Tras el indulto penal, los líderes independentistas acarician en la práctica otro perdón, en este caso el económico. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto la vía para que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 salga gratis a sus responsables al rebajar a 1,2 millones la reclamación por responsabilidad contable. Se trata de una cifra muy inferior a los 3,9 millones por los que se exigió fianza a los dirigentes de la Generalitat y que, al ser tan limitada, puede ser cubierta con creces por las colectas independentistas y la propia Esquerra Republicana de Catalunya, que anunció que aportaría más de dos millones de euros para los acusados del procés.

En caso de que el Tribunal de Cuentas secunde en juicio la demanda de la Fiscalía, ni siquiera sería necesario para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y resto de acusados intentar ejecutar los avales que ha puesto a su disposición la Generalitat catalana.

Junqueras y otros condenados ya recibieron un indulto del actual Gobierno por malversación de fondos públicos, entre otros delitos, pero tienen pendiente el juicio del Tribunal de Cuentas que el ex secretario de Organización del PSOEJosé Luis Ábalos, definió como «piedra en el camino» en la vía de diálogo con el independentismo.

Esa piedra es cada vez más pequeña tras la suavizada demanda de la Fiscalía, difundida en plena Semana Santa por el organismo que dirige Dolores Delgado,ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez.

Embargo preventivo

Según el comunicado de este miércoles, «el importe reclamado en esta parte de la demanda [la referida al 1-O] asciende a 1.219.838,63 euros, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 3.903.294.8». Se refiere a que la delegada instructora del Tribunal, Esperanza García, basándose en cálculos indiciarios de la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas de entonces, fijó 3,9 millones en el acta de liquidación provisional con embargo preventivo a los acusados a la espera de sentencia definitiva.

Han sucedido muchas cosas desde entonces. El fiscal de la época, Miguel Ángel Torres, ya no ejerce como tal, porque el entonces secretario general del PPTeodoro García Egea, propuso el pasado otoño que dejara ese puesto para convertirse en consejero del Tribunal de Cuentas en la cuota de su partido. El Gobierno aceptó. Aquel pacto daba mayoría a los vocales socialistas y Delgado podía además nombrar a un nuevo fiscal. El actual, Manuel Martín-Granizo, se ha apartado del criterio de Torres y, por ejemplo, ha borrado de la denuncia del caso contra Puigdemont y su equipo cerca de un millón de euros que los líderes independentistas comprometieron con la empresa postal privada Unipost para organizar el voto en el referéndum.

El argumento es que el gasto no fue finalmente ejecutado, pero el anterior fiscal defendía, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, que bastaba con comprometer gasto público ilegalmente para incurrir en responsabilidad contable.

Promoción exterior

La causa del 1-O es la que más preocupa a los independentistas, porque la otra, la de la acción exterior y las llamadas embajadas, la consideran más defendible por formar parte de su «libertad ideológica» y competencias en materia de promoción exterior.

En esta otra rama del caso del procés en el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía también practica una rebaja, «El importe reclamado en esta parte de la demanda asciende a 2.209.503,8 euros, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711,09». Basa esta fuerte reducción en, por ejemplo, que los independentistas no tienen que devolver dinero de los viajes realizados en los que descalificaban al Estado o alentaban la secesión, porque forma parte de su «libertad ideológica».

En total, la Fiscalía plantea una rebaja del 62% al dejar los nueve millones previstos por el 1-O y la acción exterior en 3,4 millones. Su demanda, dirigida contra 35 independentistas, y la de Sociedad Civil Catalana (SCC) son las que impulsan el juicio en el Tribunal de Cuentas, al desistir la Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña. SCC pide 5,3 millones porque, según aseguran, arriesgan su propio patrimonio en la demanda y no pueden más.

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