, lo que sí varía es el campo de juego en el que la dirección popular quiere mover su estrategia política.

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