Indignación en el CNI

La decisión de retirar el departamento ‘antiETA’ del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el País Vasco y de reducir el número de sus miembros en Cataluña por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado indignación en el seno del departamento de la inteligencia española, según aseguran fuentes cercanas al CNI a este periódico. La cuestión no solo radica en que, desde ahora, las investigaciones relacionadas con el separatismo catalán o sobre la izquierda ‘abertzale’ más cercana a la extinta ETA queden en manos de Policía y Guardia Civil. El mayor problema al que se enfrentan ahora los agentes expulsados es su futuro laboral: qué va a ser de ellos después de décadas trabajando —y viviendo— como espías en estas regiones. 

El Ejecutivo decidió poner fin a la labor de estos agentes en País Vasco y limitarlo en Cataluña, según adelantó El Mundo y ha confirmado THE OBJECTIVE, con el objetivo de que las pesquisas que se siguen contra determinados grupos se desvinculen del Gobierno, y de este modo no afecten, de ser confirmadas, a las relaciones con sus socios políticos en estas comunidades autónomas. Así mismo, destacaron que no tenía sentido mantener a toda una estructura que vigilase la cúpula etarra cuando no ha cometido un atentado desde hace más de 12 años. «El Gobierno lo vende como gesto de buena voluntad a sus socios, es una moneda de cambio», critican. 

La realidad, sin embargo, indican las fuentes consultadas, es que el trabajo que el CNI ha coordinado durante todos estos años en la lucha antiterrorista tanto policial como judicial ha sido muy importante, y aunque no se han registrado capítulos terroristas en la última década, sigue siéndolo. La razón más trascendente es que siguen pendientes de esclarecer 379 asesinatos de la banda, datados a finales de los 70 y finales de los 80, cuando era mucho más difícil investigar estos crímenes debido a la falta de recursos. 

Grupos radicales 

De hecho, el pasado abril la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó un documento en el que recomendaba a España explorar la posibilidad de reconocer los crímenes anteriores como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de este tipo entrase en el Código Penal en 2004. Una opción que ha descartado la Audiencia Nacional. Este tribunal, sin embargo, ha reabierto en los últimos meses siete causas en las que implica a la cúpula de ETA, tras las querellas de la asociación Dignidad y Justicia. Entre ellas, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado de la T4 o el del cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola

La trabajo de los agentes del CNI en estas causas ha resultado vital, pero sus herramientas lo son también ahora para otras labores. En Cataluña, la amenaza independentista sigue viva en ‘mil’ vertientes. Mientras que en el País Vasco grupos de la ‘izquierda abertzale’ cobran cada vez fuerza. Entre ellos, el Movimiento Pro Amnistía y contra la Represión (ATA) y otros colectivos como Gazte Koordinadora Sozialista (GSK), una formación que desde su nacimiento, en 2019, se ha hecho con el control y la hegemonía dentro del movimiento juvenil radical. Esta organización ha protagonizado recientemente numerosos incidentes y escraches en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco (UPV), indican fuentes policiales. 

Décadas de trabajo 

La situación es sumamente delicada para estos agentes, sostienen fuentes cercanas al departamento de inteligencia. «Hay mucho revuelo», confiesan. Desde el CNI critican que numerosos agentes infiltrados en organizaciones del entorno de ETA, así como en grupos independentistas, «tienen que dejar ahora de golpe un trabajo al que han dedicado las 24 horas desde hace décadas». Estos agentes están mimetizados en su entorno social. Tienen arraigo en sus empleos, con sus vecinos y en las organizaciones a las que pertenecen. «¿Qué pasa ahora con ellos? ¿Se van sin más? ¿Y a dónde vas?», denuncian. 

En otro orden de cosas, este martes un nuevo capítulo ha vuelto a evidenciar las tiranteces que existen entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha publicado El País. Y es que la decisión de traspasar del Ministerio de Defensa a La Moncloa la Autoridad Nacional para la Información Clasificada, prevista en la futura ley de secretos de Estado, ha provocado preocupación en el departamento de inteligencia. Esto en la práctica, significa que la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), hasta ahora dependiente del CNI, se desgajará por primera vez de este departamento y formará parte del Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños. El problema, según publica este medio, es que la mayoría del personal (98%) de esta oficina no quiere dejar el CNI ni perder el estatus que eso le confiere. 

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