política fiscal confiscatoria

Cuando en 2007, con acertado criterio, Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto de Patrimonio en la que sería, probablemente, la única medida plausible de su infausta estancia en la Moncloa, la actual ministra de Hacienda, ‘Chiqui’ Montero, era consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía y nadie recuerda que cuestionara la medida con el demagógico mantra de que suprimir impuestos conlleva un deterioro de los servicios públicos.

Muy al contrario, Montero y muchos de los corifeos que han salido en tromba contra la decisión de Juanma Moreno de suprimir el impuesto de Patrimonio en Andalucía con el argumento populista de que el estado de bienestar se resiente con su supresión, ponderaron entonces la medida de ZP convencidos de su utilidad para generar riqueza y atraer inversiones y capitales. Curiosamente son los mismos razonamientos empleados por Juanma Moreno para justificar su decisión y alinearse con Madrid en un espacio común de menor presión fiscal frente a la voracidad impositiva del «sanchismo», las comunidades socialistas y Cataluña.

El presidente andaluz ha sido sincero y valiente animando a los inversores catalanes a posicionarse en Andalucía y ofrecerles unas expectativas económicas mejores en contraste con la fiscalidad asfixiante que el independentismo ejerce en Cataluña hasta convertirla en la comunidad con más impuestos y los más elevados de España. Esos catalanes hartos del intervencionismo y de la inseguridad política, jurídica y económica que el secesionismo genera tienen las opciones de Madrid y ahora también de Andalucía, sin los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, para levantar el vuelo. Si no lo hacen, que sigan disfrutando de lo votado.

Tampoco ha gustado a Sánchez, a tenor de la desabrida reacción gubernamental, el anuncio de Juanma Moreno y, seguramente, no tanto por eliminar Patrimonio como por la deflactación del IRPF, imitado ya por el lehendakari Urkullu, que gobierna con el PSOE, y que el PP le exige que apruebe para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. A Isabel D. Ayuso, que fue la primera en utilizar el tramo autonómico de Madrid para rebajar el IRPF, le han seguido otras comunidades gobernadas por los populares, como Andalucía y Murcia y también el País Vasco, mientras Sanchez, instalado en el «tancredismo» fiscal, asume la inflación como una oportunidad histórica para recaudar a manos llenas y gastar a «esgalla», como dicen los asturianos, y no como un problema que empobrece a los ciudadanos.

Es la gran paradoja del «sanchismo» gobernante: mientras el Estado recauda más, los ciudadanos ingresan menos.

La voracidad impositiva de Sánchez le ha llevado a «podemizarse» hasta las cachas y después de gravar a energéticas, eléctricas y bancos, adopta también del manual populista de Podemos el impuesto a las grandes fortunas que antes su partido había rechazado en el Congreso por insignificante en cuanto a recaudación y contraproducente para la economía. Muy propio de un presidente de Gobierno inconsistente y cambiante en función del interés personal y partidista del momento. Si antes había rechazado a sus socios un impuesto que consideró más ideológico que recaudatorio, ahora se lo compra y utiliza como arma arrojadiza contra el PP en medio de una retórica engañosa y demagógica de desfavorecidos ayudados por el Gobierno y ricos privilegiados por el PP. Critica a Moreno por dejar de recaudar 92 millones de euros al año pero no escatima a la hora de aflojarle de nuestros impuestos 130 millones a la fundación de Bill Gates, la cuarta fortuna del mundo. Es generoso con la Fundación del inmensamente rico Gates, con nuestros dineros, por supuesto, mientras ignora la de Amancio Ortega, que lleva más de 400 millones de euros donados a la sanidad pública española, como bien ha recordado nuestro director, Bieito Rubido. No es descabellado sospechar que Sánchez empieza a labrarse su futuro en el extranjero con la piel del contribuyente patrio.

El caso es que los populares eliminan impuestos injustos y confiscatorios que benefician al común de los ciudadanos y rebajan la tarifa del IRPF mientras el Gobierno lanza bombas de humo como el gravamen a los ricos de dudoso encaje legal. En Francia fue tumbado por los tribunales después de que Hollande comprobara previamente sus magros resultados recaudatorios . Las grandes fortunas tributan mediante sociedades y siempre encuentran lugares donde pagar menos impuestos, como el vecino Portugal, sin ir más lejos. España, en cambio, que es el único país de Europa donde todavía existe el impuesto de Patrimonio, abundará en su excepcionalidad fiscal con más impuestos, que ahuyentan las inversiones, generan inseguridad jurídica y, como consecuencia, menos riqueza y más pobreza. Esto es lo que hay con el «sanchismo» en el poder.

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