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El Gobierno ni sabe, ni puede ni debe saber a quién se ha investigado, en ningún caso” vierte Moncloa como cortina de humo para desvincularse del espionaje a secesionistas catalanes. El desmentido a tal osadía es breve: “912Q, asesoramiento para la protección de los intereses nacionales”.

Es una partida que cuesta 322 millones. “El objeto de este programa es atender todas las necesidades de carácter general que al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le ocasiona el cumplimiento de sus misiones, entre las que predomina la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir cualquier amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones”. Por tanto, cada año se financia al CNI para combatir el secesionismo y la quiebra del estado del derecho.

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Soros financia al instituto canadiense que acusa de espionaje al CNI

Sobran ejemplos de algo peor que amenazas condenadas por los tribunales bajo tal rúbrica en los últimos años: desde el 9-N de Artur Mas hasta el 1-O de Carles Puigdemont. El programa ya existía con el PP con igual finalidad: asesorar al Gobierno a través del CNI.

Sí Sánchez financia al servicio secreto para investigar al secesionismo, ¿por qué simula sorpresa de que haya pinchazos legales sobre agitadores de rupturas ilegales? Si el Gobierno no sabe nada, ¿por qué su ministra de Defensa proclama que tales investigaciones afloran hechos escandalosos sobre contactos con Rusia y preparativos sediciosos?

Sorprende tanta distancia sanchista del CNI cuando ha multiplicado su presupuesto. Esa partida consume hoy 322 millones (incluidos diez millones de fondos UE) frente a los 281 millones de Rajoy.

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El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, esta pasada semana junto a la jefa del CNI, Paz Esteban.

También es novedad que el presidente acuse al CNI de no informarle de lo que hace. Y justo tras subirle el presupuesto. Rajoy pagaba menos, pero se enteraba más. Y no menos rutilante es que el jefe de gobierno aclare cómo actúa el CNI frente a los peligros para la integridad de España o del estado de derecho, o sea, los golpistas a los que pide el voto y disculpas por hackearlos.

Acaso los espías callen sus secretos, acaso la tierra no sea redonda, ¿pero no le interesó a Sánchez en 2019 que abonaba la tarta del CNI qué significaban 41 millones de “inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios”, y 54 millones de “material, suministros y otros”? Cifras que se han repetido en ese nivel desde entonces.

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El CNI teme una nueva guerra de clanes ante la inminente purga de Paz Esteban

¿No sabe el presidente lo que compran y pagan sus espías? ¿Abona 322 millones al CNI por “asesoramiento para la protección de los intereses nacionales” y no le informan? ¿Le estafa y dirige el CNI el hijo de Nati Abascal?

¿Le engañan en Moncloa también sus subordinados? Cada año, el Gobierno fija los objetivos a los que debe dedicar sus esfuerzos la agencia de espionaje. Para ello, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) propone al presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI y los recoge en la Directiva de Inteligencia. Esta comisión también se encarga del seguimiento y la evaluación periódica del desarrollo de los objetivos fijados en la Directiva.

En 2020, Sánchez modifica su composición: preside la comisión la vicepresidenta primera (Carmen Calvo). Asisten a las reuniones las ministras de Asuntos Exteriores (Arancha González Laya), y de Defensa (Margarita Robles); el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska); el vicepresidente segundo (Pablo Iglesias) y la vicepresidenta tercera (Nadia Calviño).

También tienen plaza fija el director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que sustituye al secretario general de la Presidencia del Gobierno (Félix Bolaños, que ahora acude como ministro de Presidencia), el secretario de estado de Seguridad (Rafael Pérez) y la directora del CNI (Paz Esteban).

Más otros altos cargos socialistas que podían ser convocados como los subsecretarios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Defensa y el director del Departamento de Seguridad Nacional.

En 2021 se declaró inconstitucional esa reforma que hizo Sánchez para colar a Iglesias y a Redondo, cambio camuflado en un decreto sobre la pandemia que alteraba la ley reguladora del CNI. Ese mismo año, tras el varapalo judicial, la comisión fichó a la vicepresidenta Yolanda Díaz (en lugar del huido Iglesias) y al director de gabinete del presidente, Oscar López.

Durante 2018 y 2019, la composición vigente era la siguiente: “La comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado director del CNI”.

Por tan larga nómina, ni PSOE ni Podemos pueden declararse ajenos a la labor investigadora del CNI. Durante el mandato socialista, eclosión del watergate catalán ya que copa la inmensa mayoría de los espiados con Pegasus, todos los hombres del presidente (y mujeres) han tenido sobre su espalda la labor de ordenar y fiscalizar la actuación del CNI.

¿Nunca pidieron investigar la sedición catalana? ¿Nunca recibieron información sobre la actividad de sus líderes? ¿De dónde creían que salían los datos, de la Wikipedia? ¿Por qué coincide la expansión de hackeos con el mandato socialista si es una labor realizada a sus espaldas? La puñalada al CNI puede herir de muerte al gobierno.

En un momento dado, sea por el striptease sanchista o por las pesquisas judiciales, aflorará qué información recibió el Gobierno del catalangate. Y cualquier agente del CNI acorralado puede tener la tentación de hacerse un Amedo. “La x es Sánchez”.

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