gresca de Sánchez con los empresarios

Un país no se puede hacer sin em­pre­sa­rios. Algunos de los más re­pre­sen­ta­tivos han al­zado la voz contra la pro­puesta es­trella del pre­si­dente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el de­bate del Estado de la Nación de im­poner una tasa a las ener­gé­ticas y a los prin­ci­pales bancos para re­caudar 7.000 mi­llones de euros adi­cio­nales y equi­li­brar así el ex­ceso de gasto gu­ber­na­men­tal. En la ronda de pre­sen­ta­ción de re­sul­tados la se­mana pa­sada, el en­fren­ta­miento fue más que so­noro.

La crítica de los empresarios a la propuesta del Gobierno viene avalada por expertos hacendistas independientes. Para estos, los nuevos impuestos, a la espera de las modificaciones que se introduzcan en el trámite parlamentario en el Congreso, van a suponer una rémora para el crecimiento económico, para el crédito y para el empleo.

Son medidas que exigen más explicaciones que los pobres balbuceos expresados por los portavoces del PSOE, Patxi López y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en el Congreso de los Diputados a la hora de dar a conocer la Proposición de Ley para gravar a las grandes energéticas sobre sus ventas y a los bancos sobre sus márgenes de interés.

Recordemos que el principal argumento de Patxi López a la hora de defender el proyecto es que la banca debe devolver parte de las ayudas que recibieron para superar la crisis financiera desencadenada en 2007. Está claro que el fuerte de Patxi López no es la historia económica española.

Como advertía el Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en un reciente artículo, algunas de las entidades que van a ser penalizadas ahora con un nuevo impuesto no han recibido ni un solo euro de ayudas públicas con ocasión del rescate financiero. Es más, esas entidades han destinado millones de euros de sus beneficios a apoyar el rescate de otras entidades en riesgo.

Ayudas del FGD

Lo han hecho, a través de las aportaciones que han realizado al Fondo de Garantía de Depósitos, unos 10.192 millones de euros, según el Banco de España, o de las aportaciones que han realizado a través de la SAREB. Aportaciones que han perdido por completo.

Haría bien Patxi López, y quienes han ideado esta propuesta del nuevo impuesto, en analizar cómo el Gobierno del Reino Unido reconoció con ayudas fiscales precisas al Banco Santander por su participación en el rescate, saneamiento y relanzamiento de entidades financieras británicas en riesgo.

En el sector financiero lo tienen muy claro. Estas propuestas no son buenas ni para ellos ni para la economía española. Esperan que el proyecto mejore en el trámite parlamentario, pero, aunque confían en que quede en un mal menor, sus previsiones no pueden ser más claras. Las asociaciones bancarias AEB y CECA advierten de que este impuesto va a afectar a la capacidad de las entidades de dar crédito e incluso podría tener consecuencias para la estabilidad financiera.

Para las patronales de la banca y cajas de ahorro, un nuevo impuesto a los bancos no logrará su objetivo de combatir la inflación y, además entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo, en un contexto de incremento de los precios y de tensiones geopolíticas.

Además, como recuerdan la AEB y la CECA, el sector bancario español contribuye de forma relevante a la economía y a la sociedad española, así como a la sostenibilidad del gasto público a través también de tributos específicos. En concreto, los bancos soportan un tipo del 30 % en el impuesto de sociedades, 5 puntos porcentuales por encima del 25 % que grava al resto de empresas de la economía española.

galan sanchez

Lógico que el sector se rebele contra esta propuesta que vendrá a suponer otra rémora a la capacidad competitiva de un sector tan importante como el financiero en el mercado único europeo.

En el sector financiero, aunque todos han sido muy críticos, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sido uno de los más rotundos y claros a la hora de criticar la propuesta del Gobierno que considera «injusta, distorsionadora y contraproducente», además de «equivocada y errónea».

Injusta porque la rentabilidad del sector es baja, del 5,37 % sobre recursos propios , con previsión de que siga cayendo este año. Distorsionadora porque afecta solo a aquellas entidades cuyos intereses y comisiones superaron los 800 millones en 2019.

Como la banca española compite con entidades extranjeras que tienen sucursales en España y no alcanzan estos ingresos, no van a estar sujetas a este gravamen. Y según el primer ejecutivo de CaixaBank, tampoco los fondos buitre van a tener que pagar la tasa.

CaixaBank también considera que la nueva figura fiscal distorsiona la normativa bancaria europea, que pide que se repercutan todos los costes a la hora de hacer una previsión de la concesión de crédito. En cambio, la nueva normativa, prohibirá que la banca traslade a los clientes el impuesto.

Gortázar denunciaba que la proposición de Ley es contraproducente, pues las crisis pasadas han demostrado que cuando el sector financiero se halla en una buena posición, éstas son más cortas y menos profundas.

Galán, a la cabeza, pero no el único

En el sector energético el rechazo es similar. En el caso de Iberdrola se llega incluso a negar la mayor: no hay beneficios caídos del cielo. No tendrán que pagar porque ellos no tienen beneficios extraordinarios. Es la idea del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que hasta donde él denuncia, son las gasistas y las petroleras las que están incrementando sus resultados y no las eléctricas integradas, como Iberdrola.

Pero en las petroleras originarias tampoco gusta la idea. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, además de recordar que se trata de un negocio cíclico por el que en años anteriores han perdido muchos millones, niega que lo suyo sean beneficios caídos del cielo, por lo que da por hecho que el marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea les van a “proteger de cualquier iniciativa arbitraria”.

Los empresarios han dicho que están dispuestos a hablar y negociar. Aunque la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que banqueros y empresarios ya han hablado, ahora le toca al parlamento pronunciarse, y hará muy bien en atender la propuesta de diálogo de los responsables de dos sectores vitales para la economía española como son el financiero y el energético.

También sería importante que no aconsejara al presidente, Pedro Sánchez, para que lleve adelante un proyecto, que en los términos actuales, tiene muchas posibilidades de perderlo en los tribunales, como ha sucedido en casos anteriores.

Pero, sobre todo, es un proyecto que si sale sin el consenso de una de las fuerzas sociales -los empresarios- habrá un problema importante para la generación de empleo, una vez más la cuestión social más relevante que afronta España desde hace mucho tiempo. Y Sánchez lo sabe.

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