Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo (Ourense, 1961) se enfrenta el martes a Pedro Sánchezen el Senado. Una cita parlamentaria a la que acude bajo este lema: «El PP es el partido al que puede votar un marinero, un agricultor o el ejecutivo de una compañía».

¿Para qué debe servir el debate en el Senado de este martes?

Ya ha servido para que el Gobierno acepte por fin la bajada del IVA del gas al 5 por ciento y copie una propuesta que hicimos en la Conferencia de Presidentesque celebramos en marzo en la isla de La Palma, y que reiteré en el documento que remití a Moncloa en abril.

¿Y además?

Será una oportunidad para que el Gobierno concrete sus propuestas y nosotros podamos seguir presentando nuestra alternativa.

Su alternativa se someterá a examen: el Gobierno dice que no tiene.

Nada más llegar a la Presidencia del PP remitimos al Gobierno un documento sin siglas, con el escudo de España, que había sido consultado con expertos económicos y en energía. Ya entonces hablamos de rebajar el IVA de la electricidad, de rebajar el IVA del gas, de ayudar a las personas que no hacen declaración de la renta, porque no pueden cargar con una inflación que es la más alta de los últimos 40 años, y de actualizar la tarifa del IRPF para que la inflación no obligue a las rentas medias y bajas a pagar más impuestos.

¿Pero qué propuestas hará el martes en materia de ahorro energético, después de oponerse al primer Real Decreto aprobado por el Gobierno?

Un pacto de ahorro energético del sector público español; recomendaciones, que no obligaciones, para los sectores productivos; y un fondo de dinero para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Dicen algunos expertos económicos que al Gobierno se le agota el margen para seguir bajando impuestos con la rebaja del IVA al gas.

El Gobierno ha recaudado 16.500 millones de euros más este semestre que en el primer semestre del año anterior. Los ciudadanos hemos pagado 16.500 millones de euros más de impuestos, básicamente porque tenemos una inflación interanual de un 9% sobre una inflación del año pasado superior al 6,5%. España ya estaba cerca del 8% antes de la guerra. Ante una crisis como ésta, esa mayor recaudación hay que devolverla a los ciudadanos.

Ese dinero no está en el bolsillo de los ministros, ¿no? Es la base para mantener el Estado del Bienestar y las ayudas sociales.

Esa recaudación extraordinaria debería haberse utilizado ya para ayudar a las rentas medias y bajas, y para evitar que las empresas con más dependencia de la energía tengan que parar su actividad, como está ocurriendo. En España ha cerrado ya la única empresa de aluminio primario, y el sector de la cerámica del Mediterráneo está en una situación límite. Las empresas que se dedican al acero o al hierro están en situación límite. Por eso, insisto, el dinero que hemos recaudado de más hay que invertirlo para que la economía no se pare y para que las familias puedan llegar a fin de mes. Parece razonable que un Gobierno que se autodenomina progresista actúe en esa dirección; y no parece razonable que el Gobierno quiera utilizar la recaudación extraordinaria para cambiar votos por cheques.

¿Votos por cheques?

El Gobierno está en la política de «yo le doy un cheque a este colectivo, y a este otro, y a lo mejor así me votan más». Nuestra propuesta es que los ciudadanos decidan en qué gastan su dinero y reciban lo que han pagado de más porque el Gobierno no ha sido capaz de controlar los precios. Son dos políticas impositivas totalmente distintas. La nuestra prima el interés de los ciudadanos y la otra responde a los intereses políticos de un Gobierno.

¿Las medidas sociales aprobadas son «cheques» electorales?

El bono para los transportes es un cheque para las personas que utilizan el transporte de cercanías ferroviario y el transporte de media distancia.

También puede verse como una ayuda para la clase media y baja que necesita utilizar el transporte público.

¿Y todos los demás ciudadanos que no puede usar el cercanías, que no se mueven en tren porque no hay líneas férreas donde viven o trabajan? ¿No sería más razonable, como han hecho los alemanes, establecer un mínimo asequible para todo el transporte público: para el urbano, para el interurbano y para el ferroviario? El mensaje que deja el Gobierno es que donde le interesa dice a los ciudadanos que no se preocupen, que pueden viajar gratis, mientras que en otros sitios, donde el PSOE piensa que puede obtener menos rédito electoral, como el ámbito rural, no se adopta ninguna medida. Las ayudas tienen que ser por igual para todas las clases medias y bajas, vivan donde vivan.

¿Por qué no puede llegar a ningún acuerdo con Sánchez?

El presidente no tiene como objetivo prioritario gobernar España, sino mantenerse en el Gobierno de España.

De usted dicen que «lo único que le interesa es llegar a la Presidencia del Gobierno».

El Partido Popular ha remitido cinco documentos con propuestas al Gobierno para dar respuesta a la inflación y ayudar a las familias, sobre seguridad, sobre defensa, una modificación de la Constitución para atender las necesidades de las personas con discapacidad y un pacto energético. Además de un documento para garantizar la independencia mínima en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Se pueden hacer más propuestas en menos tiempo? Y, sobre todo, ¿puede haber más soberbia en las respuestas?

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

¿Qué respuesta han recibido?

Ninguna. Pero yo voy a seguir haciendo propuestas porque entiendo que la situación de mi país exige que la alternativa al Gobierno haga propuestas. No voy a hacer la oposición que el PSOE le hizo al presidente Rajoy del «no es no», sino una oposición lo más sensata y razonable.

Bueno, de usted también dicen ahora que se ha instalado en el «no es no».

Si usted coge el diario de sesiones del Congreso y del Senado, podrá comprobar que en los últimos 60 días hemos votado a favor, o nos hemos abstenido, de diez Reales Decretos leyes, y que en los tres últimos Reales Decretos Ley que ha propuesto el Gobierno, en dos hemos votado que «sí», y en otro, que «no». Hemos apoyado el régimen de los autónomos, aún no siendo nuestra propuesta, porque creemos que se deberían bajar más las cotizaciones a los autónomos de rentas bajas. Hemos apoyado las ayudas en materia de incendios, aunque creemos que se quedan cortas. Ni de lo que hemos votado ni de las propuestas de pacto que hemos hecho se puede deducir que el PP se niega a negociar con el Gobierno. Pero sí hay que preguntarle al Gobierno por qué puede pactar con todos, y de todo, salvo con el Partido Popular.

Como dicen que el Gobierno les «copia» las propuestas… ¿Cuál es la siguiente que deberían «copiarle»?

En este momento lo más importante es estudiar a quién podemos bajarle más el combustible. Hay rentas media y bajas que dependen del combustible para desplazarse a su trabajo y que necesitan más ayuda. Las industrias y empresas que cogeneran están siendo duramente discriminadas, porque dependen de ellas 200.000 trabajadores y el 20% del PIB industrial nacional de España se fabrica con cogeneración. A quien más castiga la inflación es a las rentas medias y bajas y el impacto de que suban un diez por ciento los precios no es igual en quien cobra 1.000 euros que en quien cobra 100.000 euros.

Suena usted muy socialdemócrata.

El PP es el partido al que vota un marinero, un agricultor, un profesor universitario, una enfermera o el ejecutivo de una compañía. Ante una crisis como ésta la ideología debe ajustarse a la pregunta de cómo podemos ser más equitativos en el esfuerzo que nos exige el problema de precios que sufre España.

¿Las empresas tienen que hacer un esfuerzo más grande? ¿Ayudar más?

El presidente del Gobierno ha señalado a los presidentes de dos compañías españolas con nombres y apellidos. Eso no lo ha hecho nunca ningún primer ministro europeo porque forma parte de la política populista de algunos países latinoamericanos. Nosotros nos debemos al conjunto de los españoles y vamos a defender a las clases medias y a las clases más modestas, pero también la creación de riqueza. Y no estamos de acuerdo con impuestos que van contra la inversión industrial en nuestro país.

¿Se refiere al impuesto a las energéticas y a la banca?

Me refiero a que cualquier empresa que invierta en España tiene que ser bienvenida. Los inversores tienen que vernos como un lugar seguro para invertir y no debemos gravar con impuestos a compañías que compiten en un mercado global porque si en otros países no existen esos impuestos no podrán competir en igualdad de condiciones.

Bancos y energéticas se quejan, entre otras cosas, justo de eso, de que los nuevos impuestos afectan a su competitividad. Entiendo que los ve un error.

Coincidimos en que dañar la competitividad es malo. Las empresas tienen que pagar el impuesto de sociedades y, si tienen beneficios adicionales en un ejercicio fiscal, pagarán mucho más, porque el impuesto de sociedades grava esos beneficios.

¿Es un «no» del PP?

Lo primero que hay que hacer es sentarnos con ellos, pero el Gobierno no sólo no se sienta, sino que señala a las empresas con nombres y apellidos. El PP es un partido serio y para posicionarse tiene que saber qué quiere hacer el Gobierno. Además, existe el riesgo de que en el futuro haya que devolver ese posible impuesto porque los perjudicados lo recurran, y sus recursos sean aceptados. Es decir, que se dañe la competitividad y que se deje un grave problema en herencia para el futuro gobierno. Por eso vamos a ser muy cautelosos, pero, de entrada, lo que hemos escuchado no encaja en un país de la UE.

Comentaba que el PP es el partido que quiere ayudar a las clases medias y más modestas. ¿Hay que subir el SMI de nuevo?

Ojalá que pudiéramos hacerlo. Pero antes de tomar esa decisión hay que ver cómo está nuestro país. Si somos competitivos, cuál es nuestra balanza comercial, si exportamos mucho más de lo que importamos y cuáles son los costes laborales. Estos datos, evidentemente, sólo los tiene el Gobierno.

¿Me está diciendo que no tiene información suficiente para saber si se puede tomar esa decisión?

Eso es lo que he dicho.

¿Y la ministra de Trabajo no lo habrá valorado antes de anunciar una nueva subida?

Un Gobierno que no respeta la negociación entre sindicatos y empresarios, y que llama a la movilización sindical, no es un Gobierno homologable en la Unión Europea. Y un Gobierno que está obsesionado con hacerse oposición a sí mismo, y hacer oposición a la oposición, deja de gobernar.

¿El PP apoya las movilizaciones sociales que se anuncian para los próximos meses por la subida de precios?

No sabemos si habrá movilizaciones. De momento, es obsceno que el Gobierno más caro de la democracia, compuesto por 22 ministros, es decir, dos equipos de fútbol completos, auxiliado por 800 asesores, por secretarios de Estado, por directores generales, por subsecretarios, por secretarios generales, un tercio de los cuales no serían para nada necesarios, esté pidiendo esfuerzos a las clases medias y a las clases bajas. Ahora empieza el curso académico y en esta situación de crisis el Gobierno saca una ley educativa, sin consenso, que exige cambiar todos los libros de texto en los cursos impares. Suben los libros y, además, hay que comprarlos nuevos. Por supuesto, sube el transporte, los comedores, el material escolar… Oiga, ¿no sería más razonable ayudar a las rentas medias y bajas en el inicio del curso escolar? Si hubiésemos deflactado la tarifa del IRPF las habríamos ya ayudado.

¿Las pensiones deben subir de acuerdo con la inflación?

El PSOE y el señor Sánchez votaron en el Congreso la congelación de las pensiones. El Partido Popular llegó al Gobierno, evitó la intervención de España, y en los años siguientes incrementó las pensiones algún año por encima del IPC. Sobre lo que me pregunta, si el Gobierno nos hace una propuesta, tendrá una respuesta. De momento, lo que sabemos es que el Gobierno no puede subir más de un tres por ciento el gasto corriente por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos. Y la pregunta no es si la oposición quiere que se suban o no las pensiones conforme al IPC: aquí hay que preguntarle al Gobierno, que es el que firmó ese pacto, que si actualiza las pensiones conforme al IPC, y con esta limitación impuesta por la UE, cuánto dinero quedaría para todo lo demás.

El ministro Escrivá niega que esta limitación del gasto corriente afecte a las pensiones.

Hay un acuerdo, y los pactos con la UE no se pueden incumplir. Tienen que dejar de mentir y tienen que dejar de hipotecar el futuro de los españoles. La política de Sánchez nos añade 200 millones de euros de deuda pública cada día. Esto supone que hemos incrementado nuestra deuda pública un 20% sobre PIB y la media de Europa es de un 10% sobre PIB. Con todo esto, que nos digan cuál es su propuesta en pensiones y tendrán una respuesta de mi partido.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Esta semana se celebra la apertura del año judicial sin acuerdo para la renovación del CGPJ. ¿Qué responsabilidad asume en que no lo haya en esta Legislatura?

En la primera reunión que mantuve con el presidente del Gobierno me dijo que no iba a aceptar que los jueces elijan a los jueces. Aun así, hicimos un intento de acuerdo con un documento en el que aceptábamos que esta renovación se hiciera conforme al procedimiento vigente, pero con un mínimo de requisitos que acreditasen la independencia de los miembros del Consejo. Nuestra propuesta de democratización, independencia y transparencia en la elección del Consejo no se aceptó. Y, además, cuando estábamos negociando, el Gobierno, unilateralmente, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y obligó al Consejo General a proponer dos nombres para el Constitucional. La propaganda del Gobierno no coincide con la realidad porque el PP es el único partido que ha hecho una propuesta para objetivar las personas que pueden ser miembros del Consejo del Poder Judicial. Pero al Gobierno lo que le interesa son los nombres, lo que quiere es que hagamos el reparto de a mí me corresponden tantos, a ti te corresponden tantos, dime tus nombres, yo pongo los míos. Nosotros no podemos aceptarlo.

Es lo que siempre se ha hecho.

Por lo que me han contado mis antecesores siempre se llegaba a acuerdos razonables, y no había imposiciones ni había nombres antes de sentarse a negociar. Además, las cosas han ido cambiando y en Europa quieren que los jueces elijan a los jueces en el Consejo y que los juristas de reconocido prestigio los elijan las Cortes. Con las prácticas de hace diez años no se puede gestionar la realidad diez años después. Y, aun así, vuelvo a reiterar, he aceptado mantener el sistema anterior, pero pido un mínimo de objetividad y de independencia y de requisitos para el Consejo General del Poder Judicial y para los miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando se está negociando no se puede romper la negociación con una modificación unilateral de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Tribunal Constitucional porque hay un pacto con ERC.

¿Cómo de presionado se siente por la figura de Ayuso?

Nada

¿Cero?

Cero. Entiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que el presidente de cualquier otra comunidad autónoma, tiene que tener toda la autonomía que le reconocen los estatutos y la Constitución. Así lo he hecho yo durante muchos años. Los presidentes de comunidades autónomas tienen que ejercer sus competencias, y yo ejerzo mis competencias como presidente del Partido Popular de España. Por tanto, presiones, ninguna. Y creo que ella puede decir lo mismo de mí.

En el partido piensan que si ella no hubiera anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el plan energético del Gobierno, el PP se habría abstenido, en vez de votar que «no».

La presidenta tiene derecho a defender sus competencias, como hice yo contra el Gobierno de Rajoy cuando entendí que se estaba afectando a las competencias como presidente de la Comunidad Autónoma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, su gobierno, su asesoría jurídica y su Consejo de Gobierno entienden que la decisión de apagar los escaparates a las diez de la noche va en contra de la Ley de Libertad de Horarios de Madrid y de sus competencias en materia de comercio interior. Y actúan en coherencia.

¿Le ofende que se diga que se ha vuelto más radical que Pablo Casado?

Llevo un mes y medio siendo insultado por todo el Consejo de Ministros mañana, tarde y noche. Que me digan que soy más radical o menos radical que el señor Casado me parece un infantilismo. Ahora resulta que durante años yo he sido un presidente autonómico moderado y mi compañero Pablo Casado un presidente muy rígido, y en cien días cambian las tornas. Eso no se lo cree nadie. Y que me comparen con Pablo Casado, por supuesto, no me parece un insulto.

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