Pedro Sánchez

El im­puesto a los ricos fue ri­di­cu­li­zado por Sánchez hace 2 años por ser una idea fe­tiche de Podemos

Pedro Sánchez pre­para el fin de la le­gis­la­tura lu­chando en dos fren­tes: uno para con­trolar a sus so­cios de Gobierno, Unidas-Podemos, y otro el de la opo­si­ción que re­pre­senta el Partido Popular. Hay quien añade que el pre­si­dente del Gobierno no puede ol­vidar un tercer flanco, el de los crí­ticos de su propio par­tido.

La lucha por hacerse con el electorado más de la izquierda obliga. Los sondeos siguen haciendo mella en las expectativas electorales del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que el Gobierno ha sucumbido a la ofensiva impositiva de Podemos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba el pasado jueves, en un cambio atropellado en sus declaraciones anteriores, que el Gobierno estaba trabajando en un impuesto temporal a los ricos que entraría en vigor ya el próximo 1 de enero. Montero no supo, o no quiso, ofrecer más detalles sobre el mismo.

El anuncio pilló de sorpresa tanto a sus socios de Gobierno de UP, como a sus apoyos parlamentarios de nacionalistas e independentistas. Los equipos de Hacienda y Moncloa se han estado coordinando todo el fin de semana para que el presidente del Gobierno y la titular de Hacienda puedan ofrecer más detalles el próximo miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

La oposición ha preparado toda una batería de preguntas para tratar de acorralar el Ejecutivo por el anuncio de la creación de este impuesto con ocasión de la sesión de control para tratar de aclarar el dilema entre si es el momento de bajar o de subir impuestos. El PSOE defiende de nuevo su cambio de criterio por las difíciles circunstancias que pasa el país y ayudar a quienes más sufren la crisis, consecuencia de la pandemia del Covid-19, la guerra de Ucrania y por el incremento del coste de la vida como consecuencia de estos dos acontecimientos excepcionales e imprevisibles.

PP y su propuesta fiscal

La oposición en cambio considera que la crisis se afrontaría mejor con una bajada de impuestos para no estrangular el potencial de actuación de las empresas y no dificultar más la capacidad de gasto de los particulares.

Hasta ahora, Montero siempre había rechazado por ineficaz la idea del conocido como ‘impuesto a los ricos’, defendida por Unidas Podemos. El PP interpreta este anuncio repentino como una respuesta a la decisión de las comunidades donde gobiernan de reducir o suprimir el impuesto de patrimonio y por deflactar el IRPF para las familias que menos ingresan. En este caso para compensar, al menos en parte, los duros efectos del alto incremento del coste de la vida.

Montero fue rotunda al afirmar que habrá un impuesto a las grandes fortunas, debido a las circunstancias por las que atraviesa el país, tras ver aprobada la cifra de techo de gasto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que alcanza los 198.221 millones de euros.

Pese a que la oposición interpreta que este anuncio responde a la decisión de las comunidades gobernadas por el PP de deflactar el IRPF y eliminar o rebajar el de Patrimonio, también hay que interpretar este cambio como una medida por hacerse con el electorado más próximo a Unidas Podemos.

De hecho, este asunto es otro de los grandes puntos de conflicto en el ámbito fiscal que existe en el Gobierno de coalición. Los morados defienden, incluso lo incluyeron en el texto del acuerdo de Gobierno de coalición, que los que más tienen deben contribuir más a las arcas públicas y que las empresas que suministran servicios básicos, como las eléctricas, no debería lucrarse con las necesidades de los ciudadanos.

Pero ya hace dos años, en el 2020, Sánchez calificó la propuesta del impuesto a las grandes fortunas de idea «fetiche». El pasado mes de febrero, cuando los responsables de Podemos, acompañados del exlíder laborista británico, Jeremy Corbyn, contraprogramaron la subida de impuestos de Sánchez con un aumento de 30.000 millones adicionales, los socialistas los rechazaron por irreales.

Más cerca en el tiempo, en el pasado mes de junio, Podemos llegó a presentar una proposición de ley con la que pretendía, en este caso, recaudar 19.000 millones de empresas y ricos, que el PSOE tumbó en el Congreso.

Ahora, tan solo tres meses después, los mismos socios mayoritarios que rechazaron la propuesta, han cambiado su opinión y están explorando, en palabras de la titular de Hacienda, cómo implementar este impuesto para poder aumentar la recaudación con la que hacer frente a las enormes necesidades que se avecinan.

Ciclo político acabado

Aunque más bien cabría decir que el anuncio de la ministra de Hacienda evidencia que el ciclo político se acerca a dos de los momentos decisivos y más tensos para el Gobierno. La aprobación por una parte de los presupuestos, y así poder mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura, y por otra el reto que suponen las próximas elecciones, previstas para finales del año próximo.

Finalmente, Sánchez también afrontará en estos próximos meses el reto del debate interno del partido. Frente a quienes consideran que hoy no existe ya el PSOE tradicional, porque habría quedado reducido a un partido personalista, conocido como ‘sanchismo’, el presidente del Gobierno ha lanzado su campaña para presidir la Internacional Socialista. De hacerse con el liderazgo del socialismo internacional, Sánchez conseguiría reducir a la nada las críticas internas.

Los momentos electorales no suelen ser buenos para tomar este tipo de decisiones. Se hacen demasiadas promesas que acaban por no cumplirse. España necesita, como el resto de socios occidentales, ofrecer garantías jurídicas para los inversores. En materia fiscal, como tantas veces han pedido inversores y empresarios, conviene la existencia de cuantas menos leyes mejor, lo más sencillas y claras posibles y que estas se cumplan manteniendo la unidad de mercado. A la espera de lo que anuncie el Gobierno el próximo miércoles a escasos nueve meses de las elecciones autonómicas y locales, el anuncio de la ministra de Hacienda no se presenta en el momento de tranquilidad que exige la negociación de un proyecto de tanto alcance como el que se presume.

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