El lobby eléctrico redobla la presión en Bruselas para intentar tumbar el tope ibérico de 30 euros por megavatio hora (MWh) que España y Portugal quieren aplicar a la generación eléctrica con gas. Portugal estudia gravar los beneficios “inesperados” de las energéticas en paralelo al tope ibérico al gas

Saber más

Las eléctricas, ayudadas por un cuerpo de élite de altos funcionarios en excedencia (entre ellos, más de una decena de abogados del Estado) y antiguos altos cargos, están empleándose a fondo para desactivar la medida que el presidente español, Pedro Sánchez, y el portugués António Costa lograron arrancar en el Consejo Europeo de finales de marzo.

Ese tope de 30 euros permitiría, según la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, rebajar a la mitad la factura eléctrica de los consumidores españoles. En especial, los acogidos a la tarifa regulada PVPC, que está indexada al mercado mayorista, y los grandes consumidores que se suministran directamente en el denominado pool en lugar de tener contratos a largo plazo. Este mercado lleva meses disparado y con la guerra de Ucrania ha pulverizado todos los récords, por la subida del gas y la forma en que la generación con ciclos combinados contamina los precios, pese a que esta fuente supone poco más del 10% del mix.

La solución propuesta por Madrid y Lisboa, amparada en su escasa interconexión con Francia, pasa por un sistema de doble subasta para intentar evitar distorsiones en las exportaciones al otro lado de los Pirineos. Pero está encontrando fuertes resistencias. El pasado jueves, Ribera confió en que la medida pueda estar en vigor “a principios de mayo”, si bien reconoció que “hay algunos aspectos que todavía no están resueltos” para poner en marcha esta medida que las eléctricas están intentando hacerla “descarrilar”, según dijo hace dos semanas con inusual franqueza. 

El último movimiento conocido ha sido el envío de una carta de las eléctricas a los vicepresidentes de la Comisión Europea Frans Timmermans y Margrethe Vestager y a la comisaria de Energía, Kadri Simson, que fue remitida el 8 de abril, un día después de ese lamento público de Ribera. La existencia de la carta la avanzó el jueves el portal luso Observador, que aseguraba que, según sus firmantes, esa solución ibérica va a beneficiar más a los consumidores españoles que a los portugueses.

La misiva firmada por Ángeles Santamaría (CEO de Iberdrola España), José Bogas (Endesa), Miguel Stiwell (EdP), Ana Paula Marques, ejecutiva de esta última empresa y presidenta de la patronal eléctrica portuguesa Elecpor, y Marina Serrano, presidenta de la española Aelec, advierte de que la medida va contra la descarbonización, “no parece compatible con el actual marco europeo” y “tendría consecuencias inesperadas”, con un coste “sustancialmente más alto que los esperados ahorros”, y “costes ocultos” que “pueden ser incluso más relevantes”.

Aelec, cuyos dos principales socios son Iberdrola y Endesa, y que pidió antes de aflorar la llamada solución ibérica limitar el precio del gas, cargándolo, eso sí, a fondos europeos, tiene como máxima responsable a una prestigiosa abogada del Estado en excedencia. Serrano, que ha sido secretaria del consejo de Red Eléctrica y de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), de la que también fue consejera, y preside la antigua Unesa desde 2017, es vicepresidenta de CEOE y acaba de fichar por la consultora PwC para su área regulatoria. 

Desde hace más de 20 años la patronal eléctrica tiene como secretario general a Pascual Sala, hijo del jurista del mismo nombre que presidió el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. Como Marina Serrano, Sala es abogado del Estado en excedencia. Es un perfil muy demandado por el sector energético y otros como el de la banca, los seguros o las telecomunicaciones. En el caso de las energéticas, actualmente tienen a cerca de una veintena de miembros de ese cuerpo a su servicio.

Bancos y energéticas

También están sopesando remitir una carta, en este caso al Gobierno, los accionistas de la sociedad que gestiona el mercado eléctrico, el grupo Omi. Según informó el miércoles Expansión, esos socios están tratando de consensuar una postura común “avisando de que intervenir precios fractura el mercado”. Entre los accionistas de Omi, además de Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol, hay grandes bancos, como Santander y BBVA. La presidenta del operador del mercado español (OMIE) es Carmen Becerril, ex directiva de Acciona y ex directora general de Energía con José María Aznar. 

En OMIE, cuya utilidad algunos expertos cuestionan (su función podría cubrirse “con un PC de baja gama”), decía hace unos días en un tuit José Luis de la Fuente O`Connor, que fue miembro de la Comisión de Sabios que asesoró al Gobierno de Rajoy en materia energética en 2017, también tienen un relevante peso los abogados del Estado en excedencia. Desde enero, la responsable legal de OMIE es Alba Taboada, miembro de ese cuerpo de élite y ex directora jurídica del FROB (el fondo de rescate bancario) que sustituyó a otro abogado del Estado excedente, el veterano Rafael Ramos.

En una de las filiales de Omi en Portugal, Omiclear (que presta servicios de compensación y liquidación en el mercado eléctrico), se mantiene como consejero el ex portavoz del PP en la Comisión de Energía del Congreso, Antonio Erias, al que su amigo Mariano Rajoy colocó como presidente del mercado ibérico del gas (Mibgas), del que es accionista OMIE. Erias salió de Mibgas con una suculenta indemnización y dejando en herencia un contencioso fiscal pendiente de resolverse, como contó este medio.

Reuniones ante la CNMC

Un indicador de la presión que han venido realizando las empresas en España antes de la cumbre europea de marzo son sus reuniones con la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha mantenido un perfil bajo en esta crisis de precios de la luz.

Según datos que acaba de publicar el organismo que preside Cani Fernández, que abarcan justo hasta finales de marzo, en el último año las empresas energéticas coparon más de un tercio de las reuniones de la cúpula de la entidad. La CNMC vela por la libre competencia y supervisa el funcionamiento en España de los mercados de la energía, las telecomunicaciones o el transporte, entre otros sectores clave.

En concreto, las energéticas concentraron un 33,5% de las reuniones de la cúpula del regulador con empresas en el último año, frente al 15% de las de telecomunicaciones o un 6% de las del sector audiovisual. Por empresas, ninguna tuvo tantas como Iberdrola.

Tras el consejo europeo, la presión del sector se ha trasladado más allá de España. En Portugal, donde el Gobierno de Costa ha llegado a poner sobre la mesa un impuesto a los beneficios extra de las compañías en paralelo al tope al gas, el consejero delegado de Galp, Andy Brown, elogiaba esa solución ibérica el pasado miércoles. 

Pero ese mismo día, Pedro Amaral Jorge, presidente de la influyente Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), advertía sobre “la importancia de controlar los riesgos regulatorios” en un artículo en Jornal Económico en el que hacía referencia a la propuesta ibérica con este arranque: “España está en cabeza en la lista de países europeos con mayor riesgo regulatorio para los inversores en energía verde”.

APREN es muy activa en un país sin energía nuclear en el que las renovables superan el 60% del mix eléctrico. Esta patronal tiene un consejo general que preside Nuno Ribeiro da Silva, máximo responsable de Endesa en Portugal desde hace 15 años. 

Ex diputado y ex secretario de Estado de Energía en el Gobierno luso, durante años Ribeiro da Silva compitió con otro expolítico, el fallecido exministro Joaquim Pina Moura, que fue máximo responsable de Iberdrola en Portugal mientras era diputado. Entonces, ese país era estratégico para la multinacional española, que llegó a explorar una fusión con EdP.

La multinacional vasca, conocida por haber fichado en los últimos años a más de una veintena de ex altos cargos (el año pasado nombró consejera de su matriz a la exministra Isabel García Tejerina y colocó en su filial española al socialista Antonio Miguel Carmona), es la que está manteniendo una posición más beligerante ante el tope ibérico al gas. 

En vísperas del Consejo Europeo, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió junto a sus homólogos de EdF y Enel (dueña de Endesa) limitar los precios de esa materia prima, pero a nivel europeo. El pasado miércoles Galán volvió a negar que las eléctricas españolas estén recibiendo beneficios caídos del cielo por la subida de esta materia prima. Y cargó de nuevo contra la tarifa PVPC.

En lugar de este sistema (con la energía indexada a la cotización horaria del pool), Galán pide adoptar un modelo similar al portugués, basado en un sistema de subastas parecido al que hubo en España hasta hace una década y que se eliminó porque favorecía la especulación. Según el ejecutivo salmantino, “cualquier cosa que nos haga menos Europa a España no le va bien. Cambiemos el diseño que tenemos mal, que es el diseño de la tarifa regulada”. 

Como subraya un experto del sector, cambiar justo ahora esa tarifa regulada y sustituirla por un sistema de subastas implicaría basarse en un mercado de futuros que lleva meses roto por la estratosférica subida del gas. Hace unas semanas, Carlos Batlle, investigador del MIT, decía en un evento celebrado por la propia Aelec que sería “un error gravísimo” eliminar el PVPC porque “envía señales horarias a los consumidores” y “empezaba a ser algo que el consumidor medio entendía”. 

Eso sí, Batlle, que cree que Europa va a tener que racionar el gas de cara al próximo invierno, tampoco es partidario de ese tope al gas, que calificó de “chapuza”, y pidió en su lugar algún tipo de tasa que ataje los denominados ‘windfall profits’.

Reuniones con la comisaria

Iberdrola, que niega la existencia de esos beneficios extraordinarios, es la única gran eléctrica europea que ha logrado reunirse con la comisaria europea de Energía tras el Consejo Europeo de marzo, algo que no han conseguido otros gigantes del sector como EdF, E.ON, Engie o Enel. Lo hizo el 30 de marzo, según el registro de lobbies de la UE. La comisaria Kadri Simson ya recibió a la eléctrica vasca y al resto de energéticas españolas en la visita que realizó a España el 21 de marzo.

La oficina de Iberdrola en Bruselas está dirigida por Eva Chamizo, otra abogada del Estado que pasó de un día para otro de dirigir el Servicio Jurídico de la Representación Permanente de España ante la UE (conocida como REPER) a fichar en 2015 por la primera eléctrica española. 

Iberdrola es la empresa del sector con más abogados del Estado en nómina, con seis, una cifra que prácticamente no tiene parangón en el Ibex (Naturgy tiene cuatro; Repsol y Naturgy, tres). La multinacional que pilota Galán tradicionalmente ha estado entre las que más altos funcionarios de este perfil han fichado en los últimos años. 

Lobby europeo

Fuera de España, el lobby eléctrico más potente en Bruselas es la patronal europea Eurelectric, que en 2017 (último ejercicio en el que incluía este dato en su memoria anual) mantuvo más de 60 reuniones con eurodiputados, ministros y comisarios europeos. El secretario general de esta patronal es Kristian Ruby, que entre 2020 y 2014 fue asistente de la comisaria de Acción Climática, Connie Hedegaard, y antes trabajó en el ministerio danés de Medio Ambiente, Clima y Energía.

Pero en Bruselas, capital europea del lobby, las organizaciones de este tipo centradas en la electricidad se cuentan por centenares. Y además de los grupos de presión al uso que quieren hacer oír su voz ante las instituciones comunitarias están lo que se conoce como intergrupos: grupos informales de miembros del Parlamento Europeo y corporaciones europeas. Este contacto institucionalizado abre la posibilidad de que la industria energética asesore a los parlamentarios en puestos clave de su interés y, por lo tanto, influya en las decisiones de política energética del Parlamento Europeo. 

Un ejemplo es el European Energy Forum, en el que están integradas varias grandes energéticas. Con mayoría de eurodiputados conservadores, en él ejerce como presidente Jerzy Buzek, ex primer presidente polaco y ex presidente del Parlamento Europeo. Y una de sus vicepresidentas es la exministra popular Pilar del Castillo. Hay quien defiende que estos foros alimentan el debate y la discusión abierta. Otros lo califican como un “caballo de Troya” en las instituciones europeas, como lo definió la ONG Corporate Europe en 2015.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí