pacto de precios de Díaz

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte a las distribuidoras que sean prudentes en la reunión que tendrán este lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para acordar un tope al precio de algunos alimentos básicos. En concreto, el organismo aconseja «valorar cuidadosamente los efectos de toda intervención pública en materia de precios» y advierte que «vigilará, inspeccionará y sancionará cualquier concertación que puedan pactar las empresas», según explican desde la CNMC a OKDIARIO.

El organismo recuerda que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe expresamente «los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios» u otras condiciones comerciales, que restrinjan o falseen la competencia. «La fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios prohibido, que la CNMC tiene la obligación de vigilar, investigar y sancionar», asegura.

Por otro lado, el organismo regulador avisa de que un acuerdo para la fijación de precios máximos, aunque muy puntualmente pueda suponer la contención de precios de algunos productos en el muy corto plazo, «puede desembocar en precios más altos, menos innovación, menor inversión y una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado», explica. Además, añade que esto produce una merma en la competencia en precios por parte de las empresas, que normalmente ofertarán por ese precio máximo, y no otros debajo del tope.

Incluso, la CNMC comenta que en determinados contextos económicos similares al actual, «la imposibilidad de los pequeños y medianos operadores de seguir este tipo de medidas, puede acarrear un fortalecimiento de los grandes operadores del mercado en detrimento del resto, con efectos negativos a largo plazo en la estructura competitiva del mercado y, por tanto, en los consumidores», apunta.

En este sentido, el organismo incide en que «las grandes distribuidoras, por su mayor músculo financiero, poder de negociación y diversificación del negocio, podrían estar en situación de afrontar las ventas a pérdida que podrían implicar los topes acordados o impuestos con más facilidad frente a las pequeñas distribuidoras que tienen desventaja, en un contexto como el actual de elevados costes de producción, y que podrían acabar desapareciendo. Se elimina, por tanto, la competencia, hecho que siempre perjudica a los consumidores».

Por otro lado, en lo que se refiere a la regulación pública de los precios, la CNMCya ha puesto de manifiesto que dicha regulación tiene normalmente efectos contraproducentes y deben sopesarse cautelosamente los efectos de la regulación en el medio y largo plazo.

Rechazo al acuerdo

Además de este aviso de la CNMC, algunos ministerios también han mostrado su rechazo a este acuerdo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó que se posicionaba en contra de esta medida, al considerar que fijar un precio en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable».

Por su parte, el secretario de Estado de Economía y número dos de la vicepresidenta Nadia Calviño, Gonzalo García Andrés, también ha mostrado su oposición a esta propuesta, puesto que considera que «puede dañar a las compañías y también a la marcha de la actividad». «Hay que dejar que funcione el mercado y la competencia. Si alguna empresa quiere repercutir completamente sus costes en los precios que lo haga. De esta manera los consumidores podrán comparar entre establecimientos y elegir aquellos que consideren más adecuados a sus intereses», apuntó el pasado jueves en una rueda de prensa convocada para analizar la evolución de la coyuntura.

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