indultar la malversación

Tras la reforma del delito de sedición para reconvertirlo en una suerte de «desórdenes públicos agravados» que, en realidad, son una amnistía encubierta al 1-O, el Gobierno quiere modificar, también, la malversación. Con ello, el Ejecutivo estaría beneficiando no sólo a sus socios políticos de Esquerra (ERC)condenados por el procés sino, también, a los corruptos de los ERE andaluces, la PúnicaGürtelLezoKitchen o el caso Nóos. Una enmienda al proyecto de ley presentado por PSOE Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados –para retocar el tipo básico de los golpes de Estado en el Código Penal– sería la fórmula empleada en una alteración legal que la Moncloa baraja tener lista antes de final de año.

Sin embargo, en la práctica, los planes de Pedro Sánchez podrían verse complicados por el Supremo, tribunal sentenciador del procés catalán y, por lo tanto, encargado de revisar la sentencia dictada contra el separatismo catalán. Aunque en el trámite legislativo, no hay consulta previa al Alto órgano judicial, sí tendrá la última palabra sobre la reforma cuando, en casación, deba fijar unas reglas generales sobre qué puede, o no, ser considerado «lucro personal». La coletilla con la que los socialistas y sus socios quieren matizar la malversación y que reduciría, para muchos de ellos, las actuales penas de prisión e inhabilitación permitiendo que Oriol Junqueras y los suyos puedan presentarse como candidatos en próximas citas electorales.

«La idea tan extendida de que sólo comete delito el que se lleva el dinero malversado a su bolsillo es contraria a la dicción literal del artículo 432 del Código Penal», tal y como está redactado en la actualidad «y como estuvo redactado antes de 2015», apuntan a El Debate fuentes judiciales. El debate jurídico está servido y la aplicación de la reforma quedará comprometida, en todo caso, a la jurisprudencia dictada por el Supremo en la revisión de todas las causas sentenciadas en base a este delito.

Lo cierto es que los socialistas, acuciados por el mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia, los ERE de la Junta de Andalucía, ya defendieron en 2015 suavizar las penas del delito de malversación cuando la conducta no llevase asociada lucro personal.

El PSOE enmendó sin éxito la reforma del Código Penal, entonces impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, para que «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público administrado» fuese castigado «con una pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de cuatro a 10 años» salvo cuando hubiese enriquecimiento personal, en cuyo caso la inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público quedaba elevada «de seis a 10 años».

Una distinción que, según fuentes del Alto Tribunal, «no encaja» con el espíritu de la norma con la que el legislador trata de proteger un bien jurídico superior y esencial en todo Estado social y democrático de Derecho: el patrimonio de la Administración Pública en cuanto a su organización interna y a su relación con los ciudadanos. Es decir, «el desfalco, la apropiación indebida o la administración desleal» de fondos públicos que, por la naturaleza de los mismos, «sólo puede ser cometido por un empleado o cargo público que, en el ejercicio de su cargo, infringen la ley o se exceden sus competencias».

Sea como fuere, el Supremo tendrá que afilar sus lápices para interpretar el sentido del «beneficio» propio con el que los socialistas quieren matizar el delito de malversación pública y determinar, por ejemplo, «hasta qué línea de consanguineidad o parentesco puede entenderse que se ha producido un lucro personal asociado al desvío de fondos públicos: hijos, cónyuge, ascendentes y colaterales en qué grado… o, incluso, a favor de un partido político».

O si como sentenció el Alto Tribunal en el juicio de los ERE, la creación de una «red clientelar» con cargo a patrimonio de la Junta de Andalucía para regar de subvenciones a empresas en crisis, diseñado por la cúpula política de la comunidad autónoma socialista gobernada durante más de 30 años por los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, puede quedar incluida en el nuevo tipo.

El terreno abonado para Griñán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha venido abonando el terreno, en los últimos meses, ante un futuro y eventual indulto al expresidente andaluz e histórico presidente de los socialistas José Antonio Griñán, insistiendo en la idea de que en su caso no hubo enriquecimiento personal.

Un relato político que ha seguido el Ejecutivo en bloque asegurando que la Justicia no ha determinado que ni en el caso de Griñán, ni en el de ningún cargo del PSOE, en el marco de los ERE, se ha producido un beneficio económico de los condenados. De ahí que no resulte descabellado que se acojan a las nuevas exigencias de ERC, apoyadas por Podemos, para alterar a la carta la malversación del Código Penal tal y como se ha concebido hasta la fecha.

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