El pasado 7 de abril, la juez Concepción Jerez García tomó declaración en calidad de investigados a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchezpor presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia. Doce días después -Semana Santa mediante-, la Fiscalía guarda silencio y no se ha pronunciado a favor o en contra de seguir ampliando las diligencias o de archivar el procedimiento, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid tomó declaración ese día a dos altos cargos del Ministerio de Sanidad y otro del Ministerio de Hacienda contra los que Vox se había querellado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Se trata de Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ahora jubilado; Paloma Rosado, titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Dgrcc), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (Dgsnsf).

La causa se inició en mayo de 2020 a raíz de una querella presentada por la formación que preside Santiago Abascal. Las diligencias se centran en 56 contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. Entre esos contratos destaca especialmente uno por valor de 196,5 millones de euros adjudicado a la desconocida empresa Hongkong Travis Asia Limited. Según Vox, al menos 12 contratos fueron adjudicados a compañías «de dudosa existencia» que en su mayoría tenían su residencia fiscal en el extranjero y carecían de experiencia previa en el suministro de material sanitario o en la contratación con la Administración pública. 

La Fiscalía no estuvo presente en el interrogatorio

Pese a ello, la Fiscalía no estuvo presente durante el interrogatorio del pasado 7 de abril. Fuentes del Ministerio Público explican que la fiscal a cargo tenía otros asuntos que atender en los juzgados ese día y tampoco estaba obligada a participar en el interrogatorio.

Ese día, los imputados defendieron que cumplieron con la normativa y actuaron bajo el amparo del Real Decreto 7/2020 de medidas urgentes para responder al impacto económico del covid, que sirvió de cobertura para la adjudicación de contratos por el procedimiento de emergencia. Además, afirmaron que en todo momento mantuvieron al tanto a sus superiores. 

En concreto, el ahora exdirector de Ingesa Alfonso María Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados para el suministro de material sanitario, según fuentes jurídicas consultadas por este medio. Por su parte, Paloma Rosado aseguró que uno de los mayores contratos adjudicados para la compra de respiradores lo llevaba directamente el secretario general del entonces ministro Illa, según relató la vicesecretaria nacional de asuntos jurídicos de Vox, Marta Castro. 

Asimismo, justificaron la forma de proceder por el contexto de pandemia y escasez de material sanitario, y afirmaron que el listado de empresas chinas con las que se contrató el suministro del material sanitario «lo facilitó el embajador de España en Pekín» y que ellos «no tenían ninguna responsabilidad» sobre dicho directorio de sociedades contratantes. Durante la toma de declaración de los imputados, la Abogacía del Estado participó en representación de las dos altos cargos que siguen trabajando para el Gobierno. La defensa de Jiménez, por su parte, solicitó el archivo de las diligencias.

De acuerdo a la querella de Vox, en los contratos investigados por la juez Concepción Jérez se detectaron sobrecostes muy elevados con una media de un 300% de incremento en el precio. Uno de los casos más llamativos, según adelantó El Confidencial, tiene que ver con las batas desechables. Se compraron unos lotes con un precio unitario de 0,27 céntimos y otros con un importe de 22,070 euros. Es decir, una diferencia de más del 8.000% por el mismo producto en función de contrato suscrito.

‘Caso Travis’: 196 millones a una empresa de Hong Kong

En el listado de empresas beneficiarias de los contratos que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se encuentran las 56,2 millones de mascarillas adquiridas a la mercantil Hongkong Travis Asia Limited. Una operación por la que se pagaron 196,5 millones de euros por unas mascarillas sin clasificación de nivel de protección a una mercantil cuyo domicilio fiscal estaba fuera de España y cuya autenticidad no fue comprobada. Durante su interrogatorio, según fuentes jurídicas, los imputados explicaron que el listado de empresas chinas contratadas «lo facilitó el embajador de España en Pekín» y que ellos «no tenían ninguna responsabilidad».

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Otros de los contratos investigados, según la querella de Vox, son la compra de 1.000 respiradores a la empresa china Sysmed; la adquisición de batas desechables a la Weihai Textule Group; o el suministro de reactivos e hisopos por valor de 4,2 millones de euros a la empresa Value and Bro SL, cuyo objeto social era el asesoramiento legal o laboral. Además de este último proveedor, la querella destaca también otra serie de empresas a las que Sanidad y Hacienda adjudicaron contratos para traer material sanitario a empresas cuyo objeto social otro muy distinto a el suministro de material sanitario. 

Es el caso de FCS Select Products, que se dedicaba a la comercialización de bebidas alcohólicas y a la que se compraron 10 millones de guantes nitrilo y 150.000 gafas de protección. También se compraron 144 respiradores a Hyperin Grupo Empresarial, una sociedad que acababa de crearse para la fabricación de elementos de yeso. Se le abonaron 2,7 millones de euros por adelantado por unos respiradores para el el suministro de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva del modelo Vivo-65

El 2 de abril de 2020 una semana de recibir el dinero por adelantado, Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto y le planteó como alternativa otro tipo de respirador. El Ministerio rechazó esa alternativa por no reunir «las condiciones y requerimientos exigidos», lo que llevó a Hyperin a renunciar al contrato el 7 de abril de 2020 y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero. Dos años después, el Gobierno intenta por vía administrativa que ese intermediario le devuelva 1,8 millones de euros aún pendientes de devolución por esa compra fallida.

El PSOE resta importancia a la imputación

A pesar de que la imputación de estos tres altos cargos se produjo en paralelo a la publicación del escándalo de la presunta estafa de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, por el que la Fiscalía investiga a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el PSOE prefirió restar importancia a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid por los contratos adjudicados durante las primeras semanas de la pandemia por el Gobierno de Sánchez.

La presidenta del PSOE y senadora, Cristina Narbona, aseguraba este jueves que la investigación judicial abierta por las compras del Ministerio de Sanidad entre marzo y abril de 2020 se debe solo a cuestiones «meramente administrativas». La dirigente socialista trataba así de diferenciar este asunto de las compras realizadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que investiga la Fiscalía Anticorrupción. «Nada que ver», aseguraba Narbona.

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