revisar los indultos

El 23 de junio de 2021 el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobaba la puesta en libertad de los nueve políticos catalanes condenados por sedición y malversación. Casi un año después de aquella polémica decisión, El Debate ha publicado, en exclusiva, el contenido del expediente administrativo en base al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez indultó a los cabecillas del ‘procés’: una colección de artículos de prensa afín, comentarios sindicales y estudios del «CIS» de la Generalitat. Los sorprendentes argumentos utilizados por el Ministerio de Justicia, hasta ahora secretos, para sacar de la cárcel a los dirigentes separatistas que intentaron imponer la independencia unilateral de Cataluña han dado un vuelco en la revisión que el Supremo hará de la medida de gracia. Fuentes próximas a la causa judicial han avanzado cómo apoyados en el contenido del dossier, Partido Popular y Vox relanzarán su ofensiva jurídica para conseguir que el Alto Tribunal acepte, esta vez, entrar en el fondo del asunto.

No en vano, los populares han recordado que «el Supremo rechazó los recursos presentados» por falta de legitimación, en una resolución de la Sala Tercera que ya ha sido recurrida -en reposición- y que, a raíz «de toda la información que ha publicado El Debate podría comportar un cambio relevante». Mientras, Vox insiste en continuar solicitando «la ilegalización» de las concesiones a los independentistas catalanes.

Sobre la mesa la oposición del propio Supremo, Tribunal sentenciador, a la conmutación de las penas de cárcel y el aval del Constitucional a las condenas impuestas por la Sala Segunda del Alto órgano judicial, con el juez Manuel Marchena al frente, y un Gobierno que, hasta la fecha, se ha negado a explicar por qué lo hacía y ocultado, sistemáticamente, el contenido del expediente con el que el ya exministro Juan Carlos Campo liberó a presos que ni muestran arrepentimiento, ni han pedido perdón ni renuncian a sus objetivos.Y su contenido revela las sorprendentes «razones» que Sánchez utilizó para anular las condenas y cumplir la exigencia más aparatosa de sus aliados políticos.

Así, una vez se ha sabido que el presidente del Gobierno sustentó su decisión política apelando a los barómetros del «CIS» catalán, llamado CEO, teledirigido por la Generalitat catalana controlada por los propios independentistas; en las opiniones de los sindicatos CCOO UGT o en meros artículos publicados por medios afines como El País o el diario ARA -el primero posicionado a favor de la «medida de gracia» y el segundo instalado directamente en el separatismo- la motivación de la medida de gracia pierde, todavía, más fuerza en el periplo que continúa vivo en el Supremo.

Una nueva mayoría conservadora

De hecho, un cambio en la conformación de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que hará pivotar la mayoría del Pleno de progresista a conservadora, abre la puerta a que los magistrados analicen las motivaciones del Ejecutivo para decretar la puesta en libertad de los condenados por el Alto Tribunal. La admisión de los recursos de reposición de populares y Vox será clave en esta nueva decisión.

Será la segunda oportunidad del órgano judicial para pronunciarse sobre la legalidad de los indultos a los políticos catalanes ya que, según las normas de reparto el cambio en la composición de la Sección Quinta de la Sala Tercera, con la entrada de la magistrada Inés Huerta, influirá en la decisión. No en vano, en una primera ocasión, los cinco miembros que conformaron el tribunal rechazaron, por un ajustado tres a dos, la posibilidad de emitir un veredicto sobre el beneficio extendido por el Consejo de Ministros a favor de los sediciosos.

Los dos «escollos» que atrasan los plazos

No obstante, habrá que esperar para conocer la que será la última palabra de la Sala Tercera del Alto Tribunal en esta cuestión. Una recusación y un recurso de reposición, pendientes de resolver, son los causantes de que el Supremo no haya fijado, por el momento, fecha para revisar, esta vez sí, la legalidad los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes del procés.

Las acciones judiciales instadas por quienes se oponen a la medida de gracia no han hecho más que multiplicarse en el Alto Tribunal desde que, el pasado 20 de enero, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo evitase entrar en el fondo del asunto, como ya había sucedido en el caso del nombramiento de la fiscal general Dolores Delgado, por la falta de legitimación de los recurrentes para instar la nulidad de las actuaciones del Ejecutivo. Se admitió, entonces, la posición de la Abogacía del Estado que alegó la falta de legitimación de los recurrentes en el asunto del ‘perdón’ a los políticos catalanes, condenados por sedición.

Si bien la mayoría del Alto Tribunal asumió la tesis de la ponencia para, en línea con la jurisprudencia habitual de la Sala, rechaar la legitimación de los recurrentes, de forma restrictiva, varios votos particulares dejaron la puerta abierta a una futura y eventual admisión de los recursos planteados por las formaciones políticas PP y Vox, en este último caso con especial imterés dado que el partido que lidera Santiago Abascal ejerció la acusación popular durante el juicio del ‘procés’.

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