Albert Rivera

Probablemente por formación jurídica, por ser constitucionalista, o por haber sido presidente de grupo parlamentario desde muy joven y haber tenido que tomar decisiones difíciles, una de las cosas que más sentido de la responsabilidad -y en ocasiones vértigo- me generaba era el instante en el que en el parlamento autonómico catalán o en el Congreso de los Diputados había que votar un proyecto o proposición de ley para su aprobación y entrada en vigor. Porque de todo lo que sucede en una cámara legislativa, más allá de debates importantes, sesiones de control acaloradas o comparecencias en comisiones, el instante más importante es ese en el que hay que tocar el botón desde tu escaño para votar una ley. Debes ser consciente de que con tu voto estás modificando los derechos, las obligaciones o las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos y las empresas. Es verdad que cuando haces política puedes cambiar la vida de las personas, a mejor, pero lo malo es que también la puedes cambiar a peor. Y ahora que he vuelto al sector privado como consultor, ayudando y asesorando a directivos, empresarios o familias a comprender mejor el contexto jurídico, económico y político para sus inversiones o su toma de decisiones, soy más consciente si cabe de la importancia que tiene la acción u omisión de un gobierno o de un parlamento

Estas últimas semanas estamos viendo precisamente buena muestra de ello, con diferentes ejemplos de la actualidad política. Desde la reforma del Código Penal para rebajar la pena o suprimir delitos como la sedición o la malversación de fondos públicos en beneficio de los socios o compañeros condenados del presidente del Gobierno, hasta la mal llamada ‘ley del sí es sí’, que aprobó el Consejo de Ministros y se tramitó y aprobó en las Cortes Generales por mayoría absoluta. Esta última norma, lejos de brindar mayor protección a las víctimas de delitos sexuales, está beneficiando, como ya advirtieron muchos juristas, a los violadores, ya que les permite revisar sus condenas y salir antes a la calle, con la alarma social que ello conlleva.

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Estos últimos casos han tenido impacto político y están generando indignación social. Pero también hay demasiados ejemplos de cambios normativos que quizá no provocaron tanto ruido mediático, pero han perjudicado directamente a algunos sectores económicos importantes y con ello se ha perjudicado indirectamente a todos los españoles, provocando un menoscabo en el empleo, la justicia social o la prosperidad.

En el ámbito inmobilario, la ley autonómica catalana 11/2020 que intervenía los alquileres de vivienda en Cataluña restaba derechos y libertad a las familias o empresas propietarias de las viviendas -afortunadamente fue recurrida y tumbada por el Tribunal Constitucional- o la surrealista regulación vigente sobre el domicilio y la ocupación de viviendas, que perjudica a los propietarios y vecinos que cumplen las leyes y protege a los okupas y a las mafias que las incumplen, son dos claros ejemplos de inseguridad jurídica. Pero también ha ocurrido en sectores como el de la energía, donde el cambio repentino de la legislación vía Real Decreto-ley 1/2012 contra las energías renovables conllevó en su día el freno en las inversiones y una importante pérdida patrimonial para pequeños y grandes promotores e inversores. Y en el ámbito turístico lo vimos con la moratoria hotelera aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017, que hizo que muchas cadenas hoteleras de primer nivel mundial no pudieran llegar a la ciudad condal, perdiéndose empleos y recaudación para las arcas públicas. Y finalmente un par de ejemplos fiscales: el cambio de criterio retroactivo que adoptó el Ministerio de Hacienda en época de Montoro que acabó perjudicando a muchos profesionales liberales, artistas o periodistas y generó una gran inseguridad jurídica, con altas sanciones y costosos procedimientos judiciales; o los recientes anuncios del Gobierno de recuperar el obsoleto impuesto de patrimonio en autonomías donde ya ha sido suprimido de facto vía bonificación del 100% de la cuota, provocando que algunas familias y empresas se planteen abandonar España y vivir y tributar en otros países.

«Impulsar una ley a sabiendas de las nefastas consecuencias que tendrá, debería inhabilitarte moralmente para seguir siendo cargo público»

Cuando un grupo empresarial, un fondo de inversión o una familia tiene que decidir sobre una inversión en un país o región, además de la rentabilidad directa del activo que estén valorando, tienen en cuenta otros parámetros como la paz social, el crecimiento económico nacional y sectorial, la inflación local, la política monetaria, el mercado laboral, la competencia en el sector o la fiscalidad. Pero probablemente el factor determinante en muchas ocasiones para invertir o trabajar en ese país es la seguridad jurídica y el respeto al Estado de derecho. Y especialmente en estos años tan convulsos, después de vivir una pandemia de la que aún sufrimos las consecuencias, y con una guerra devastadora en Europa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la incertidumbre permanente se ha convertido en el estado natural de los tiempos que nos toca vivir. Hoy más que nunca, familias y empresas buscan certidumbre dentro de la incertidumbre, reglas de juego claras, fiabilidad, porque en definitiva es lo que te permite tomar tus decisiones vitales con mayor seguridad.

Legislar en caliente, ya sea por populismo electoral, por sectarismo ideológico o para beneficiarse personalmente de ello, siempre es un boomerang a medio o largo plazo. El problema es que la política de nuestra era también se ha contagiado de las prisas y del simplismo que prima en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, yo participé en primera persona. Importa más el nombre que le pongas a una ley que el contendido de la misma. Si el relato se impone a la verdad, si lo políticamente correcto atenaza a lo responsable, si la inmediatez vence a la templanza, no es de extrañar que se legisle a golpe de titulares y arbitrariedades, aunque con ello se esté dañando la confianza en las instituciones. 

Decía Gil de Biedma en uno de sus poemas más célebres «…que la vida iba en serio…» Y así es, y la ley también va en serio, como la vida. Porque una cosa es la propaganda, la pancarta o el cambio de cromos con tus socios políticos, y otra cosa bien distinta es gobernar y legislar para todos los ciudadanos. Creer que uno es mejor presidente, ministro o diputado simplemente porque aprueba muchas leyes, es un mal común en la política actual. Apoyar una mala ley por miedo al qué dirán es un error, aunque rectificar es de sabios. Pero impulsar y aprobar una ley, a sabiendas de las nefastas consecuencias que tendrá para la protección de los ciudadanos, la economía del país o la unidad nacional, debería inhabilitarte moralmente para seguir siendo cargo público. 

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